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Tribunal ordena libertad de Ruddy Santos Ramírez, preso de manera ilegal por casi tres años

Colegio de Abogados considera injusta la imposición de dos millones de pesos como garantía economía

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, ordenó este lunes la puesta en libertad de Ruddy Santos Ramírez, a requerimiento y seguimiento del Colegio de Abogados, tras este estar preso durante casi tres años por una supuesta agresión a una inquilina.

Miguel Surum Hernández, presidente del Colegio de Abogados y quien asumió la defensa del acusado, saludó la puesta en libertad de Santos Ramírez, sin embargo, consideró injusta la imposición de dos millones de pesos como garantía económica.

Surun Hernández, quien el pasado miércoles sometió un habeas corpus en favor de Ruddy Santos Ramírez, reiteró que tanto el acusado como su familia son de bajos recursos económicos lo que les dificulta el pago de la garantía económica impuesta por el tribunal.

Se recuerda que Rudy Roberto Santos Ramírez, se hizo viral a través de en un video rogando por su libertad, denunciando públicamente la ilegalidad de prisión, por falsa acusación de violencia contra la inquilina que quería evitar su desalojo de un inmueble propiedad de dicho ciudadano.

De acuerdo a Surum Hernández, Santos Ramírez ha sido mantenido ilegalmente en la cárcel por casi 3 años, más del duplo permitido por el artículo 241 del Código Procesal Penal, que consagra cese de la prisión preventiva a los doce meses de imposición

Colegio de Abogados deplora rechazo de Habeas Corpus sometido en favor de Ruddy Santos Ramírez, preso de manera ilegal desde hacen casi tres años

Fijan cese de prisión preventiva para el próximo lunes 22 de mayo

San Pedro de Macorís. -La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, rechazó este jueves el Habeas Corpus interpuesto por el Colegio de Abogados (CARD) en favor de Ruddy Santos Ramírez, quien lleva casi tres años de prisión de manera ilegal y abusiva por una agresión simple cuya competencia es del Juzgado de Paz, de acuerdo al presidente del CARD Miguel Surun Hernández, quien asumió el caso tras hacerse viral en las redes sociales.

“Como gremio deploramos que el juez de los Habeas Corpus se declarara incompetente para proteger los derechos de personas de escasos recursos económicos, a pesar de que admitiera que la prisión preventiva finaliza al transcurrir 12 meses de su imposición al tenor del artículo 241 del Código Procesal Penal” consideró Miguel Surum Hernández.   

Asimismo, condenó que el sistema de justicia se encuentre atrapado en la burocracia que solamente protege los derechos fundamentales dictando sentencia en favor de corruptos y narcotraficantes, al tiempo de reiterar que seguirá luchando por un verdadero Estado de derecho para Ruddy Santos Ramírez y cientos de presos preventivos de escasos recursos económicos que, según el jurista, sus derechos fundamentales están siendo violados.

Para el próximo lunes 22 el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, fijó para las 9am la audiencia del cese de prisión preventiva donde se espera que se decrete la libertade Ruddy Santos Ramírez.    

Se recuerda que Rudy Roberto Santos Ramírez, se hizo viral a través de en un video rogando por su libertad, denunciando públicamente la ilegalidad de prisión, por falsa acusación de violencia contra la inquilina que quería evitar su desalojo de un inmueble propiedad de dicho ciudadano.

Colegio de Abogados advierte Proyecto de Ley cede al Poder Ejecutivo, funciones constitucionales del Ministerio Publico y del Defensor del Pueblo, afectando independencia de justicia

También asegura que nula autonomía del INACIF, transformándolo en dependencia del Poder Ejecutivo

SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Colegio de Abogados advirtió que el Proyecto de ley depositado por el Presidente de la República, denominado “Fortalecimiento del Sistema de Justicia”, constituye un grave retroceso institucional, que afectaría al Sistema de Justicia, al entregar en favor del “Ministerio de Justicia”,  funciones constitucionales del Ministerio Publico y del Defensor del Pueblo, llegando hasta el extremo del anular la autonomía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), convirtiéndolo en una dependencia del Poder Ejecutivo, que controlará los análisis periciales forenses en materias de drogas, falsificación de documentos y autopsias, sentando las bases para la desvinculaciones de cientos de técnicos forenses de carrera, para contratar activistas políticos al servicios del Ministro de Turno;

Miguel Surum Hernández, presidente del CARD, recordó que la Ley 458-08, que creó el INACIF, como entidad totalmente autónoma, no dependiente ni siquiera de la Procuraduría General de la República, precisamente para evitar la politización de los exámenes forenses, los cuales son determinantes en los procesos penales.

Surun Hernández además, señaló que dicho proyecto de Ley, en su literal F, Párrafo II, artículo 6, entrega a la Policía Nacional, la facultad de perseguir e investigar las infracciones penales,  en violación al artículo 169 de la Constitución, que encarga al Ministerio Público la “investigación penal y la de ejercer la acción pública en representación de la Sociedad”; Del mismo modo afirmó que se atribuye al “Ministerio de Justicia” la instauración del Sistema de Derechos Humanos, en violación del artículo 191 de la Constitución, que consagra dichas funciones en favor del Defensor del Pueblo, como rector del Sistema de Derechos Humanos en el País; Cediendo además en favor de dicho Ministerio, la representación del Estado Dominicano, en violación al artículo 128 de la Constitución, que atribuye al Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, la representación del Estado Dominicano, funciones que son indelegables.

Miguel Surun Hernández, quien además es jurista, aseguró que dicho proyecto de Ley entrega al Poder Ejecutivo el Control, Fiscalización y Regulación de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG), con poder para anular aquellas Fundaciones, cuyas actividades sean molestas al gobierno de turno, en un grave atentado al sistema de fiscalización ciudadana instaurado en virtud de la Constitución, y de la Ley 122. Otro punto negativo enumerado por Surun Hernández, es que supuestamente se entrega al Ministerio de Justicia, el control y fiscalización de Abogados y Notarios, despojando al Colegio de Abogados y al Colegio de Notarios de dichas facultades, que le fueron otorgadas en virtud de la Ley 3-19 y 140-15, asestando un rudo golpe a la libertad y fortaleza gremial en la Republica Dominicana.

De hacerse realidad la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo, dicho Ministerio de Justicia asumiría, además, la expedición de todas las certificaciones oficiales del Estado Dominicano, muy especialmente de los certificados de no antecedentes penal, bajo el riesgo de politizar dicho sistema, que ha tenido una labor aceptable en los últimos años.

El Sistema Carcelario pasaría al Poder Ejecutivo, destruyendo reformas instaurada en virtud de la Ley 113-21. 

 En virtud de proyecto, el Poder Ejecutivo asumiría el control de todo el Sistema Carcelario, destruyendo las reformas legales instauradas en virtud de la Ley 113-21, de Régimen Penitenciario, la cual fue el producto de años de Estudio y Planificación, con lo cual se pondrían miles de técnicos del Sistema, para colocar a activistas políticos, retrotrayendo a 30 años de avance institucional en el Sistema Cárceles, que goza con una autonomía más o menos aceptable, la cual desaparecía para convertirse en seudo del partido oficial.

Miguel Surun Hernández hablando en nombre del Colegio de Abogados requiere de los Diputados rechazar dicho despropósito institucional contra la independencia de la justicia, sobre la base de crear un aparato burocrático sombra de injerencia, conformada por un Ministro, ocho Viceministros, 16 direcciones generales, y 20 Direcciones departamentales, que implicará más de 2,000 millones de pesos anuales, en clientelismos y botellas, fondos que pudieran emplearse en mejorar las condiciones de los privados de Libertad, que mal viven en hacinamiento inhumano, que nada tiene que con nuevas leyes, sino con voluntad política; agregó Surun Hernández.

Otros 253 abogados tomaron juramento como miembro del gremi

Presidente del CARD insiste en la necesidad de trabajar con ética y transparencia

A partir de este viernes otros 253 profesionales del derecho pasaron a ser parte del Colegio de Abogados, y es que en un acto encabezado por su presidente Miguel Surun Hernández fueron juramentados cómo miembros.

Durante la toma de juramento, Surun Hernández les instó a poner en alto su profesión, siempre en defensa de las mejores causas y trabajando con apego a la honestidad, integridad y ética.

En el mismo acto se desarrolló el curso taller Ética Profesional y Motivación a cargo de Lucia Florentino secretaria de organización del gremio.

Los nuevos miembros, también recibieron certificados que los acreditan formalmente como integrantes de este gremio.

Además del presidente del CARD Miguel Surun Hernández, también asistieron miembros del Consejo Directivo.

Colegio de Abogados somete Habeas Corpus en favor de joven que apareciera en video rogando por su libertad, por considerar prisión de Ruddy Santos vergüenza justicia dominicana

Lamentan que el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís para justificar su negligencia ante abuso grosero contra un ciudadano, tergiverse causas de prisión

San Pedro de Macorís, República Dominicana.- El Colegio de Abogados sometió  un Habeas Corpus en favor de Rudy Roberto Santos Ramírez, quien aparece en un video rogando por su libertad, denunciando públicamente la ilegalidad de prisión, por falsa acusación de violencia contra la inquilina que quería evitar su desalojo inmueble propiedad de dicho ciudadano, que alegaron un fuerte discusión en presencia del esposo de dicha inquilina, quien de haberse generado dicha agresión, hubiera intervenido para defender a su cónyuge.

