Participaron cientos de abogados de forma presencial y virtual de manera gratuita.
Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) realizó el Primer Congreso Internacional Sobre el Estado Social Democrático de Derecho, que se desarrolló de forma presencial y virtual con expositores nacionales e internacionales.
La apertura del evento estuvo encabezada por el presidente del CARD, Miguel Surun Hernández; Víctor Céspedes Martínez, rector de la Escuela Nacional de Abogados(ENA); Lucia Florentino, secretaria de organización del Colegio de Abogados y vicerrectora del ENA y Máximo Calzada Reyes, coordinador nacional del congreso.
De igual forma, estuvieron presentes los profesionales del derecho Hamilton Vázquez, Ironelis Fragoso, Lourdes Pichardo, Casimiro Otaño de Oleo, Lucia Burgos, Joneiro Morel Grullon, Antonio Santos, Jenny Castillo y otras personalidades.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, destacó la importancia de este tipo de formación con el objetivo de lograr el avance de los profesionales del Derecho, lo que ha sido una prioridad durante su gestión en la que han sido impartidos más de 760 cursos, talleres, diplomados y maestrías de forma gratuita para los abogados.
Surun Hernández, sugirió a los participantes de la jornada educativa a utilizar esos conocimientos en la defensa de los derechos humanos.
“Este evento es fundamental para enfrentar las situaciones que nos esperan, en la República Dominicana hoy las garantías constitucionales están en peligro y están en peligro porque hay una clase política que durante muchos años se ha negado a invertir los recursos necesarios para garantizar la seguridad”, expresó el gremialista.
En tanto que Víctor Céspedes Martínez, rector de la ENA, afirmó que los conocimientos de los togados deben emplearse en la defensa de la dignidad humana y les hizo un llamado a los abogados a empoderarse de manera manifiesta y activa por el respeto de los derechos fundamentales y humanos.
Mientras que Lucía Florentino, vicerrectora de la Escuela Nacional del Abogado destacó la importancia de dicho evento en el participaron miles de abogados de manera presencial y virtual e indicó que dicho organismo ofrece capacitaciones continuas y de calidad en favor de la clase jurídica nacional.
El Primer Congreso Internacional Sobre el Estado Social y Democrático de Derecho fue impartido por destacados juristas nacionales e internacionales, como son: Miriam Mavel Ivanega, destacada jurista de Argentina, quien abordó el tema de los "Servicios Públicos"; y desde Colombia los juristas Luis Arturo Ramírez, quien expuso sobre la "Protección del Medio Ambiente, Ficción o Realidad" y Alejandro Augusto Bañol Betancourt, quien habló sobre las "Excepciones de Inconstitucionalidad en el Ámbito Administrativo".
Mientras que desde Perú expusieron Jorge Isaac Torres Manrique y Pedro Daniel León Estrada con los temas "Convencionalidad y Función Pública y Seguridad Social".
Asimismo, participaron los conferencistas dominicanos Pascal Peña, quien disertó sobre " La Defensa de la Competencia y Servicios Públicos"; Pedro Tomás Botello Solimán, quien expuso sobre el "Sistema Dominicano de Seguridad Social"; Jottin Cury, sobre "Constitución Económica" y Luis Carvajal, quien presentó la Ley de Agua.
Del país también expuso Ángel Gomera sobre "Los Delitos Ambientales en la República Dominicana".
Además, compartieron sus experiencias Rafael Ciprián, en torno a la "Acción de Amparo en República Dominicana"; Henry Eyner Isaza, quien trató el tema "El Contencioso de Protección de los Derechos Humanos" y Gregorio Montero Montero, que habló sobre la "Función Pública en el Estado Social y Democrático en el Estado de Derecho".
El coloquio Sobre el Estado Social Democrático de Derecho se desarrolló este sábado 4 de junio del 2022 en el local principal del Card y participaron cientos de juristas presencial y virtual por la plataforma Zoom.
Formación será extendida a las seccionales del CARD
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) conjuntamente con el Defensor del Pueblo, inauguró el diplomado semi-presencial “Constitucionalización del Derecho Administrativo y Garantía de Derechos”, en un acto realizado en el salón de actos del local de la avenida Bolívar.
La apertura del curso formativo, que tendrá una duración de 8 semanas a través de la plataforma Zoom y varios encuentros presenciales, se realizó con la conferencia “Principios y Fundamentos del Derecho Administrativo”, a cargo de Roberto Medina.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio que agrupa a los juristas, indicó que el objetivo de esta jornada formativa es que por primera vez exista un ciudadano en plena capacidad de exigir sus derechos fundamentales.
“Vamos a todas las seccionales de forma tal que los abogados y por ende los que usan sus servicios, estén en mejores condiciones de exigir los derechos fundamentales”, afirmó Surun Hernández.
