El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Procuraduría General de la República una investigación urgente de las graves denuncias de irregularidades durante el proceso marcado con el No. PASAPORTES-CCC-PEEX-2023-0001, para la adquisición de un millón cincuenta mil libretas de pasaportes realizado por la Dirección General de Pasaportes.
Migue Surun Hernández, presidente del Card, explicó que partes involucradas expresaron que en dicho proceso se registró una manipulación dolosa por parte del Departamento de Compras de la Dirección de Pasaportes para lograr la exclusión de determinados oferentes de calidad, imponiendo la selección de TRANSNEG, SRL y MIDAS DOMINICANA, S.A., que ofertaron las libretas RD$261 pesos por encima del precio regular y que la propia institución había pagado a una de las oferentes en diciembre del 2022, según se hace constar en contrato suscrito con MIDAS DOMINICANA, S.A., lo que implica una posible sobrevaluación por más de 270 millones en perjuicio del Estado.
El presidente del Card expresó que simular un precio irreal para distraer fondos públicos es un hecho grave y cuestionable, ya que no existe forma posible de justificar el desproporcional aumento de precios en tan sólo tres meses, sobre todo si se trata del mismo suplidor.
"Estamos en presencia de hechos que comprometen no sólo el erario público, sino que además es un vil atentado contra la identidad nacional, afectada por un documento de pésima calidad, sin garantías alguna de fiabilidad, seguridad y certeza que por ser vulnerable a alteraciones podría servir para el tráfico de personas y terrorismo, situación denunciada por el gobierno de Francia y por Nara, S.R.L., representante local de HID Global, de Estados Unidos, qué objetaron la licitación", expresó el gremialista.
Solicitó a la Procuraduría General de la República investigar a todos los funcionarios de la Dirección General de Pasaportes involucrados en el proceso que calificó como fraudulento y a los ejecutivos de las empresas beneficiarias, ya que se está ante la posible comisión de una estafa agravada, sobrevaluación, coalición de funcionarios y prevaricación en perjuicio del Estado Dominicano.
Además, el presidente del Colegio de Abogados exigió la investigación de las empresas TRANSNEG, SRL y MIDAS DOMINICANA, S.A., muy especialmente respecto a su relación con la empresa GB Group, propiedad del empresario haitiano Gilbert Bigio, socio de Pablo Portes, asesor empresarial del Poder Ejecutivo.
Midas Dominicana
El gremialista calificó como sospechoso que la empresa MIDAS DOMINICANA, S.A., beneficiaria de este proceso tenga graves cuestionamientos por parte de la Cámara de Cuentas por tener contratos para la plataforma tecnológica en Cancillería, así como para el proyecto consular, cuyo monto fue cobrado, pero no ejecutado en cuanto a la instauración de dicha plataforma.
Colegio de Abogados considera injusta la imposición de dos millones de pesos como garantía economía
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís, ordenó este lunes la puesta en libertad de Ruddy Santos Ramírez, a requerimiento y seguimiento del Colegio de Abogados, tras este estar preso durante casi tres años por una supuesta agresión a una inquilina.
Miguel Surum Hernández, presidente del Colegio de Abogados y quien asumió la defensa del acusado, saludó la puesta en libertad de Santos Ramírez, sin embargo, consideró injusta la imposición de dos millones de pesos como garantía económica.
Surun Hernández, quien el pasado miércoles sometió un habeas corpus en favor de Ruddy Santos Ramírez, reiteró que tanto el acusado como su familia son de bajos recursos económicos lo que les dificulta el pago de la garantía económica impuesta por el tribunal.
Se recuerda que Rudy Roberto Santos Ramírez, se hizo viral a través de en un video rogando por su libertad, denunciando públicamente la ilegalidad de prisión, por falsa acusación de violencia contra la inquilina que quería evitar su desalojo de un inmueble propiedad de dicho ciudadano.
