Santo Domingo. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Vidal Potentini, solicitó este viernes al Gobierno y al Congreso Nacional disponer una prórroga en la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, prevista para inicios de agosto, con el objetivo de corregir artículos que, a su juicio, presentan inconstitucionalidades, contradicciones y excesos punitivos que podrían generar graves consecuencias para el sistema de justicia y los derechos fundamentales.

Potentini sostuvo que el Colegio de Abogados respalda la aprobación de un nuevo Código Penal, pero considera imprescindible realizar ajustes antes de su aplicación definitiva para evitar conflictos constitucionales y garantizar que la legislación responda a los principios modernos del derecho penal.

“El Código Penal, en términos generales, es bueno y constituye una necesidad para el país, pero debe ser mejorado y corregido antes de entrar en vigencia”, afirmó.

El jurista planteó que el Poder Ejecutivo, en coordinación con el Poder Legislativo, aproveche los próximos 30 días para introducir las modificaciones necesarias mediante un procedimiento de urgencia, tal como ha ocurrido anteriormente con otras legislaciones consideradas de alto interés nacional, o en su defecto proceder como hemos reiterado a prórrogar su entrada en vigor.

Asimismo, anunció que el Colegio de Abogados pone a disposición de las autoridades todos los estudios técnicos, propuestas y observaciones elaboradas por la institución para contribuir al perfeccionamiento de la nueva legislación.

Uno de los principales aspectos señalados por Potentini corresponde a las disposiciones relacionadas con la libertad de expresión y el derecho a la información.

Explicó que varios artículos del nuevo Código Penal reintroducen figuras que, según indicó, ya habían sido superadas por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, particularmente aquellas referentes a la prisión por delitos de opinión y la denominada responsabilidad penal en cascada.

Advirtió que esas disposiciones podrían afectar no solo a periodistas, sino también a directores de medios de comunicación, administradores y empresas periodísticas por opiniones emitidas por terceros.

“Resulta inconcebible que un medio de comunicación o sus directivos puedan responder penalmente por una opinión emitida por un periodista. Eso ya había sido superado por la jurisprudencia constitucional y debe corregirse”, expresó.

Otro de los puntos cuestionados por el presidente del gremio es la creación de agravantes cuando las supuestas ofensas recaigan sobre funcionarios públicos.

Potentini sostuvo que quienes ejercen funciones públicas están sujetos al escrutinio ciudadano y a la rendición permanente de cuentas, por lo que su condición no debe convertirse en un privilegio penal.

Aunque reconoció que los excesos cometidos mediante los medios de comunicación pueden y deben ser sancionados conforme a la ley, afirmó que convertir la calidad de funcionario en una agravante contradice los principios democráticos.

Durante sus declaraciones también pidió la eliminación del artículo 310 del nuevo Código Penal, relativo al ultraje contra funcionarios públicos.

Indicó que dicha disposición incorpora elementos ambiguos, incluyendo la sanción de determinados gestos realizados tanto en espacios públicos como privados, situación que considera incompatible con el principio de legalidad penal.

En ese mismo sentido, propuso eliminar igualmente las referencias a los “gestos” contenidas en otras figuras penales, incluyendo algunas relacionadas con el acoso sexual, por considerar que generan inseguridad jurídica.

Potentini también expresó preocupación por el incremento de las penas contempladas en el nuevo Código Penal, especialmente aquellas que permitirían condenas acumuladas de hasta 60 años de prisión.

Consideró que esa política criminal rompe con la función resocializadora de la pena y propuso mantener el límite máximo ordinario en 30 años, permitiendo únicamente una extensión hasta 40 años mediante la acumulación de condenas.

Finalmente, el CARD pidió al gobierno y legisladores a tomar en cuenta los reclamos de médicos, profesores, y otros profesionales y sectores afectados por el código, tras reiterar que, si las modificaciones no pueden realizarse antes de la fecha prevista para la entrada en vigencia del Código, el Gobierno y el Congreso deberían aprobar una prórroga de hasta seis meses, período durante el cual continuaría vigente el Código Penal actual mientras se realizan las correcciones técnicas.

Potentini reiteró que el Colegio de Abogados trabajará junto a distintos sectores sociales para presentar en los próximos días un conjunto de propuestas destinadas a fortalecer el nuevo Código Penal sin comprometer los derechos fundamentales ni trasladar al Tribunal Constitucional la responsabilidad de corregir posteriormente las deficiencias que aún persisten en el texto aprobado.