El presidente del gremio les insta a trabajar con apego a la honestidad, la ética y la integridad profesional
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) continúa ampliando su matrícula con la juramentación, y es que 225 nuevos agremiados, fueron juramentados por su presidente Miguel Surum Hernández.
Surun Hernández instó a los juristas a poner en alto su profesión, siempre en defensa de las mejores causas y trabajando con apego a la honestidad, integridad y ética.
A los juramentados se les entregaron certificados que los acreditan formalmente como miembros de este gremio.
Durante el acto de juramentación el presidente del CARD Miguel Surun Hernández, se hizo acompañar de miembros del Consejo Directivo.
Denuncia presuntas irregularidades con el objetivo de beneficiar al empresario venezolano Leopoldo Castillo, acusado de fraude bancario en Venezuela
Santo Domingo. -El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), depositó ante el Tribunal Superior Administrativo, un recurso Contencioso Administrativo en contra del Proyecto de Privatización del Sistema de Inspección Vehicular o de Cambio de Revista, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por presuntas irregularidades.
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados, denunció que dicha entidad pretende desarrollar el proyecto para beneficiar al empresario venezolano Leopoldo López Boso, quien está acusado de Fraude Bancario y de Seguros en Venezuela, según informes que posee el jurista.
Surun Hernández, presidente del CARD, agregó que por los temas judiciales pendientes en su país fue que se dejó sin efecto el proceso de licitación INTRANT-CCC-LPI-2019-0001, donde por primera vez se intentó entregarle de manera fraudulenta a dicho empresario venezolano la inspección técnica vehicular o revista, utilizando la compañía Consorcio de Inspección Técnica del Caribe.
El jurista indicó que dicho proceso es nulo de pleno derecho, no sólo por beneficiar al CONSORCIO INTEVE, representado por CASTILLO HOLDING COMPANY, cuyo propietario es una persona contra quien se han vertido graves acusaciones de fraude y contra quien además se emitió una orden de captura internacional, por lo que las normas legales en materia de transparencia de RD lo inhabilitan para participar en procesos de contrataciones públicas.
El recurso depositado por el Card fue interpuesto también en contra de la Dirección General de Alianza Público Privada, donde se alega además que dicha entidad no puede emitir la Resolución 001-2022, acogiendo la iniciativa privada del Venezolano Leopoldo Castillo, sin cumplir con la auditoria social de factibilidad de implementación de Alianza Publico Privada en el párrafo I, del artículo 40, de la Ley 47-20 que rige la materia.
Dicha Ley plantea que previo al proceso de recepción de iniciativas privadas, dicho Consejo debe emitir una resolución determinando de interés público la realización de una Alianza Publico Privada para el servicio de privatizar la inspección de vehículos, la cual debe de estar debidamente fundamentada en consultas públicas a todos los sectores, y las mismas deben de tener estudios de impactos en los sectores carenciados y de clase media, lo cual no se hizo, y todo con el ánimo de hacerse con un negocio que anualmente generara ingresos de 11,000 millones de pesos, provenientes de los bolsillos de alrededor de CINCO MILLONES de propietarios de vehículos de motor en la República Dominicana.
Aseguro que de concretarse las pretensiones del INTRANT y la Dirección General de la Alianza Público Privada, conductores se verán impedidos de circular en las calles si previamente no hacen el pago correspondiente a la suma exigida por dicha entidad.
El jurista también reiteró que esto constituiría un gravísimo atentado no sólo en contra de la clase media, sino además de las clases populares como los motoconchos que serían obligados a pagar hasta 600 pesos anual por esa supuesta inspección.
"Lo grave de la situación es que todos los dominicanos que poseen una simple motocicleta hasta aquellos que tienen vehículo de transporte para su trabajo y los que tienen vehículos de alta gama, se verían obligados a pagar exorbitantes sumas por el derecho a transitar, lo que sumado a otros impuestos implicaría una carga inaguantable para la población dominicana, todo esto para beneficiar empresarios allegados a funcionarios gubernamentales y que tienen planificados acumular grandes sumas de dinero a costillas del pueblo" dominicano, señaló Iván Surun Hernández .
Marcha fue agredida a bombazos y pedradas por paramilitares con pancartas reeleccionistas
Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card) condenó de manera enérgica la agresión de que fueron víctimas las manifestaciones pacíficas de abogados, médicos y representantes de otras organizaciones encabezadas por el
diputado Pedro Botello, tendentes a exigir la implementación del seguro contributivo subsidiado y la entrega de los fondos de la Aseguradoras de Fondos de Pensiones(AFP) y la modificación de la Ley 87-01 sobre la Seguridad Social.
