Santo Domingo. – El Colegio de Abogados (CARD), a través de su presidente Miguel Surum Hernández calificó como positiva la media cautelar dictada contra Oliver Calderón Soriano y Luis Gabriel Taveras Marte, acusados de dar muerte al abogado Freddy Manuel Zarzuela encontrado muerto dentro de un saco el pasado 19 de febrero en el sector la Delgada de Santiago.
Surum Hernández dijo que, durante estos seis meses de prisión preventiva, el Ministerio Público podrá recopilar las pruebas necesarias para que un juez dicte sentencia. Confió en que este caso no quedará impune como tanto otros.
Asimismo, reiteró que este gremio no permanecerá pasivo ante lo que calificó como una embestida contra el ejercicio de la abogacía, resultando muertos o lesionados varios profesionales del derecho.
Contra un tercer imputado de nombre Jerminson Durán Cruz, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, impuso una garantía económica, de RD$ 800 mil pesos, a pagar a través de una compañía, así como el impedimento de salida del país y presentación periódica.
Se recuerda que la muerte del abogado Freddy Zarzuela ocurrió siete meses después del asesinato a balazos de su colega Basilio Guzmán, quien fue tiroteado por dos hombres en el patio de su residencia, en el sector Los Cerros de Gurabo, en Santiago.
Asegura que se pretende instaurar tarifas inaguantables para la clase media y motoconchos
Santo Domingo. -El Colegio de Abogados de la República Dominicana, advirtió este jueves que impugnará la privatización irregular del sistema de revista anual para vehículos de motor que pretende hacer el Gobierno, y es que según el presidente de este gremio Miguel Surum Hernández, de aprobarse esta iniciativa se instauraría la obligatoriedad del pago de tarifas que rondarían desde 600 hasta 15 mil pesos dependiendo el tipo y modelo de vehículo.
Surum Hernández afirma que esto constituiría un gravísimo atentado no solo contra la clase media sino además a las clases populares como los motoconchos que serían obligados a pagar hasta 600 pesos anual por esa supuesta inspección.
"Lo grave de la situación es que todos los dominicanos que poseen una simple motocicleta hasta aquellos que tienen vehículo de transporte para su trabajo y los que tienen vehículos de alta gama, se verían obligados a pagar exorbitantes sumas por el derecho a transitar, lo que sumado a otros impuestos implicaría una carga inaguantable para la población dominicana todo para beneficiar empresarios allegados a funcionarios gubernamentales y que tienen planificado acumular grandes sumas de dinero a costillas del pueblo" señaló Iván Surun Hernández .
Asimismo, Surun lamentó que el INTRANT y el Consejo Nacional de Alianza Pública Privada, no solamente emprendan un proceso irregular contra los intereses de la población dominicana, sino que trate de confundir a la ciudadanía ocultando los reales costos que tendrían que pagar por la privatización de dicho servicio.
Aseguró que este gremio enfrentará esta situación en todos los escenarios que sean necesarios para impedir que se agrave aún más la situación económica de la clase media y popular del país.
Se recuerda que empresarios del transporte público también han manifestado su rechazo a esta iniciativa por entender que la misma solo pretende ganancias económicas para un grupo.
Denuncia presuntas irregularidades con el objetivo de beneficiar al empresario venezolano Leopoldo Castillo, acusado de fraude bancario en Venezuela
Santo Domingo. -El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), depositó ante el Tribunal Superior Administrativo, un recurso Contencioso Administrativo en contra del Proyecto de Privatización del Sistema de Inspección Vehicular o de Cambio de Revista, que lleva a cabo el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) por presuntas irregularidades.
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados, denunció que dicha entidad pretende desarrollar el proyecto para beneficiar al empresario venezolano Leopoldo López Boso, quien está acusado de Fraude Bancario y de Seguros en Venezuela, según informes que posee el jurista.
