Magistrada Cleopatra González imparte charla sobre Ética Judicial a nuevos colegiados
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) continúa ampliando su matrícula con la juramentación este viernes de 282 nuevos agremiados, en un acto encabezado por su presidente, Miguel Surun Hernández.
Surun Hernández instó a los juristas a poner en alto su profesión, siempre en defensa de las mejores causas.
A los juramentados se les entregó certificados que los acreditan formalmente como miembros del CARD.
Además, recibieron una charla sobre Ética Judicial, a cargo de la jueza de la Corte de Trabajo, Cleopatra González, como una forma de instruirlos sobre el protocolo del sistema previo a ejercer.
En el acto estuvieron presentes Lucía Florentino, secretaria de Organización; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad; Babado Torres, secretario de Asuntos Sociales, entre otros miembros de la directiva.
CARD convoca una concentración en el Congreso Nacional el 27 de febrero en reclamo de seguro subsidiado para juristas
Santo Domingo, República Dominicana. El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) celebró con diversos actos el “Día Internacional del Abogado”, instaurado en República Dominicana, mediante el decreto 60-86 del 24 de enero de 1986.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, afirmó que este día encuentra a la mayoría de juristas de la República Dominicana desamparados, desempleados, otros laborando en condiciones deplorables con bajos salarios, precariedades de insumos, deficiencias en infraestructuras físicas, limitado acceso a la educación, de oportunidades de crecimiento, carencia de seguro médico subsidiado y otros.
“Calificó como insólito que el Consejo Nacional de la Seguridad Social del país, después de 20 años de la implementación y aprobación de la Ley 87-01, todavía se niega a poner en vigencia el seguro contributivo y subsidiado en favor de los profesionales del Derecho que laboran de forma independiente”, denunció el gremialista.
Por tal razón, Surun Hernández convocó a una concentración frente al Congreso Nacional el próximo 27 de febrero, para reiterar su reclamo de que se cumpla la Ley 87-01 y que se adopten medidas para mejorar las condiciones de los juristas del país.
Manifestó que el Card se suma a otras entidades que a una sola voz reclamarán que se ponga un alto a lo que calificó como una la mafia de la Seguridad Social.
El gremialista advirtió que las autoridades del Colegio de Abogados no detendrán su lucha en favor de los miembros del gremio.
Actividades por Día Internacional del Abogado
Las actividades por la celebración del Día Internacional del Abogado incluyeron la entrega de una Ofrenda Floral, una conferencia “La Pirámide Invertida vs la Prueba Adversa”, impartida por el jurista Pedro Duarte Canaán y entrega de certificados de diplomados impartidos por el gremio a través de la Escuela Nacional del Abogado (ENA).
En los actos también estuvieron presentes Lucía Florentino, secretaria de organización del Card; Cesario González, secretario de Educación; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad y el diputado Pedro Botello, entre otras personalidades.
Santo Domingo, República Dominicana. - El presidente del Colegio de Abogados y de la Fundación Primero Justicia, Miguel Surun Hernández, interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) un sometimiento por negación de información pública respecto a operaciones de deuda, gastos e inversión realizadas por los 27 Fideicomisos Públicos.
Dentro de las instituciones incluidas en el recurso interpuesto figuran el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, el Banco y la Fiduciaria Banreservas.
Miguel Surun Hernández informó que esas entidades y sus incumbentes violaron la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública al rehusarse a entregar información financiera respecto a inversiones, préstamos, deudas y obras relativas a los Fideicomisos Públicos, creados por el Gobierno Central.
“Haciendo uso de nuestro derecho fundamental de acceso a la información pública, en fecha 20 de diciembre de 2022, hemos realizado varias solicitudes de acceso a la información pública, dirigido a las instituciones públicas que están relacionadas, así como también a la Fiduciaria Banreservas, centrándose en la verificación de legalidad y transparencia en el manejo del patrimonio público, requiriendo, la cuales fueron negadas”, indicó Surun Hernández.
