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Sugiere implementar medidas urgentes para evitar colapso del sector justicia

El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Miguel Surun Hernández, denunció la calamitosa situación por la que atraviesan jueces y fiscales para el desempeño de sus funciones, durante su participaron en la Cumbre Judicial Nacional.

Surun Hernández expresó preocupación por el deterioro de las condiciones laborales, planta física, escasez de personal, material y equipos, que complica su rendimiento; así como la falta de garantías laborales que impidan un traslado o una degradación no consentida, por ausencia de mecanismos protectores que impidan la aplicación de dichas medidas.

Calificó como un maltrato generalizado el clima de terror en muchos casos subyace, que influye sus decisiones en un sentido o en otro, ya sea por el temor a represalias disciplinarias o mediáticas, alimentadas en muchos casos por denuncias públicas de algunos actores del sistema que antes de todo proceso, aparecen emitiendo condenas, sin ningún tipo de elemento probatorio conocido.

“Por esta razón recomendamos que se realice una reforma de la Justicia que incluya la aplicación de la Ley de Autonomía Presupuestaria con la asignación del 4.1% del presupuesto y mejorar las condiciones en las cuales ejercen jueces y fiscales”, informó el presidente del gremio.

También sugiere la aprobación de una exención inmediata de impuesto sobre la renta en favor de  Jueces y Fiscales, lo que implicaría un aumento inmediato en el salario de dichos servidores, sin necesidad de invertir un centavo.

Además aprobar el financiamiento por parte del Banco de Reservas, a una tasa preferencial de hasta US$50,000.00, para el vehículo importado con el impuesto único que en la actualidad se otorga a los Jueces y Fiscales e incluir a todos los servidores del Poder Judicial y del Ministerio Publico en el Senasa Contributivo, más seguro complementario, con cargo total al Estado.

El gremio sugiere la entrega de una póliza de Vida de hasta RD$10,000,000.00, a favor de jueces y fiscales, por la elevada peligrosidad de sus funciones y de un bono educación para los servidores de la justicia, que cubra educación primaria, intermedia y Universitaria.

Establecer en coordinación con el INVI y con la DGII, un sistema que permita otorgarle preferencia para la adquisición una vivienda, creando un bono fiscal para el constructor de forma tal que pueda formar parte del precio de la vivienda.

Prohibir traslados injustificados

Aprobar por parte del Consejo del Poder Judicial y del Pleno de la Suprema Corte, y del Consejo del Ministerio Publico, una nuevo reglamento de garantías laborales a favor de Servidores Judiciales, que prohíba de manera definitiva los traslados no consentido, y estandarice los salarios, las pensiones, igualando los beneficios y derechos de todos, sin importar su jerarquía, entre jueces y fiscales, y servidores de la justicia.

Aumento salarial

El presidente del CARD recomendó disponer un aumento salarial para todos los servidores de la Justicia Judicial de un 30%, Aprobar los Recursos necesarios para la contratación de nuevo personal auxiliar y abogados ayudantes, de forma tal que se aumente su número en más de 35%.

Disponer las partidas para las becas internacionales de Jueces, Fiscales, y Servidores judiciales en áreas acordes a la materia de los Tribunales donde ejercen sus funciones.

Implementar medidas eficaces para mejorar el trato y eficacia otorgado a los profesionales del derecho, garantizando un trato igualitario para los abogados, sin importar sin son pagados por el Estado o por entes privados.

Nuevos Tribunales y policía investigativa

El gremio destacó la necesidad de asignar los recursos para la instalación de los 94 Tribunales aprobados por ley, así como los 35 Tribunales Administrativos de Primera Instancia, tal y como establece la Constitución.

Crear una Policía Investigativa Técnico Judicial bajo la dirección funcional y administrativa del Ministerio Publico, encargada de la investigación de los crímenes y delitos como órgano dependiente del Ministerio Publico como Órgano Investigador; así como establecer mecanismos inclusivos de diálogo y participación entre jueces, fiscales y Colegio de Abogados, para detección de problemas y búsqueda de soluciones para mejorar los niveles de eficiencia del sector Justicia.

Recordó la que sin el cumplimiento de la Ley Autonomía Presupuestaria que consagra el 4.1% para el sector justicia, sin la cual no puede, ni existe estado de derecho, fundamental para el desarrollo de nuestro país.