Colegio de Abogados deposita recurso de inconstitucionalidad en contra de nueva Ley de General Gestión Integral que favorece a Fideicomisos
Denuncia que dicha Ley obliga a empresas y entidades a entregar 4,000 millones de pesos al año a Fideicomisos en beneficio de empresarios y constituye un nuevo peaje sombra
Santo Domingo, R. D. El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) depositó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos No. 225-20, promulgada el 2 de octubre del 2020, alegando que en sus artículos 37, 38, 39, 40, 41 y 42, establece un nuevo impuesto que obliga a empresas y entidades a entregar anualmente RD$4,000 millones de pesos al año a Fideicomisos en beneficio de empresarios.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, informó que dicha legislación establece un “aporte anual” por parte de las empresas y entidades públicas, en franca violación a la Constitución de la República en sus artículos 4, 7, 12, 75.6, 75.12, 93.1”, 93.1.A, 128.2.D, 141, 138, 147.2, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 y 238, y 244, 245 y 246.
Surun Hernández denunció que se trataría de un nuevo peaje sombra, solo que, sin carretera, que implica que los que pagan impuestos tengan que erogar supuestos aportes de entre RD$500.00 y RD$260,000.00 pesos por cada sociedad comercial y ente del gobierno.
El gremialista explicó que esos montos en conjunto rondarían los RD$4,000 millones de pesos para ser entregados a FIDEICOMISOS PRIVADOS constituido a favor de empresarios, según el jurista.
El gremialista indicó que al cabo de 5 años esos empresarios habrían recibido la escandalosa suma de 20 mil millones de pesos, 20 veces más que el precio de cualquier planta de tratamiento o de los recursos necesarios para la limpieza y construcción de un sistema de drenaje pluvial funcional para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo o para otras obras prioritarias de los ayuntamientos.
Indicó que la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos
esa es una estocada mortal al principio de progresividad y descentralización en materia de facultades de los gobiernos locales.
Agregó que “Esta es una medida que va en perjuicio de la autonomía, independencia y gobernanza de los gobiernos locales, a quienes se le despoja del manejo de los desechos sólidos en su disposición final, en franca violación a la Constitución que consagra el aumento progresivo de las competencias locales, porque dicha competencia se transfiere a favor de empresarios”.
En ese sentido, el Presidente del gremio de los abogados llamó al Tribunal Constitucional a que actué cuanto antes, que primero suspenda de forma provisional la aplicación de dicha Ley y que luego la declare inconstitucional.
Advirtió que el Colegio de Abogados de RD se mantendrá vigilante ante aplicación de dicha Ley, alegando que la misma viola la Constitución atenta en contra de la municipalidad y del Interés colectivo de las población.
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Santo Domingo, República Dominicana.- El colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) adquirió una planta eléctrica para eficientizar los servicios que oferta la entidad.
La generadora de energía eléctrica fue adquirida luego de que el Consejo Directivo de la entidad presentó su compra.
La plata eléctrica marca CYMASA con una potencia de 47 kilovatios fue instalada en la sede central del Card, ubicada en la avenida Bolívar número 9, en el sector Gascue del Distrito Nacional.
La entidad se vio obligada a comprar la generadora de energía por el recrudecimiento de los apagones en la zona, que en ocasiones obstaculizó la agilidad en los servicios que oferta el Card a sus miembros.
Busca que el Tribunal Superior Administrativo ordene Seguro Contributivo para abogados y profesionales independientes
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de República Dominicana depositó este martes formal acción de amparo en contra de todo el Sistema de la Seguridad Social y de los funcionarios responsables de cumplir y respetar varias disposiciones de la Ley 87-01 de Seguridad Social, muy especialmente la relativa a la que consagra el Seguro Contributivo Subsidiado para los abogados y profesionales independientes.
Miguel Surun Hernández, presidente del Card, informó que el artículo 7 de la Ley 87-01 y el 119 establece que las ARS deben cubrir el 70% de las medicinas y tratamientos en las farmacias.
