Presidente de la Comisión Nacional Electoral del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Lic. Ydelfonso Brito Rosario realizó una visita a la sede de la Junta Central Electoral (JCE), encabezando una comitiva donde se reunió con el director de elecciones Lic. Mario Nuñez Valdez y de informática Ing. Johnny Rivera, encuentro que había sido aprobado por el pleno de dicha comisión en la celebración de sus sesiones ordinarias.
El propósito de la visita a la sede de la institución electoral fue solicitar el apoyo para los comicios del gremio de los profesionales del derecho, que se llevarán a cabo el próximo 2 de diciembre del presente año. En esta se acordó que la JCE proporcionará a la Comisión Nacional Electoral del CARD materiales logísticos que faciliten el desarrollo del proceso electivo, además se llevó a cabo el cruce de datos de identidad del padrón del gremio, con el de la JCE, para detectar fallecimientos y los inhabitados, así como posibles anomalías en documentos de identidad, que pudiesen incidental el proceso.
A esta visita, donde los representantes de ambas instituciones conversaron sobre las mejores prácticas de desarrollo de elecciones, acudió el presidente de la Comisión Electoral, Lic. Ydelfonso Brito Rosario en compañía del Lic. Pedro Solano Suplente del Dr. Luis Yépez Suncar y la secretaria auxiliar Cristal Perdomo.
¡Comisión Nacional Electoral emite el orden en el número de las Boletas y las posiciones de los candidatos!
Surun Hernández denuncia campaña de desacredito en su contra en retaliación por querella contra GRUPO PUNTACANA
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández, Presidente denunció ante la Procuraduría General de la República ublica, la puesta en marcha de una plan de descredito y campaña sucia diseñadas y financiadas por el GRUPO PUNTACANA, FRANK RAINIERY y JOSE IGNACION PALIZA, en retaliación por las acciones legales emprendidas en contra de la CORPORACIÓN AEROPORTUARIA DEL ESTE (AEROPUERTO DE PUNTACANA) y sus principales ejecutivos, por un fraude de evasión fiscal ascendente a 500 millones de dólares en perjuicio del Estado, perpetrado a través de las sociedades Offshore AIRPORTS MANAGEMENT SERVICES, S.A. y AVIAM LTD.
Surun Hernández explicó que ambas compañías al ser declaradas dolosamente “zonas francas especiales”, se encuentran exentas del pago de impuestos, a cuyo favor se transfieren el 45% de los ingresos por tasas y operación de rampa del AEROPUERTO DE PUNTACANA, reduciendo en mas de 65% la tasa imponible para el cálculo de impuesto sobre la renta, logrando evadir hasta la fecha más de quince mil millones de pesos en perjuicio del Estado Dominicano.
El jurista dijo que se trata de un plan macabro y perverso que incluye el pago de supuestos abogados y Ongs., algunos de los cuales condenados a 2 y 3 años por faltas, como es el caso de Gregory Castellanos y Mario Fulcar, quienes semanalmente o quincenalmente, aparezcan supuestas “ruedas de prensa” interponiendo denuncias sin pruebas, ni fundamentos, pero que son ampliamente difundidas por gestiones de José Luis Ignacio Paliza y por el empresario Frank Rainier que han destinado más de 400 mil dólares, entregando de 10 a 50 mil dólares a cada supuesto querellante; y todas se refieren a los mismos hechos.
Denuncias y respuestas
Miguel Surun Hernández explicó que la primera denuncia en su contra es del uso 119 millones de pesos, supuestamente sacados del CARD, para la compra de 5 solares en Higuey, donde será construido el Aeropuerto Internacional de Bavaro, propiedad del empresario Abraham Hazoury Toral.
"Le explico a la opinión pública y al país que yo como abogado experto en materia penal y comercial constituí la empresa o sociedad de carpeta CVC ONE, INC., la misma fue vendida en 10 mil dólares al empresario Abraham Hazoury en su totalidad, y luego dicho empresario compró los cinco terrenos en Higüey por el monto antes descrito, por lo que esta primera denuncia es falsa",indicó el gremialista.