Sostuvo que entre las informaciones requeridas figuran: emitir certificación donde se haga constar la relación completa de los Fideicomisos Públicos y/o Privados creados por el Gobierno Dominicano desde el 2018 a la fecha, incluyendo aquellos fideicomisos donde el Estado Dominicano tiene participación, así como la normativa jurídica, ley o decreto en virtud del cual fue creado, incluyendo el nombre de los encargados de manejarlos, así como los componentes o miembros del comité técnico con indicación de sus respectivas funciones.
De igual forma sostuvo que requirieron emitir certificación donde se haga constar el monto erogado o desembolsado por cada uno de los Fideicomisos Públicos constituidos por el Estado Dominicano por entidades públicas, en virtud de decretos, leyes y/o donde el estado dominicano tenga participación, haciendo constar los montos erogados, desembolsados, pagados con cargo a cada uno de los citados fideicomisos, haciendo constar la fuente y el destino de dichos recursos y/o inversiones realizadas hasta la fecha.
Dijo, además, que, fue solicitada una certificación donde se haga constar las obras, inversiones, servicios y productos adquiridos, obras iniciadas, servicios recibidos con cargo a los citados fideicomisos propiedad del Estado Dominicano, de las entidades estatales y/o donde el Estado tenga algún tipo de participación.
Miguel Surun Hernández manifestó que es muy preocupante que entidades públicas se resistan revelar información pertinente a los fideicomisos públicos, los cuales envuelven patrimonio público, y que por vía de consecuencia atañen a los intereses de la nación.
“Podríamos estar en presencia de un endeudamiento paralelo y clandestino, fuera del registro y de la fiscalización ciudadana” apuntó el gremialista.
Advirtió que el CARD, Primero Justicia y él como ente social no se quedaran de brazos cruzados cuando se trate de defender al pueblo dominicano.
Advierte que el país puede ser sancionado por permitir empresas beneficiarias del crimen de tráfico de migrantes ilegales.
Santo Domingo, República Dominicana. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció que existe la complicidad de las autoridades civiles, militares y el empresariado en la sustitución masiva de mano de obra local por obreros haitianos indocumentados en los sectores agrícolas y de la construcción.
El presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, indicó que esa complicidad se constituye en una actividad criminal de tráfico ilegal de migrantes, sancionado hasta con 20 años de cárcel por la propia Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.
“Con todo esto solo se busca favorecer a empresarios que emplean hasta el 80% de mano de obra indocumentada, bajo la pasiva complicidad de las autoridades de la Dirección General de Migración, del Ministerio de Trabajo y del propio Departamento de Trabajo “afirmó Surun Hernández.
El jurista recordó que el artículo 135 de la Ley 16-92; y los artículos 135, 144, 423, 424, 433 y 434 del Código de Trabajo, así como los artículos 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 121 de la Ley 285-04, de Migración, prohíben y sancionan no solo la contratación de extranjeros indocumentados, sino que castiga con penas de cárcel el beneficiarse del crimen de tráfico de personas.
Citó el caso de las empresas agrícolas y de la construcción que ejercen esa práctica en perjuicio de la mano de obra local, bajo la sombrilla de las autoridades civiles y militares en beneficio de los empresarios, lo cual podría generar que los países sean sancionados.
“Hemos emplazado legalmente al Ministerio de Trabajo y a la Dirección General de Migración para que sometan a los empleadores, empresas de los sectores de la construcción, agrícola, turístico, zona franca y todas aquellas entidades y personas físicas y jurídicas, beneficiarias finales del crimen del tráfico ilícito de personas, disponiendo la ampliación del programa de deportación de todos los extranjeros residentes ilegales en nuestros país, bajo la advertencia de que se procederá a su formal sometimiento a la Justicia en amparo de cumplimiento contemplado en la Ley 137-11” dijo el gremialista.
Surun Hernández alertó sobre la intención del Gobierno de continuar con el malogrado proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
El presidente del CARD también consideró como catastrófico que las autoridades pretendan someter nueva vez el proyecto de Ley de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, tomando en cuenta que existe la Ley 137-03, sobre el particular.
Indicó que, además, hay una sociedad que rechaza cualquier tentativa de destrucción de la identidad nacional.
Alertó que se busca la legalización y regulación generalizada de los más de dos millones de indocumentados haitianos que hay en el país, cuyo costo de soporte y manteamiento se quiere cargar a los dominicanos, mediante un impuesto disfrazado de contribución, por lo que advirtió que el Colegio de Abogados enfrentará dicho despropósito.