Entre las instituciones sometidas están en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, la Superintendencia de la Seguridad Social, la Tesorería de la Seguridad Social y todos aquellos que tengan que ver con la violación, con la falta de implementación y vigencia del Seguro Contributivo Subsidiado en favor de los abogados.
Surun Hernández señaló que la Seguridad Social es un derecho consagrado en el artículo 7, literal C, de la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de la Seguridad Social, el cual establece la obligatoriedad de la implementación de un Régimen Contributivo Subsidiado, que protegerá a los profesionales y técnicos independientes y a los trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta del empleador.
El gremialista explicó que a pesar de que dicha pieza legislativa concedió un plazo de 24 a 48 meses para el establecimiento de los seguros de salud y vejez a los profesionales independientes, hasta el momento esto no se ha logrado.
“Esta acción de amparo es una medida más para que no se continúe violando el derecho de nuestros miembros de tener acceso al Seguro Contributivo y que quede claro que no vamos a desmayar hasta que se cumpla con esta disposición legal” afirmó Surun Hernández.
El jurista expresó que ese mandato ha sido descartado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) por más de 21 años, dejando desamparados a decenas de miles de abogados y de otros profesionales que trabajan de manera independiente, cuyo derecho a la Seguridad Social está también contemplados en el artículo 60 de la Constitución.
El presidente del CARD precisó que ese gremio continuará en pie de lucha y no dará cabida a que se continúe vulnerando los derechos de sus miembros.
Artículo 60 de la Constitución
El artículo 60 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a la Seguridad Social y que el Estado estimulará el desarrollo progresivo de la Seguridad Social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez.
Función CNSS
La misión del CNSS es de garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad infancia y riesgos laborales, procurando el mayor impacto social, económico y de calidad de vida de la población beneficiaria, cumpliendo con las normas establecidas.
Colegio de Abogados afirma creación de Ministerio de Justicia obligaría a una reforma constitucional
Entiende que despojarle de atribución administración de sus recursos anularía la autonomía e independencia del Ministerio Público.
Santo Domingo, República Dominicana. El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) mostró su desacuerdo con la creación del Ministerio de Justicia, anunciado por el presidente Luis Abinader, por entender que obligaría a una reforma constitucional.
El gremio alertó que para la creación de ese nuevo organismo sería necesario modificar el artículo 175 de la Constitución, que consagra la autonomía financiera del Ministerio Público.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández, dijo este nuevo ministerio se constituiría en un peligroso revés institucional que afectaría la independencia del Sistema de Justicia en su conjunto.
“Si esta propuesta se ejecuta, los miembros del Ministerio serán simples asalariados de un ente nombrado por el Poder Ejecutivo sin el rigor que exige el cargo de procurador general de República”, dijo el jurista.
El profesional del derecho recordó que en mayo de este año, el Colegio de Abogados depositó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la designación del procurador general por un período fijo de cuatro años, tomando en cuenta la inamovilidad consagrada en el artículo 173 de la Constitución dominicana.
Surun Hernández advirtió que rechazan cualquier proyecto que debilite, vulnere o afecte la independencia y autonomía financiera de un órgano como el Ministerio Público, que es vital para la administración de justicia.
El gremialista precisó que la objetividad e independencia del órgano acusador es necesaria para garantizar el Estado de Derecho consagrado en la Carta Magna.
Artículo 175 de la Constitución
Artículo 175.- Funciones. Las funciones del Consejo Superior del Ministerio Público son las siguientes: 1) Dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público; 2) La administración financiera y presupuestaria del Ministerio Público; 3) Ejercer el control disciplinario sobre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República; 4) Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público y del personal administrativo que lo integran; 5) Trasladar a representantes del Ministerio Público, provisional o definitivamente, de una jurisdicción a otra cuando sea necesario y útil al servicio, con las condiciones y garantías previstas en la ley, con excepción de las y los procuradores adjuntos del Procurador General de la República; 6) Crear los cargos administrativos que sean necesarios para que el Ministerio Público pueda cumplir las atribuciones que le confieren esta Constitución y las leyes; 7) Las demás funciones que le confiera la ley.
