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Denuncia que  aumentaron registro de actos judiciales en más de un 600 por ciento en violación a una sentencia del Tribunal Constitucional.

El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, denunció el desacato generalizado de la Sentencia del Tribunal Constitucional, que eliminó el cobro de impuestos  por registro de Actos Judiciales; Mediante la instauración de nuevos impuestos, que en muchos casos superan en más de un 600 por ciento, las tarifas anteriores.

Recuerda que el Tribunal Constitucional mediante Sentencia TC/0339/14 del 2014 declaró no conforme con la Constitución de la República los artículos 13 y 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 y 42 de la Ley núm. 2334-1885, sobre Registro de los Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales,  que consagraban impuestos proporcionales por registros de actos, por contravenir los artículos 12, 14, 40.15,41 y 69 de la Constitución de la República.

Por lo que desobedeciendo dicho mandato, los registros de estado civil han establecido nuevos impuestos con la fachada de “Tasas por Servicios” por  registros, constituye un verdadero atentado no solo a la institucionalidad de la República, sino a la sana administración de Justicia.

Surun Hernández informó que los abogados ven como de manera abusiva se encarecen los costos de los procedimientos judiciales, lo cual afecta de manera sensible el acceso a la justicia de la ciudadanía, por lo que se amerita la intervención inmediata del Tribunal Constitucional como Guadiana de la constitucionalidad.

Explicó que el artículo 40.15 de la Carta Magna dice que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsela lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le perjudica.

Mientras que el artículo 69 plantea la tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 1) El derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita.

El Presidente del CARD informó que por esta razón el gremio depositará en los próximos días una instancia al Tribunal Constitucional, rechazando los ilegales impuestos, estableciendo la normativa de ejecución de dicha sentencia.

Surun Hernández mostró preocupación por los constantes desacatos de algunas instituciones de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional.

Recordó que el nuevo Código Penal establece sanciones para aquellos funcionarios que ordenen el cobro de impuestos sin que estén soportados por una disposición legal.

Hizo un llamado a los ayuntamientos de RD, que manejan las oficialías civiles del país,  a que retornen a la legalidad Constitucional y procedan a dejar sin efecto esta disposición que atenta contra la seguridad jurídica en la República Dominicana.

Hace un llamado a la comunidad jurídica nacional que se mantenga vigilante y que todos los que quieran participar de este recurso puedan hacerlo enviando sus datos al Colegio de Abogados quien desplegará un activismo de lucha, marcha, visitas al Cabildo del Distrito Nacional para tratar de que esto se quede sin efecto.