De acuerdo a Surum Hernández, Santos Ramírez ha sido mantenido ilegalmente en la cárcel por casi 3 años, más del duplo permitido por el artículo 241 del Código Procesal Penal, que consagra cese de la prisión preventiva a los doce meses de imposición
Fijan cese de prisión preventiva para el próximo lunes 22 de mayo
San Pedro de Macorís. -La Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, rechazó este jueves el Habeas Corpus interpuesto por el Colegio de Abogados (CARD) en favor de Ruddy Santos Ramírez, quien lleva casi tres años de prisión de manera ilegal y abusiva por una agresión simple cuya competencia es del Juzgado de Paz, de acuerdo al presidente del CARD Miguel Surun Hernández, quien asumió el caso tras hacerse viral en las redes sociales.
“Como gremio deploramos que el juez de los Habeas Corpus se declarara incompetente para proteger los derechos de personas de escasos recursos económicos, a pesar de que admitiera que la prisión preventiva finaliza al transcurrir 12 meses de su imposición al tenor del artículo 241 del Código Procesal Penal” consideró Miguel Surum Hernández.
Asimismo, condenó que el sistema de justicia se encuentre atrapado en la burocracia que solamente protege los derechos fundamentales dictando sentencia en favor de corruptos y narcotraficantes, al tiempo de reiterar que seguirá luchando por un verdadero Estado de derecho para Ruddy Santos Ramírez y cientos de presos preventivos de escasos recursos económicos que, según el jurista, sus derechos fundamentales están siendo violados.
Para el próximo lunes 22 el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, fijó para las 9am la audiencia del cese de prisión preventiva donde se espera que se decrete la libertade Ruddy Santos Ramírez.
Se recuerda que Rudy Roberto Santos Ramírez, se hizo viral a través de en un video rogando por su libertad, denunciando públicamente la ilegalidad de prisión, por falsa acusación de violencia contra la inquilina que quería evitar su desalojo de un inmueble propiedad de dicho ciudadano.
Justicia no puede funcionar con jueces y fiscales ganando salarios de miseria
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), realizó una multitudinaria marcha, por los 19 años de violación a la independencia de la justicia, que obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a mendigar al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional la entrega de recursos necesarios para mejorar las condiciones de jueces y fiscales, a pesar de que sus partidas, equivalentes al 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional para el sector justicia en el 2022, están contempladas en la Ley 194-04, de Independencia y Autonomía Presupuestaria.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, afirmó que el Poder Ejecutivo coacciona y obliga al Poder Judicial y a la Procuraduría General de la República a presentar proyectos de presupuestos muy por debajo de los porcentajes dispuestos por la Ley 194-04, no solo plasmando el nivel de sumisión y dependencia de la justicia, sino generando las falencias y deficiencias en la administración de justicia, que es la principal causa de que existan 18 mil presos preventivos en condiciones infrahumanas, con procesos que se eternizan por falta de fiscales, jueces y personal que no son contratados, por falta de recursos.
“Las limitaciones de recursos han imposibilitado la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales aprobados por leyes especiales, que gran parte de los actuales laboren en condiciones deplorables, que los titulares y otros servidores del Ministerio Público reciban salarios pírricos y carezcan de condiciones para perseguir el crimen", dijo el jurista.
Surun Hernández manifestó que la carencia de recursos también ha estancado la contratación de mil 200 nuevos fiscales y la apertura de 400 fiscalías que estaban en proyecto, situación que mantiene asfixiado económicamente al sector judicial.
El gremialista dijo que en la República Dominicana no se puede hablar de independencia de la justicia, mientras los poderes públicos, el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo mantengan en estado de estrangulamiento al sistema judicial y se continúe incumpliendo la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria.
Asimismo, valoró el inicio del acatamiento por parte del Poder Judicial, de la sentencia TC/0286/21, que establece que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Carta Magna.
El jurista agregó que el Colegio de Abogados continuará la lucha en favor de la independencia presupuestaria del Poder Judicial y en contra del desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), será por lo menos de unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos.