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) dio inicio al curso taller Derecho Procesal Electoral y Procedimientos Administrativos ante las Juntas Electorales.
La jornada formativa, impartida a través de la Escuela Nacional de Abogados (ENA), se realizará durante tres domingos en el Politécnico Madre Rafaela Ybarra (POMARAY), en Las Caobas, Santo Domingo Oeste, de 9 de la mañana a 12 del mediodía.
La capacitación se realiza de forma presencial y es impartido por Pedro Reyes Calderón y coordinado por Eusebia Hernández.
Con esta iniciativa, el CARD busca capacitar a los juristas de cara al proceso electoral del 2024, para que puedan realizar cualquier procedimiento.
Advierte requiere aprobación especial por ser ley orgánica de conformidad con el artículo 212 de la Constitución.
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en la Cámara de Diputados formal oposición al proyecto de Ley de Fideicomisos, por considerar que la pieza pretende legalizar la entrega y el despojo irregular del patrimonio público a favor de empresarios.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, manifestó que por medio de la iniciativa se busca propiciar la creación de un Estado paralelo, con presupuesto paralelo, manejado en la clandestinidad, cuyas operaciones serían manejadas con total discrecionalidad e impunidad, tal y como se contempla en su artículo 13, que de manera expresa excluye la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas, respecto a las operaciones administrativas de los Fideicomisos Públicos, los cuales serán regidos por el reglamento que creará cada fideicomiso, por cuya violación solo habrá sanción administrativa, no penal, abriendo las puertas a la impunidad y a la corrupción en el manejo del patrimonio y los recursos públicos.
“Este es un proyecto lesivo a los intereses de la Nación, no solo porque legitima la contratación de deudas de manera indiscriminada, sin control ni registro en la Dirección de Deuda Pública, sino porque abre las puertas a la privatización generalizada del patrimonio público, incluyendo Ayuntamientos, Distritos Municipales, Ministerios, Direcciones Generales y Corporaciones Públicas, que contraviene la Constitución de la República, muy especialmente en los artículos 140, 146, 233, 245, 246 y 248”, afirmó el gremialista.
Surun Hernández indicó que con el proyecto se corre el riesgo de la desaparición del Estado y de que todas las entidades públicas estén a favor de empresarios oligarcas, quienes, sin recibir el mandato de los dominicanos, tendrán la administración de la cosa pública.
Recordó a los diputados que al tratarse de una ley orgánica regulada por el artículo 112 de la Constitución, para su aprobación se requiere de las dos terceras partes de los diputados presentes, pues dicho proyecto de fideicomiso público afecta no solamente el régimen económico financiero, sino el presupuesto, la planificación y la inversión pública, por lo que llamó a los partidos políticos de oposición representados en ese hemiciclo, sin cuyo apoyo no es posible la aprobación de dicho proyecto, a defender el patrimonio público, la transparencia y la institucionalidad de los bienes propiedad del Estado dominicano.
Apuntó que en la actualidad no existe vacío en esa materia, pues los llamados Fideicomisos Públicos son regulados por las leyes 340-06, de Compras y Contrataciones de Bienes; Ley 200-04, sobre Información Pública; Ley 247-12, de Administración Pública; Ley 10-07, de Control Interno del Sector Público, por tratarse de Patrimonio Público y advirtió que con la pieza legislativa se pretende eliminar esa competencia para anular cualquier resquicio de transparencia en la operación.
Denunció que el Gobierno en lugar de recurrir a la Ley 47-20 de Alianza Público Privada, recurre ilegalmente a los Fideicomisos Públicos, pues le permite total discrecionalidad al momento de la contratación, asignación y manejo del patrimonio y fondos públicos.
El presidente del CARD lamentó que lejos de reforzar la protección del patrimonio público y eficientizar los servicios, las actuales autoridades han emprendido una política de entrega de todo el patrimonio del Estado y de todos los servicios, bajo el alegato de su propia ineficiencia para administrarlos honesta y pulcramente.
El jurista agregó que esa política contraviene el artículo 138 de la Constitución, que establece que la Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado.