El gremio adopta medidas legales para exigir el cumplimento de la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria de la Justicia
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), inició una serie de acciones en demanda de la asignación del 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sector justicia en el 2022, tal y como lo establece la Ley 194-04 de Independencia y Autonomía Presupuestaria.
La primera consistió en el depósito de un recurso de intimación en la Dirección General de Presupuesto el 24 de agosto pasado y la segunda en el sometimiento de un recurso de amparo en contra del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en el Tribunal Superior Administrativo el martes 7 de septiembre del 2021.
El recurso de amparo fue depositado por decenas de abogados miembros del gremio que los agrupa, encabezados por su presidente Miguel Surun Hernández, quien denunció que la justicia dominicana está atravesando momentos muy difíciles, de bajos salarios para la mayoría de empleados, falta de incentivos, de insumos, de equipos, de personal, de infraestructura física adecuada, lo que dificulta su operatividad.
Surun Hernández agregó que más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales no han podido ser puestos en funcionamiento y gran parte de los actuales laboran en condiciones deplorables.
“Lo mismo acontece con el Ministerio Público, cuyos titulares reciben salarios pírricos y carecen de condiciones para perseguir el crimen. La ausencia de recursos también ha estancado la contratación de 1200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial”, expresó el gremialista.
El presidente del Colegio de Abogados agregó que “en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria desde su promulgación hace 17 años.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
Los abogados dijeron durante la rueda de prensa que el artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Publico (Procuraduría General de la República), serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%).
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Home Page | Contact WebmasterSanto Domingo, República Dominicana.- El juez de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, conoció un caso en contra del Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, en la sala augusta de ese alto tribunal.
La demanda fue interpuesta por el abogado Aquiles Machuca de Santiago y participó como parte afectada el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández.
Machuca acusa a Luis Henry Molina de coalición de funcionarios, abuso de poder, usurpación de funciones, asociación de malhechores, prevaricación y de otros delitos en perjuicio de los abogados y de los usuarios del sector justicia, tras disponer el cierre de los tribunales y la aplicación de la justicia virtual.
Durante la audiencia Surun Hernández solicitó la ampliación de la investigación en contra del presidente de la Suprema Corte de Justicia y solicitó un plazo de 45 días para que el Ministerio Público presente acusación en contra del imputado.
El presidente del CARD indicó que con sus acciones Luis Henry Molina violó los artículos 114, 123, 124, 125, 126, 127 y 185 del Código Penal, así como la Constitución de la República al privar el acceso a la justicia de los dominicanos con el cierre de los tribunales y manteniendo una justicia virtual, usurpando funciones del Congreso Nacional.
“En la República Dominicana debe imperar ese principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley y que por vía de consecuencia, las acciones abusivas, inconstitucionales de usurpación de funciones, de conculcación del acceso a la justicia cometidas por Luis Henry Molina, deben ser debidamente sancionadas y confío plenamente en la justicia dominicana”, expresó Surun Hernández.
Las partes involucradas en el proceso serán citadas para conocer el fallo del juez, Justiniano Montero, quien no fijó fecha para el mismos.
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