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Santo Domingo Oeste, República Dominicana. El Colegio de Abogados de la República Dominicana(CARD) capacitó a 302 juristas a través del diplomado Procedimientos de Derecho de Familia que tuvo una duración de 8 semanas.
Los abogados recibieron los certificados de participación en la jornada formativa durante un encuentro realizado el domingo 30 de octubre del 2022 en el Politécnico Madre Rafaela Ybarra del sector Las Caobas en el municipio de Santo Domingo Este.
La capacitación fue impartida por Pedro Reyes Calderon, quien instruyó a los participantes sobre las normas y las instituciones jurídicas que regulan las relaciones entre los integrantes de una familia.
El diplomado realizado a través de la Escuela Nacional de Abogados (ENA) fue coordinado por Eusebia Hernández y Entidad Jurídica Santo Domingo Oeste.
La entrega de certificados del diplomado Procedimientos de Derecho de Familia fue encabezada por Lucía Florentino, secretaria de organización del Card y vicerrectora de la Escuela Nacional de Abogados.
Florentino exhortó a los graduandos a continuar preparándose para enfrentar los desafíos que se presentan en las distintas ramas de la profesión, la cual dijo debe ejercerse con dignidad.
Exigen manejo legal de fondos de la Seguridad Social, cobertura para profesionales independientes y mejora de los servicios de las ARS y AFP del país
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - Cientos de Abogados marcharon desde la sede del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) en la avenida Bolívar hasta la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) exigiendo el derecho a pensiones por edad, vejez, por discapacidad y de seguro médico para los profesionales del Derecho que laboran de manera independiente, como está contemplado en la Ley de Seguridad Social 87-01.
Miguel Surun Hernández, presidente del Card, quien habló en nombre de los manifestantes, explicó que el artículo 7, literal C, de la Ley de la Seguridad Social 87-01 establece textualmente la obligatoriedad de la implementación de un Régimen Contributivo Subsidiado, que protegerá a los profesionales y técnicos que laboran de manera independiente con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes del trabajador y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador.
En la marcha también participaron miembros de la Junta Directiva del Card; Senen Caba, presidente del Colegio Médico Dominicano; el diputado Pedro Botello; así como representantes de otras organizaciones de la sociedad civil, en respaldo a la misma.
"Calificamos como un abuso, un desacato y una burla para los ciudadanos que luego de más de 20 años de haber sido promulgada en dicha Ley, los profesionales independientes continúen desamparados, sin cobertura de salud, de riesgos laborales y de pensiones, derechos contenidos en la Ley de Seguridad Social, afectando a miles de personas, lo que no vamos a permtir", expresó el gremialista.
El jurista recordó que el artículo 60 de la Constitución de la República también consagra que todos los dominicanos tienen el derecho a tener acceso a la Seguridad Social.
Los profesionales del Derecho indicaron que estas reivindicaciones se pueden lograr si la Tesorería de la Seguridad Social hace un uso correcto, regular y legal de los recursos que maneja del Estado y de los contribuyentes y aplica el Seguro Contributivo Subsidiado.
Exigen mejorar cobertura
Los abogados que participaron en la marcha también se quejaron por la mala cobertura y las irregularidades existentes en la mayoría de las Administradoras de Riesgos de Salud y de Fondos de Pensiones, quienes en la mayoría de los casos trabajan para su beneficio y no de sus afiliados.
Además, reclamaron muchas ARS y AFP van desprotegiendo a sus usuarios mientras aumentan su edad, violándoles sus derechos y obteniendo cuantiosas ganancias de miles de millones de pesos.
El presidente del Colegio de Abogados advirtió que el gremio que agrupa a más de 70 mil miembros se mantendrá vigilante del accionar de todas estas instituciones públicas y privadas, que deben de proteger y ofrecer buenos servicios a los profesionales del Derecho, de otras ramas y a técnicos que laboran de manera independientes, anunciando que se mantendrán en pie de lucha.