En tanto, Pablo Ulloa, defensor del Pueblo, indicó que se trata de un esfuerzo de mancomunidad para implementar una formación continua de Constitucionalización de Derechos Administrativos y Derechos Fundamentales.
“El rol del Colegio de Abogados es sumamente importante para poder difundir a nivel nacional lo que terminan siendo estas dos jurisdicciones especializadas”, dijo Ulloa.
En las próximas semanas, el diplomado será extendido a otras seccionales del Colegio de Abogados, con el objetivo de que todos los agremiados puedan tener acceso a tan importante capacitación.
Indicó que para lograr una mayor independencia del Ministerio Público se puede realizar a través de leyes y no con la modificación de la Constitución de la República
SANTO DOMINGO, RD. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) depositó en la Cámara de Diputados de la República un proyecto de ley que propone la designación del Procurador@ General de la República por un período fijo de cuatro años, tomando en cuenta la inamovilidad consagrada en el artículo 173 de la Constitución Dominicana.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, informó que para lograr este objetivo deben ser modificados los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica del Ministerio Público 137-11 y no sería necesario realizar una Reforma Constitucional.
Surun Hernández indicó que “ la pieza también plantea que para ser designado el máximo representante del Ministerio Público no podrá haber pertenecido durante 10 años a organismos de dirección de Partidos Políticos o asociaciones empresariales, ni haber sido candidato a ningún cargo de elección popular u organismo de dirección de Partidos Políticos o Asociaciones Empresariales, para lo cual repito NO sería necesaria una modificación Constitucional; sino actuar tal y como ocurre en el proceso de nombramiento del Gobernador del Banco Central que es designado con requisitos establecidos en la Ley Monetaria y Financiera, que no están consagrados en el artículo 226 de la Carta Magna”.
Expresó que otros requisitos propuestos en el proyecto de ley para aspirar al cargo son ser dominicana o dominicano de nacimiento u origen, tener más de 35 años de edad, estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en derecho, haber ejercido la profesión durante por lo menos 12 años, la docencia universitaria del derecho o haber desempeñado, por igual tiempo, las funciones de juez dentro del Poder Judicial o de representante del Ministerio Público, períodos que podrán acumularse.
Surun Hernández dijo que con estas modificaciones aportaran una propuesta que puede ser consensuada con todos los sectores sociales y políticos para fortalecer el proceso de elección del Procurador General de la República y protegerlo contra retaliaciones o persecuciones surgidas por sus actuaciones.
De igual forma, alertó sobre la grave perturbación a la paz pública que provocaría el proyecto de Reforma Constitucional propuesto por el Gobierno, al considerar que pretende debilitar y destruir la justicia, entregándola por años al sector oficial empresarial, lo que no se puede permitir.
“Llamó a las fuerzas vivas a defender y apoyar la real independencia del Ministerio Público, sin destruir la independencia de las altas cortes, muy especialmente la del Tribunal Constitucional, alegando que existen sectores que pretenden desarticular su poder e independencia”, denunció el gremialista.
Exhorta a los legisladores a rechazar dicho proyecto calificándolo como un proyecto de censura o mordaza para los medios de comunicación y la población en general. Dice es estocada mortal para los medios de comunicación
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) rechazó ante la Cámara de Diputados el Proyecto de Ley Orgánica sobre Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen, por entender que atenta contra la libertad de expresión y de prensa.
Una comisión del Colegio de Abogados, encabezada por su presidente, Miguel Surun Hernández, depositó un documento en la Cámara Baja explicando las razones del rechazo de la pieza legislativa de autoría de la senadora por Bahoruco, Melania Salvador y que fue aprobada de manera “sorprendente” por el Senado de la República, según el jurista.
Surun Hernández aseguró que se trata de un “proyecto mordaza”, que promueve la censura, que viola la Constitución y varios tratados internacionales en materia de derechos humanos y que da licencia a los funcionarios para operar el manejo de la cosa pública sin cuestionamientos.
“Lo que se busca con este proyecto es blindar y librar a los políticos y funcionarios públicos, de los cuestionamientos que en democracia le corresponden hacer a los ciudadanos y a la prensa, una ley de censura, que pondría en peligro el rol de los medios de comunicación y de la población en general del ejercicio cívico y democrático de generar opinión pública por las redes sociales y otros medios”, manifestó el jurista.
El presidente del CARD rechazó los artículos 3, 5, 6, 9, 10 y 13 de dicho proyecto de Ley, alegando que el articulo 3 plantea sanciones irracionales para los medios y personas; el artículo 5 que trata sobre Derecho fundamental a la intimidad que establece que si un tercero realiza intromisiones en contra de la voluntad de una persona sin su aprobación puede ser sancionado, lo que establece límites de publicaciones de informaciones de personas que sean figuras públicas o políticos.
