Advierte requiere aprobación especial por ser ley orgánica de conformidad con el artículo 212 de la Constitución.
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en la Cámara de Diputados formal oposición al proyecto de Ley de Fideicomisos, por considerar que la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la creación de un Estado paralelo, con presupuesto paralelo, manejado en la clandestinidad, cuyas operaciones serían manejadas con total discrecionalidad e impunidad, tal y como se contempla en su artículo 13, que de manera expresa excluye la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, respecto a las operaciones administrativas de los Fideicomisos Públicos, los cuales serán regidos por el reglamento que creará cada fideicomiso, por cuya violación solo habrá sanción administrativa, no penal, abriendo las puertas a la impunidad y a la corrupción en el manejo del patrimonio y los recursos públicos.
“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, no solo porque legitima la contratación de deudas de manera indiscriminada, sin control ni registro en la Dirección de Deuda Pública, sino porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas, que contraviene la Constitución de la República, muy especialmente en los artículos 140, 146, 233, 245, 246 y 248”, afirmó el gremialista.
Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas estén a favor de empresarios oligarcas, quienes, sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.
Recordó a los diputados que al tratarse de una ley orgánica regulada por el artículo 112 de la Constitución, para su aprobación se requiere de las dos terceras partes de los diputados presentes, pues dicho proyecto de fideicomiso público afecta no solamente el régimen económico financiero, sino el presupuesto, la planificación y la inversión pública, por lo que llamó a los partidos políticos de oposición representados en ese hemiciclo, sin cuyo apoyo no es posible la aprobación de dicho proyecto, a defender el patrimonio público, la transparencia y la institucionalidad de los bienes propiedad del Estado dominicano.
Apuntó que en la actualidad no existe vacío en esa materia, pues los llamados Fideicomisos Públicos son regulados por las leyes 340-06, de Compras y Contrataciones de Bienes; Ley 200-04, sobre Información Pública; Ley 247-12, de Administración Pública; Ley 10-07, de Control Interno del Sector Público, por tratarse de Patrimonio Público y advirtió que con la pieza legislativa se pretende eliminar esa competencia para anular cualquier resquicio de transparencia en la operación.
Denunció que el Gobierno en lugar de recurrir a la Ley 47-20 de Alianza Público Privada, recurre ilegalmente a los Fideicomisos Públicos, pues le permite total discrecionalidad al momento de la contratación, asignación y manejo del patrimonio y fondos públicos.
El presidente del CARD lamentó que lejos de reforzar la protección del patrimonio público y eficientizar los servicios, las actuales autoridades han emprendido una política de entrega de todo el patrimonio del Estado y de todos los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos honesta y pulcramente.
El jurista agregó que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución, que establece que la Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.
Audiencia fue aplazada para el 21 de febrero del 2023
Santo Domingo, República Dominicana. - La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) inició este miércoles el conocimiento de la Acción de Amparo interpuesta por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) tendente a instaurar el Seguro Contributivo Subsidiado contemplado en la Ley 87-01 para los profesionales independientes, entre los que se encuentran los del Derecho.
A su salida de la sala de audiencias, el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, indicó que el artículo 7 de la referida legislación y el 119 establecen que las ARS deben cubrir el 70% de las medicinas y tratamientos en las farmacias, cuyo mandato ha sido desacatado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) por más de 21 años, dejando desamparados a cientos de abogados y otros profesionales que trabajan de manera independiente.
Surun Hernández señaló que la Seguridad Social es un derecho consagrado en el artículo 7, literal C, de la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de la Seguridad Social, el cual establece la obligatoriedad de la implementación de un Régimen Contributivo Subsidiado, que protegerá a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta del empleador.
“No permitiremos que se continúe violando el derecho de nuestros miembros a tener acceso al Seguro Contributivo y recurriremos a las instancias que sean necesarias para que se cumpla ese mandato de la ley”, afirmó Surun Hernández.
El gremialista externó que como institución están comprometidos a continuar con su lucha por las vías legales y sociales pertinentes, a los fines de que de una vez por toda se dé cumplimiento a la referida legislación, muy especialmente lo relativo a otorgar en favor de los abogados la cobertura correspondiente.
El presidente de Card informó que la audiencia fue aplazada para el 21 de febrero del 2023, a solicitud de la parte demandada, que pidió tiempo para tomar conocimiento de la instancia y aportar documentos.
Reiteran llamado al Consejo de la Seguridad Social a dar cobertura de salud a los trabajadores independientes
Santo Domingo, República Dominicana. - Cientos de médicos y juristas afiliados a los Colegios Médico Dominicano (CMD) y de Abogados de la República Dominicana (CARD) volvieron a marchar contra la labor realizada por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y de Fondos de Pensiones (AFP), en demanda de mayor cobertura médica, de salud y pensiones dignas para la población; así como para que se incluyan los profesionales independientes a la Tesorería de la Seguridad Social (TSS).
La marcha estuvo encabezada por Senén Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano; respaldada por Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados; la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), el diputado Pedro Botello y representantes de otros gremios profesionales y técnicos.
La manifestación pacífica inició en la sede del Colegio Médico Dominicano y concluyó en el Congreso Nacional, en donde entregaron un documento a legisladores.
El presidente del CMD, Senén Caba, aseguró que las ARS generan 13 millones de pesos diarios y que desde su fundación han obtenido más de 72 mil millones de pesos que no se han visto reflejados en beneficio de los usuarios del sistema.
Caba reclamó, además, que Senasa asuma a todas las familias dominicanas y denunció que las prestadoras de salud y las aseguradoras no ofrecen las coberturas necesarias para los afiliados, pagan poco y con retrasos a los médicos en múltiples ocasiones, lo que dificulta la labor de los galenos.
En tanto que el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, exigió la inclusión de los profesionales y técnicos independientes en la cobertura de la Tesorería de la Seguridad Social, tal y como lo establece la Ley 87-01 que creó el Consejo Nacional de la Seguridad Social.
Surun Hernández recordó que dicha Ley, aprobada en 2001 y que entró en vigencia en el 2003 hace 18 años, no ha sido cumplida por las autoridades, a pesar de que la misma establece la aplicación del Régimen Contributivo Subsidiado, que dispone la protección y cobertura de los profesionales y técnicos independientes con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta del empleador.
El gremialista denunció que el incumplimiento de este sistema ha permitido que las AFP acumulen recursos y obtengan ganancias multimillonarias.
“La seguridad social es un derecho que está consagrado en el artículo 7, literal C, de la Ley 87-01, que crea el Sistema Nacional de la Seguridad Social y esto no se está cumpliendo", dijo el gremialista.
Surun Hernández estuvo acompañado del secretario de Educación del CARD
Santo Domingo, República Dominicana. - El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández se reunió con el exmandatario Leonel Fernández con quien conversó sobre diversos tópicos de la vida nacional y el entorno internacional.
En el encuentro, Surun Hernández estuvo acompañado de Cesáreo González Suero, secretario de Educación del CARD.
En la reunión con el también presidente del Partido Fuerza del Pueblo, el gremialista abordó temas de la vida social y política dominicana y de lo que sucede en países como Perú, Rusia y Ucrania.
De igual forma, Fernández, Surun Hernández y González Suero conversaron sobre las amenazas que se ciernen sobre el país.
El presidente del Colegio de Abogados también trató con el Leonel Fernández el tema de la municipalidad y le planteó propuestas que pueden contribuir a una mayor eficiencia de los servicios que reciben los munícipes de las distintas demarcaciones.
Santo Domingo, República Dominicana. - La seccional del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en la provincia Santo Domingo reconoció la trayectoria profesional de Maida De Jesús Felipe, oficial del Estado Civil de la 16ava Circunscripción de Los Alcarrizos y de Edward López, procurador fiscal titular de Santo Domingo Oeste.
Eva García León, presidenta de la seccional, destacó los aportes de los juristas al desarrollo del municipio y su disposición al servicio de la clase jurídica.
De su lado, los profesionales del Derecho agradecieron la distinción del Colegio de Abogados de reconocer la labor que realizan, la que afirmaron siempre es en favor de los mejores intereses.
Al acto se dieron cita personalidades de la vida social, comunitaria y política, así como abogados, entre ellos Johnny Aristy, presidente de la Asociación Dominicana de Abogados (ADOMA), Máximo Rodríguez, director de la Fiscalía Los Alcarrizos, Joaquina More, Abogada suplente de la Junta Central Electoral (JCE), Lanyi Karina Reyes, regidora del distrito municipal Villa Linda-Palmajero, entre otros.
Calificó como positiva anular decisión afectaba comercios de la provincia Santo Domingo
Santo Domingo, R.D. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y la Fundación Primero Justicia saludaron la decisión del Ministerio de Interior y Policía de revocar la Resolución 007-2022, que restringió la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la provincia Santo Domingo, que fue catalogada como ilegal, inconstitucional y atentaría en contra de los derechos ciudadanos por ambos gremios.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD y de la Fundación, anunció que el gremio desestimó la acción legal en contra del Ministerio de Interior y Policía ante el Tribunal Superior Administrativo, luego de que la institución dejara sin efecto la medida, luego de dos reuniones con los comerciantes de la zona.
Surun Hernández informó que la disposición de Interior y Policía afectaba a más de 56 mil propietarios y empleados de bares y restaurantes de la provincia Santo Domingo, muchos de los cuales iban a quebrar si se mantenía dicha resolución.
El gremialista recordó que la Resolución 007-2022 violentó la libertad al trabajo, de empresa, de tránsito, a la igualdad, a la legalidad de los actos públicos, consagrados en los artículos 6, 39, 40, 50, 62 y 139 de la Constitución.
El presidente del Card advirtió que en caso de que el Ministerio de Interior y Policía intente nueva vez adoptar medidas que atenten en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el Colegio de Abogados de RD y la Fundación Primero Justicia la someterán nuevamente a la justicia, para garantizar el cumplimiento de las leyes y la Constitución de la República.
Surun Hernández destacó que en RD vivimos en un Estado de derecho en el que los funcionarios y los ciudadanos en general deben de acatar el orden Constitucional.