Presidente del CARD insiste en la necesidad de trabajar con ética y transparencia
A partir de este viernes otros 253 profesionales del derecho pasaron a ser parte del Colegio de Abogados, y es que en un acto encabezado por su presidente Miguel Surun Hernández fueron juramentados cómo miembros.
Durante la toma de juramento, Surun Hernández les instó a poner en alto su profesión, siempre en defensa de las mejores causas y trabajando con apego a la honestidad, integridad y ética.
En el mismo acto se desarrolló el curso taller Ética Profesional y Motivación a cargo de Lucia Florentino secretaria de organización del gremio.
Los nuevos miembros, también recibieron certificados que los acreditan formalmente como integrantes de este gremio.
Además del presidente del CARD Miguel Surun Hernández, también asistieron miembros del Consejo Directivo.
Lamentan que el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís para justificar su negligencia ante abuso grosero contra un ciudadano, tergiverse causas de prisión
San Pedro de Macorís, República Dominicana.- El Colegio de Abogados sometió un Habeas Corpus en favor de Rudy Roberto Santos Ramírez, quien aparece en un video rogando por su libertad, denunciando públicamente la ilegalidad de prisión, por falsa acusación de violencia contra la inquilina que quería evitar su desalojo inmueble propiedad de dicho ciudadano, que alegaron un fuerte discusión en presencia del esposo de dicha inquilina, quien de haberse generado dicha agresión, hubiera intervenido para defender a su cónyuge.
"Estamos en presencia de un verdadero abuso de poder del Sistema de Justicia, contra una persona con discapacidad, que es mantenida ilegalmente en la cárcel por casi 3 años, más del duplo permitido por el artículo 241 del Código Procesal Penal, que consagra cese de la prisión preventiva a los doce meses de imposición; Frente a una acusación absurda, sin pruebas, sin fundamento, sin víctima pues nunca asiste al proceso; Y que el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís, supuesto garante imparcial de los derechos fundamentales de los justiciables, emite nota de prensa, no solo tergiversando los hechos, pues no se trata de violación sexual, ni violencia contra menores, sino violencia curables a los 5 días, según refiere el certificado médico forense y la denuncia de la supuesta víctima; Hechos que de comprobarse conllevan una pena máxima de 60 días, al tenor del artículo 311 del Código Penal; Dicho Tribunal, supuesto encargado de “juzgar” a Ruddy Santos, miente descaradamente al no existir sentencia condenatoria contra Ruddy Santos, pues la emitida en su contra, fue anulada por la Corte de Apelación, por ausencia total de sustento probatorio" sostuvo Miguel Surum Hernández
Surum Hernández, consideró que situaciones como esa, reflejan la grave crisis institucional que afecta el país, donde el mismo sistema de justicia, en lugar de proteger los derechos de los imputados, tergiversa aviesamente lo hechos para justificar lo que consideró como un secuestro perpetrado por quienes están sujeto a granizar los derechos.
Asimismo, lamentó que el sistema de justicia dominicano pisotea todo el bloque de constitucionalidad garante de los derechos fundamentales, por defender su imagen antes que los derechos ciudadanos, defiende lo indefendible, en franca violación del artículo 40.6 de la Constitución donde se dispone la inmediata puesta en libertad de quienes se encuentren privados de libertad irregularmente, tal y como ha ocurrido en los casos de corrupción y narcotráfico, en cuyo favor fue dictadas ordenes de libertad tan pronto cesaron sus prisiones preventivas por efecto de la duración máxima de dicha medida de coerción, consagrada en el artículo 241 del Código Procesal Penal.
Además, puntualizó que dicho caso plasma el fracaso institucional de un sistema de justicia incapaz de garantizar mínimamente los derechos consagrados en la Constitución dominicana, incluyendo presunción de inocencia, debido proceso y derecho a Juez imparcial, salvo que se tengan recursos económicos o políticos.