Surun Hernández, presidente del CARD, agregó que por los temas judiciales pendientes en su país fue que se dejó sin efecto el proceso de licitación INTRANT-CCC-LPI-2019-0001, donde por primera vez se intentó entregarle de manera fraudulenta a dicho empresario venezolano la inspección técnica vehicular o revista, utilizando la compañía Consorcio de Inspección Técnica del Caribe.
El jurista indicó que dicho proceso es nulo de pleno derecho, no sólo por beneficiar al CONSORCIO INTEVE, representado por CASTILLO HOLDING COMPANY, cuyo propietario es una persona contra quien se han vertido graves acusaciones de fraude y contra quien además se emitió una orden de captura internacional, por lo que las normas legales en materia de transparencia de RD lo inhabilitan para participar en procesos de contrataciones públicas.
El recurso depositado por el Card fue interpuesto también en contra de la Dirección General de Alianza Público Privada, donde se alega además que dicha entidad no puede emitir la Resolución 001-2022, acogiendo la iniciativa privada del Venezolano Leopoldo Castillo, sin cumplir con la auditoria social de factibilidad de implementación de Alianza Publico Privada en el párrafo I, del artículo 40, de la Ley 47-20 que rige la materia.
Dicha Ley plantea que previo al proceso de recepción de iniciativas privadas, dicho Consejo debe emitir una resolución determinando de interés público la realización de una Alianza Publico Privada para el servicio de privatizar la inspección de vehículos, la cual debe de estar debidamente fundamentada en consultas públicas a todos los sectores, y las mismas deben de tener estudios de impactos en los sectores carenciados y de clase media, lo cual no se hizo, y todo con el ánimo de hacerse con un negocio que anualmente generara ingresos de 11,000 millones de pesos, provenientes de los bolsillos de alrededor de CINCO MILLONES de propietarios de vehículos de motor en la República Dominicana.
Aseguro que de concretarse las pretensiones del INTRANT y la Dirección General de la Alianza Público Privada, conductores se verán impedidos de circular en las calles si previamente no hacen el pago correspondiente a la suma exigida por dicha entidad.
El jurista también reiteró que esto constituiría un gravísimo atentado no sólo en contra de la clase media, sino además de las clases populares como los motoconchos que serían obligados a pagar hasta 600 pesos anual por esa supuesta inspección.
"Lo grave de la situación es que todos los dominicanos que poseen una simple motocicleta hasta aquellos que tienen vehículo de transporte para su trabajo y los que tienen vehículos de alta gama, se verían obligados a pagar exorbitantes sumas por el derecho a transitar, lo que sumado a otros impuestos implicaría una carga inaguantable para la población dominicana, todo esto para beneficiar empresarios allegados a funcionarios gubernamentales y que tienen planificados acumular grandes sumas de dinero a costillas del pueblo" dominicano, señaló Iván Surun Hernández .
Marcha fue agredida a bombazos y pedradas por paramilitares con pancartas reeleccionistas
Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (Card) condenó de manera enérgica la agresión de que fueron víctimas las manifestaciones pacíficas de abogados, médicos y representantes de otras organizaciones encabezadas por el
diputado Pedro Botello, tendentes a exigir la implementación del seguro contributivo subsidiado y la entrega de los fondos de la Aseguradoras de Fondos de Pensiones(AFP) y la modificación de la Ley 87-01 sobre la Seguridad Social.
Miguel Surun Hernández, presidente del Card, calificó como increíble que en pleno siglo XXl una manifestación pacífica, exigiendo el cumplimiento de la ley, sea objeto de una agresión a pedradas, botellazos y hasta a batazos por parte de personeros al servicio de determinados funcionarios bajo la mirada cómplice de la Policía Nacional y las autoridades, que además la emprendieron a bombazos contra los profesionales de distintas ramas que sólo exigían el derecho a la seguridad social.
"La lucha la continuaremos pase lo que pase, porque es una garantía y un derecho constitucional. Deploramos el deterioro institucional que estamos viviendo en República Dominicana, donde paramilitares se han constituido en la ley atacando a personas que tienen voces disidentes contra el Gobierno" dijo Surun Hernández.