La segunda denuncia se refiere al supuesto mal manejo de 300 millones de pesos a través de cursos, talleres, diplomados y maestrías impartidos por la Escuela Nacional del Abogado, pero resulta que es dicha entidad a través de su director, que organiza dicha formación, y autoriza los pagos correspondientes, director que no es nombrado por el Presidente del CARD, sino por un Consejo Académico, del que es parte del Ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología, el Poder Judicial y el Decano de la UASD, donde el CARD se encuentra en minoría.
Agregó que la Escuela Nacional del Abogado es una entidad autónoma en virtud del artículo 27 de la Ley 3-19 del Card, cuyo trabajo de formación es visible y se puede verificar con la entrega de más de 300 mil certificados de formación, con la realización de más de 3,000 cursos de habilitación y cientos de maestrías gratuitas en favor de abogados y abogadas del país.
Y la tercera acusación fue sobre un supuesto manejo inadecuado del Tribunal Disciplinario del Card, el cual se maneja de manera independiente, con sus miembros y actúa de manera justa y equitativa en base a las pruebas.
Pulcritud y Fiscalización
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana destacó que su gestión en el gremio ha sido auditada en siete ocasiones por firmas auditoras privadas de gran renombre y que todas las auditorias reflejaron un manejo correcto y transparente de los recursos del gremio.
Asimismo informó que todos los estados contables de ingresos, egresos y gastos en general están colocados en la página institucional del Colegio de Abogados, con total transparencia, acción que no era frecuente en anteriores administraciones.
Querellantes
Surun Hernández aclaró que los dos querellantes en su contra los juristas Gregory Castellanos y Mario Fulcar fueron sancionados conjuntamente con el Johny de la Rosa, acusados de sobornar a jueces, en un proceso remitido por el Consejo del Poder Judicial, donde se remitió al Tribunal Disciplinario del Card una comprometedora grabación donde se trata la entrega de dinero para jueces, grabación que colocamos anexo a la nota de prensa.
Abierto a investigaciones
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, entregó autorización a tres personalidades para que confirmen su patrimonio.
"En el día de hoy procedemos a entregar una acto notarial a tres personalidades, entre las cuales se encuentra el Dr. RICARDO NIEVES, para que investiguen todo patrimonio, cuentas bancarias, inmuebles, acciones, incluyendo a nombre de mis padres, mis hijos, hermanos, amigos, relacionados; Tanto local o internacionalmente, que si encuentran un pincho no declarado, lo cedo a quien lo encuentre o al Estado Dominicano", expresó el abogado.
El presidente del Card agregó "lo que si encontraran son deudas, pues durante mi presidencia, mi patrimonio se ha reducido en más de un 75%, por la falta de tiempo a mi oficina de abogados; es lamentable que delincuentes y corruptos afecten con dinero sucio la imagen de quien si ha entregado todo por las buenas causas, a quien colocó al Colegio de Abogados en el mapa institucional de la República, donde todas las informaciones desde hace años son colocadas en la página ina web, https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/recursos-humanos, b) https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/asistencia-sociales/ayudas-economicas.,c) https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/asistencia-sociales/ayudas-economicas, d) https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/gastos, e) https://colegiodeabogados.org.do/index.php/transparencia/aportes-a-las-seccionales.
Colegio de Abogados advierte proyecto de ley autorizaría arrestos y desalojo indiscriminados al margen debido proceso judicial
Sectores como Gualey, Los Guandules, 27 de Febrero, Maria Auxiliadora, entre otros, se colocarían en riesgo de persecuciones penales y desalojos extrajudiciales.
Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD) depositó ante el Senado de la República, su formal oposición al Proyecto de Ley sobre “violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria”, ya que permitiría el arresto y desalojo de cientos de miles de familias que fueron asentadas en inmuebles presuntamente del Estado Dominicano, y cuyos decretos de expropiación nunca fueron ejecutados.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, afirmó que de aprobarse dicha pieza sectores como Gualey, Los Guandules, 27 de Febrero, Maria Auxiliadora, Nueva Jerusalén, Bello Atardecer, entre muchos otros, cuyos residentes llevan más de 40 años allí, correrían el riesgo de persecuciones penales y desalojos extrajudiciales.
“Que se pretenda aprobar una ley que en su artículo 18 autorice a la Policía Nacional a arrestar y desalojar a quien resida en un solar, por el solo hecho de que el agente policial actuante considere ilegítimos los documentos de compra o asentamiento que ampara dicha propiedad constituye un verdadero atentado a la seguridad jurídica y sobre todo al debido proceso consagrado por la Constitución, lo que generaría injusticias y conflictos sociales indescriptibles, por apresamientos y desalojos efectuados por el solo efecto del dinero y la influencia política, seria volver al viejo Oeste” manifestó Surun Hernández.
El gremialista aseguró que lo grave del caso, es que dicho proyecto de Ley en sus artículos 8, 9 y 10 castiga hasta con 10 años de cárcel a “infelices” padres de familias asentados por gobiernos irresponsables en tierras declaradas de utilidad pública, y del Estado Dominicano, lo cual calificó como una verdadera injusticia,
“Maxime cuando dicho desorden fue generado gracias a las políticas de inequidad y clientelismo de los mismos que hoy pretenden aprobar una ley draconiana que sólo se aplicaría en perjuicios de los mas vulnerables”, dijo el gremialista.
CARD apoya la protección de la propiedad inmobiliaria pero bajo el respeto del debido proceso.
El jurista agregó que el gremio que dirige apoya la protección de la propiedad inmobiliaria sobre la base del debido proceso judicial, que evite la formación de mafias parapoliciales dedicadas a los desalojos y arrestos extrajudiciales, donde los procesos que requieran cualquier actuación se realicen bajo la fiscalización judicial, por lo que consideró que la referida pieza, sometida por el presidente de la República por ante el Senado, debe ser rechazado en su totalidad.
Colegio de Abogados opuesto a proyecto de ley que permitiría entregar por 30 años más, sin licitación, ni transparencia, los aeropuertos propuestas del Estado dominicano
*Los nuevos contratos implicarían duplicar tarifas aeroportuarias, flexibilizar obligaciones de inversión a cambio de 800 millones de dólares como supuesta contraprestación
El Colegio de Abogados de la República Dominica (CARD), interpuso formal oposición a la aprobación del proyecto de ley de “Medidas Regulatorias a los Contratos de Concesión suscritos con anterioridad a la ley 340-06”, en virtud de que permitiría entregar por treinta años más, sin licitación, ni transparencia, la operación y usufructo de al menos seis aeropuertos propiedad del Estado Dominicano, entre los cuales se encuentran: 1) Aeropuerto Internacional Las Américas en Santo Domingo; 2) Aeropuerto Internacional Presidente Dr. Joaquín Balaguer, en Santo Domingo Norte; 3) Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata; 4) Aeropuerto Internacional María Montés, Barahona; 5) Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch, Samaná; y 6) Aeródromo Arroyo Barril, Samaná.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, dijo que, de aprobarse esta iniciativa, además se permitiría flexibilizar las condiciones originales del operador respecto a inversión y potestad de aumento de tarifas aeroportuarias, sin la posibilidad de un proceso abierto, transparente, donde pueda ser seleccionada, la mejor oferta económica y de mejor servicio para los pasajeros en los distintos aeropuertos en nuestro país.
“Autorizar por Ley a funcionarios para entregar los bienes del Estado Dominicano, de grado a grado, sin transparencia, sin licitación y de manera discrecional en violación de los principios de transparencia consagrados por la Constitución, es un atentado contra el Pueblo Dominicano, Maxime cuando tenemos informes de que existen conversaciones avanzadas entre funcionarios y ejecutivos de la empresa donde operan dichos aeropuertos para que luego de la aprobación de dicha ley, renegocien la entrega de los citados aeropuertos, flexibilizando las condiciones originales, y autorizando a duplicar las tarifas aeroportuarias, a cambio de un adelanto de US$800 Millones de dólares, en perjuicio del Estado dominicano”, reveló Surun Hernández.