Surun Hernández explicó otros artículos gravosos son el artículo 6 que habla sobre el derecho fundamental al honor que plantea que es la estimación o apreciación que un individuo tiene de sí mismo en virtud del reconocimiento que los demás hacen de su dignidad como persona, lo cual es totalmente interpretativo.
Otro de los artículos más lesivo y grave es el 9 que dispone el consentimiento informado previo del uso de la imagen que expresa que un tercero solo podrá hacer uso de la imagen de una persona con el consentimiento informado previo y expreso del titular del derecho, salvo que la imagen sea captada en un lugar o evento público y sea utilizada para la presentación de una información noticiosa, artística o estrictamente personal, lo que limita abiertamente la labor de la prensa y la libre expresión de cualquier ciudadano común que quiera tirar una foto a un artista o una personalidad y subirlo a sus redes sociales.
Mientras que el artículo 10, hace referencia a las “intromisiones ilegítimas y habla sobre la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona, que afecten su reputación, honor, buen nombre o su intimidad, así como la revelación o publicación en medios no autorizados, del contenido de escritos personales de carácter íntimo”.
Asimismo, en su numeral 4 señala que “La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de las acciones o expresiones que de cualquier modo lesionan la dignidad de una persona, que menoscabe su fama, se difame o se lesione su imagen, honor y buen nombre, publicadas en cualquier medio tanto impreso como digital, tendrá consecuencias.
En tanto, el 13 plantea privilegios irritantes de inmunidad para los legisladores en torno a sus pronunciamientos.
El gremialista advirtió que si el proyecto es aprobado en la Cámara de Diputados sería una estocada mortal a los medios de comunicación y a la libre expresión del pensamiento de los ciudadanos, a través de la censura en violación de la Constitución de la República, leyes y tratados internacionales.
Además, generará constantes demandas en los tribunales contra de ciudadanos y de medios de comunicación, por lo que la rechazamos totalmente.
Violaciones
El Presidente del Colegio de Abogados explicó que el referido proyecto viola el artículo 49 de la Carta Magna sobre la Libertad de Expresión e Información que plantea que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa.
Miguel Surun Hernández dijo que asimismo vulnera la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en su artículo 13, bajo el título de Participación de la Sociedad, en las letras a, b, c y d, que disponen garantizar el acceso eficaz del público a la información; realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos programas escolares y universitarios, pero sobre todo el de respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción.
Otro violación es al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 19, numeral uno que indica que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y en el numeral 2 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideraciones de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.
También afecta la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento que rige y protege el manejo de los medios de comunicación y de sus fuentes.
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) sumó este viernes 247 nuevos abogados a su matrícula, los que fueron juramentados en un acto encabezado por el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández.
Los togados recibieron certificados que los acreditan oficialmente como parte del CARD, institución que agrupa a más de 70 mil abogados a nivel nacional.
Previo a la juramentación, Surun Hernández llamó a los nuevos profesionales del derecho a trabajar apegados a sus principios y siempre en defensa de las mejores causas.
En la ceremonia, celebrada en el local del CARD de la avenida Bolívar, participaron los miembros de la junta directiva de esa entidad: Lucía Florentino, secretaria de Organización del CARD; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad, Francisco Severino, primer vocal, Juan José Zapata; secretario de Relaciones Públicas; Elena Mercedes, secretaria General y Belkis Jiménez, secretaria de Género.
Firman convenio para programa de pasantías a togados con alguna discapacidad
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Seccional provincia Santo Domingo y la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad, (La Red) firmaron un convenio de colaboración, con la finalidad de facilitar la realización de pasantías a los profesionales del derecho con alguna discapacidad.
Eva García, presidente de la Seccional del CARD en la provincia Santo Domingo, indicó que a través del "Proyecto por una Formación Técnico Profesional Inclusiva" se brindará asistencia a los abogados que hayan alcanzado el 75% de la carrera de Derecho, mediante el programa que tendrá una duración de tres meses.
García dijo que en caso de aquellos que superen satisfactoriamente la pasantía, la Seccional emitirá una certificación, según lo establecido por la Ley 5-13 y su reglamento de aplicación no. 363-16, que dispone la inclusión laboral y educativa de las personas con discapacidad.
En tanto, Jezabel Escartín, coordinadora nacional de La Red, valoró la iniciativa, que según dijo representa un avance más en la lucha por la inclusión de los discapacitados.
El pacto fue firmado por Eva García, presidenta de la Seccional Santo Domingo del CARD y Soraya Santos, representante legal de La Red.