El gremialista condenó, además, que precisamente hayan sido agredidos por aquellos que tuvieron manos libres no sólo para ingresar directamente a las cercanías del Congreso Nacional con recursos del Estado con pancartas reeleccionistas, sino que impunemente materializaron esos hechos sin que nadie hiciera nada.
Asegura la pieza busca entregar a la Presidencia de la República el control de registros de títulos, mensuras catástrateles, INACIF, cárceles, notarios y abogados
Santo Domingo, República Dominicana. El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana (CARD) calificó el proyecto que busca crear el Ministerio de Justicia como una estocada a la independencia de ese poder del Estado.
En ese sentido, el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, denunció que con esa propuesta se busca entregar a la Presidencia de la República el control de registros de títulos, mensuras catástrateles, INACIF, cárceles, notarios y abogados.
El jurista alertó, además, de que la propuesta de creación del Ministerio de Justicia propiciaría la legitimación de contratos, cuotas y litis por el orden de los 50 mil millones otorgados de grado a grado en favor de abogados relacionados a funcionarios palaciegos, sin límite o fiscalización de profesionales del derecho en perjuicio del Estado Dominicano.
“Con esta iniciativa se pretende aniquilar la independencia del Poder Judicial y de la Procuraduría, con la creación de un aparato burocrático sombra del Poder Ejecutivo, con intervención directa en la administración de justicia” afirmó el gremialista.
De igual forma, sostuvo que ese control incluiría, además, la entrega del INACIF, cárceles y fiscalías titulares en todo el país al presidente de turno.
Miguel Surun Hernández indicó que de crearse como está concebido, el Ministerio de Justicia pondría en grave riesgo la seguridad jurídica inmobiliaria de República Dominicana, al entregar al Poder Ejecutivo el nombramiento de políticos al frente del Registro de Títulos de Propiedad Inmobiliaria y de la Dirección de Mensuras Catástrales.
“De crearse este Ministerio de Justicia como está planteado destruiría la fiabilidad de los Títulos de Propiedad, de los deslindes y de las certificaciones de cargas y gravámenes, cuya expedición dependerá de un político, que perfectamente podría emular la fatídica experiencia de pasaportes”, dijo el presidente del CARD.
El gremialista consideró que no se puede permitir que en el país se agote el papel de seguridad de los Títulos de Propiedad, por emitirlos sin control en función de simpatía política, lo cual sería fatal para el clima de inversión en el país.
Precisó que una situación similar podría ocurrir en el INACIF, donde el director será un político nombrado por el presidente de la República, pese a ser la persona encargada de determinar cuándo una sustancia ocupada es o no es droga, la legitimidad de un documento, si la causa de muerte de una persona es homicidio y si hay lesiones y su gravedad.
El presidente del Colegio de Abogados puso en duda que un político pueda emitir dictámenes en un sentido o en otro, dependiendo de su interés partidario o económico, contrario a lo que sucede en la actualidad donde el director de INACIF es nombrado por el Consejo del Ministerio Público. Surun Hernández manifestó que el sistema carcelario también estaría en manos de un político nombrado por el presidente de la República, que tendría a su cargo el negocio de las certificaciones de buena conducta y de las comidas a los presos, pese a la fatídica experiencia en el desayuno escolar.
Atentado a los Colegios de Abogados y de Notarios.
El presidente del CARD precisó que el proyecto de Ley del Ministerio de Justicia en su artículo 29, entrega al presidente de la República el control del ejercicio de la abogacía, de los notarios, los alguaciles y de los intérpretes judiciales en un grave atentado a la autonomía e independencia del Colegio de Abogados y del Colegio de Notarios, a quienes despoja de sus atribuciones legales, atentando contra el libre ejercicio de esas profesiones.
Dijo que no descarta que esas profesiones solo podrán ejercerlas quienes no sean contrarios a los intereses del presidente de la República de turno.