El jurista enfatizó “estamos obligados a enfrentar los aprestos tendentes a desmontar los mecanismos de transparencia por parte de sectores oficialistas cuyo propósito es beneficiar una claque empresarial enquistada en los resortes del gobierno, pues al final acabaran no solo con los pocos activos que le quedan al Estado Dominicano, sino con el precario estado de derecho”. Dijo el gremialista al momento del depósito por ante la Cámara de Diputados una formal oposición a la aprobación del citado proyecto.
Abogados protestan frente al Congreso por reducción de recursos de Justicia en Presupuesto 2024
Advierten Tribunales operan precariamente sin personal, ni recursos suficientes para administrar justicia
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - Miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) protestaron frente al Congreso Nacional en rechazo de la reducción de los recursos asignados para el Poder Judicial contemplados en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el 2024, que ha sido de RD$8,623,324.578 para el Poder Judicial y RD$9,648,535,941 para la Procuraduría General de la República, lo cual es violatorio a la Ley 194-04, que establece la asignación de 4.10% del Presupuesto Nacional para el sector justicia.
La manifestación estuvo encabezada por el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, quien dijo que de mantenerse dicha asignación igual sería un grave atentado a la administración de justicia en la República Dominicana, que se encuentra en una grave crisis por la ausencia de jueces, fiscales y personal suficiente para responder a la demanda de servicios de la ciudadanía, generando un retardo fatal en las decisiones judiciales qué se refleja en una alta tasa de mora judicial, procesos penales interminables.
Surun Hernández recordó que actualmente hay más de 17,000 presos preventivos con sus prisiones vencidas, convirtiendo nuestras cárceles en cementerios de hombres vivos.
Los juristas calificaron como grave y preocupante que en la actualidad una simple solicitud de revisión de medida coerción puede tardar de 4 a 6 meses, en procesos que se extienden por años y que luego de dictada una sentencia penal, su motivación puede extenderse hasta por 5 meses por falta de secretaria.
Denuncian que peor situación se presenta en la materia civil con procesos con más de 20 años en los tribunales, que en su mayoría funcionan en edificios deteriorados, sin espacios, escasez de equipos y de material gastable, ni condiciones aptas para los abogados, muchos menos para las víctimas y usuarios del sistema, todo gracias a que el Poder Ejecutivo se apropia de más de RD$40 mil millones de pesos que por Ley le corresponden al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República.
El gremialista agregó que “Con los fondos asignados actualmente no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley y que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento".
El presidente del Card dijo que dicho desvío de recursos se verifica a pesar de los cuantiosos ingresos contemplados en el Presupuesto Nacional que ascienden a RD$1,572,986,016,693, contemplados préstamos por el orden de los RD$344,980.21 millones, y US$1,500 millones de dólares.
Presupuesto para el sector justicia
El presidente del Card recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un 4.10% de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y que deben de ser distribuidos de la siguiente manera: Un 65% del 4.10% corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un 35% a la Procuraduría General de la República.
Presupuesto modifica Código Tributario
Los miembros del CARD también plantearon que el Proyecto de Ley de Presupuesto modifica leyes orgánicas como lo es el Código Tributario que contempla la suspensión de indexación anual para fines de pago de impuesto sobre la renta, con lo cual se afecta de manera considerable a decenas de miles de trabajadores que ganan entre RD$26,000.00 y RD$35,000.00, quienes deberían estar exentos del pago de impuesto sobre la renta, pero por la aplicación del artículo 45 quedará sin efecto el ajuste por inflación previsto en el párrafo I del artículo 296 de la Ley que aprueba el Código Tributario de la República Dominicana núm. 11-92.