"Estamos en presencia de un verdadero abuso de poder del Sistema de Justicia, contra una persona con discapacidad, que es mantenida ilegalmente en la cárcel por casi 3 años, más del duplo permitido por el artículo 241 del Código Procesal Penal, que consagra cese de la prisión preventiva a los doce meses de imposición; Frente a una acusación absurda, sin pruebas, sin fundamento, sin víctima pues nunca asiste al proceso; Y que el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, supuesto garante imparcial de los derechos fundamentales de los justiciables,  emite nota de prensa, no solo tergiversando los hechos, pues no se trata de violación sexual, ni violencia contra menores, sino violencia curables a los 5 días, según refiere el certificado médico forense y  la denuncia de la supuesta víctima; Hechos que de comprobarse conllevan una pena máxima de 60 días, al tenor del artículo 311 del Código Penal; Dicho Tribunal, supuesto encargado de “juzgar” a Ruddy Santos, miente descaradamente al no existir sentencia condenatoria contra Ruddy Santos, pues la emitida en su contra, fue anulada por la Corte de Apelación, por ausencia total de sustento probatorio" sostuvo Miguel Surum Hernández

Surum Hernández, consideró que situaciones como esa, reflejan la grave crisis institucional que afecta el país, donde el mismo sistema de justicia, en lugar de proteger los derechos de los imputados, tergiversa aviesamente lo hechos para justificar lo que consideró como un secuestro perpetrado por quienes están sujeto a granizar los derechos.

Asimismo, lamentó que el sistema de justicia dominicano pisotea todo el bloque de constitucionalidad garante de los derechos fundamentales, por defender su imagen antes que los derechos ciudadanos, defiende lo indefendible, en franca violación del artículo 40.6 de la Constitución donde se dispone la inmediata puesta en libertad de quienes se encuentren privados de libertad irregularmente, tal y como ha ocurrido en los casos de corrupción y narcotráfico, en cuyo favor fue dictadas ordenes de libertad tan pronto cesaron sus prisiones preventivas por efecto de la duración máxima de dicha medida de coerción, consagrada en el artículo 241 del Código Procesal Penal.

Además, puntualizó que dicho caso plasma el fracaso institucional de un sistema de justicia incapaz de garantizar mínimamente los derechos consagrados en la Constitución dominicana, incluyendo presunción de inocencia, debido proceso y derecho a Juez imparcial, salvo que se tengan recursos económicos o políticos.

Colegio de Abogados interpone querella por traspaso fraudulento de 92 millones de Mt2 del Parque Jaragua en Pedernales en favor de empresario español

CARD Asegura que Sigmund Freund director de Alianzas Publico Privadas habría firmado contrato de entrega dolosa de dichos terrenos del Estado Dominicano

Santo Domingo. El Colegio de abogados depositó este martes, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella por DESPOJO FRAUDULENTO DE  92 MILLONES DE METROS CUADRADOS cedidos fraudulentamente, dentro del PARQUE NACIONAL JARAGUA, y como parte de la Parcela 40, DC. 3, Enriquillo, Barahona, propiedad del ESTADO DOMINICANO; en favor de OCEANUS INVESMENT, S.R.L., representada por el español José María de Pereda Fernández;

Mediante instancia depositada por ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción (PEPCA), se solicita investigar  el contrato suscrito por SIGMUND FREUND, en representación del ESTADO DOMINICANO, y de la DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS, de  fecha 28 de octubre del 2021, mediante el cual renunciaban a todos los derechos que pudiera tener el Estado Dominicano sobre dicha Parcela; A pesar de existir Sentencia del 22 de abril de 2018, emitida por el juez del Tribunal de Tierras  de Barahona, Juan Domingo Méndez Quezada, que RECONOCIÓ LOS DERECHOS DEL ESTADO DOMINICANO en la PARCELA 40 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 3, DEL MUNICIPIO DE ENRIQUILLO, PARQUE JARAGUA, según denuncia del jurista Miguel Surum Hernández, presidente del Colegio de Abogados.

“Esto se trata de un grave hecho donde funcionarios públicos falsean fraudulentamente los hechos para favorecer a un empresario español, legitimando títulos de propiedad producto de fraude en perjuicio del pueblo dominicano y del Parque Jaragua” manifestó Miguel Surum Hernández.

Aseguró que los hechos se constituyen en falsedad en perjuicio del Estado Dominicano, estafa agravada, coalición de funcionarios y asociación de malhechores previstos y sancionados en los artículos 123, 124, 147, 148 175, 176, 265, 266, 405 406 del Código Penal de la República Dominicana.

Advirtió que los desestimientos suscritos fraudulentamente en perjuicio del Estado, carecen de validez, por lo que dicho inmueble es propiedad inalienable del pueblo dominicano.

Caso Bahía de las Águilas

Se recuerda que por más de 24 años el Estado Dominicano y supuestos propietarios de terreros de bahía de las Águilas se enfrentaron legalmente para determinar a quien correspondía dicha propiedad, siendo el Estado Dominicano con el control de dichos terrenos.

Y es que, en el año 2021 el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la titularidad al Estado dominicano en los derechos de propiedad en Bahía de Águilas, Pedernales rechazando varios recursos de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales.

Con su decisión, Tribunal Constitucional confirmó la sentencia número 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de diciembre de 2018, mediante la cual quedó confirmada la decisión del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional que declaró la nulidad de los títulos emitidos a favor de particulares en Bahía de las Águilas, proceso judicial que inició en el año de 1997.

Bahía de las Águilas es considerada como una de las playas más bellas del mundo, localizada en la provincia Pedernales, al suroeste de la República Dominicana y forma parte del Parque Nacional Jaragua, zona protegida del país.