Miguel Surun Hernández, presidente del Card, calificó como increíble que en pleno siglo XXl una manifestación pacífica, exigiendo el cumplimiento de la ley, sea objeto de una agresión a pedradas, botellazos y hasta a batazos por parte de personeros al servicio de determinados funcionarios bajo la mirada cómplice de la Policía Nacional y las autoridades, que además la emprendieron a bombazos contra los profesionales de distintas ramas que sólo exigían el derecho a la seguridad social.
"La lucha la continuaremos pase lo que pase, porque es una garantía y un derecho constitucional. Deploramos el deterioro institucional que estamos viviendo en República Dominicana, donde paramilitares se han constituido en la ley atacando a personas que tienen voces disidentes contra el Gobierno" dijo Surun Hernández.
El gremialista condenó, además, que precisamente hayan sido agredidos por aquellos que tuvieron manos libres no sólo para ingresar directamente a las cercanías del Congreso Nacional con recursos del Estado con pancartas reeleccionistas, sino que impunemente materializaron esos hechos sin que nadie hiciera nada.
Santo Domingo. – El Colegio de Abogados (CARD), a través de su presidente Miguel Surum Hernández calificó como positiva la media cautelar dictada contra Oliver Calderón Soriano y Luis Gabriel Taveras Marte, acusados de dar muerte al abogado Freddy Manuel Zarzuela encontrado muerto dentro de un saco el pasado 19 de febrero en el sector la Delgada de Santiago.
Surum Hernández dijo que, durante estos seis meses de prisión preventiva, el Ministerio Público podrá recopilar las pruebas necesarias para que un juez dicte sentencia. Confió en que este caso no quedará impune como tanto otros.
Asimismo, reiteró que este gremio no permanecerá pasivo ante lo que calificó como una embestida contra el ejercicio de la abogacía, resultando muertos o lesionados varios profesionales del derecho.
Contra un tercer imputado de nombre Jerminson Durán Cruz, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, impuso una garantía económica, de RD$ 800 mil pesos, a pagar a través de una compañía, así como el impedimento de salida del país y presentación periódica.
Se recuerda que la muerte del abogado Freddy Zarzuela ocurrió siete meses después del asesinato a balazos de su colega Basilio Guzmán, quien fue tiroteado por dos hombres en el patio de su residencia, en el sector Los Cerros de Gurabo, en Santiago.
Asegura que se pretende instaurar tarifas inaguantables para la clase media y motoconchos
Santo Domingo. -El Colegio de Abogados de la República Dominicana, advirtió este jueves que impugnará la privatización irregular del sistema de revista anual para vehículos de motor que pretende hacer el Gobierno, y es que según el presidente de este gremio Miguel Surum Hernández, de aprobarse esta iniciativa se instauraría la obligatoriedad del pago de tarifas que rondarían desde 600 hasta 15 mil pesos dependiendo el tipo y modelo de vehículo.
Surum Hernández afirma que esto constituiría un gravísimo atentado no solo contra la clase media sino además a las clases populares como los motoconchos que serían obligados a pagar hasta 600 pesos anual por esa supuesta inspección.
"Lo grave de la situación es que todos los dominicanos que poseen una simple motocicleta hasta aquellos que tienen vehículo de transporte para su trabajo y los que tienen vehículos de alta gama, se verían obligados a pagar exorbitantes sumas por el derecho a transitar, lo que sumado a otros impuestos implicaría una carga inaguantable para la población dominicana todo para beneficiar empresarios allegados a funcionarios gubernamentales y que tienen planificado acumular grandes sumas de dinero a costillas del pueblo" señaló Iván Surun Hernández .
Asimismo, Surun lamentó que el INTRANT y el Consejo Nacional de Alianza Pública Privada, no solamente emprendan un proceso irregular contra los intereses de la población dominicana, sino que trate de confundir a la ciudadanía ocultando los reales costos que tendrían que pagar por la privatización de dicho servicio.
Aseguró que este gremio enfrentará esta situación en todos los escenarios que sean necesarios para impedir que se agrave aún más la situación económica de la clase media y popular del país.
Se recuerda que empresarios del transporte público también han manifestado su rechazo a esta iniciativa por entender que la misma solo pretende ganancias económicas para un grupo.