El gremio inicia proceso para realizar auditoría financiera de gestión
SANTO DOMINGO, RD. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) prepara los expedientes de 18 transacciones realizadas por el gremio que motivaron la realización de una investigación especial por parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), para ser entregados a ese organismo fiscalizador.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, informó que “a pesar de que la Cámara de Cuentas no tiene facultad de auditar al gremio, sino solo de fiscalizar, asesorar y realizar una evaluación de gestión, nosotros le vamos a entregar todos los detalles de 18 operaciones mencionadas en la instancia oficial que nos fuera entregada durante la accion de amparo celebrada el pasado viernes, con el objetivo de despejar dudas y para que tanto ellos como el país puedan constatar que el Colegio de Abogados de RD actúa con transparencia, pulcritud, apegado a la ley y regulaciones existentes”.
El jurista enfatizó que “en la actual gestión del CARD no tiene nada que temer, aplica sólidos controles contables y un eficiente manejo de los limitados fondos que ingresan a la institución, con un manejo de recursos con apego a la Ley 340-06, a pesar de no manejar recursos públicos".
Destacó que todos los informes financieros y procesos son publicados mensualmente en la página institucional del Colegio, con el objetivo de que los abogados, abogadas y la población en general sepan en qué son invertidos los recursos de esa institución de carácter privado.
Surun Hernández también informó que la Junta Directiva está y siempre estará abierta a la realización de auditorías, pero que las mismas sean realizadas por el Fiscal de Cuentas y por una firma auditora privada, tal y como lo establece el artículo 83 de la Ley 3-19 del gremio.
En ese orden, anunció que la Junta Directiva del CARD autorizó el inicio del proceso para la realización de una auditoría financiera del Colegio de Abogados de la República Dominicana correspondiente al último período fiscal, para el cual realizarán una licitación para la elección de una firma auditora privada.
El gremio solicitó la participación de la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, del Colegio de Contadores Públicos, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y de Participación Ciudadana para que fiscalicen el proceso y confirmen la transparencia y diafanidad con que se manejan los recursos no estatales del gremio.
Gremio reitera que actúa con pulcritud y transparencia, y dice estar abierto a la realización de procesos, pero apegados a la Ley y a la Constitución
SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional y la Junta Directiva Nacional del Colegio de Abogados de la República Dominicana, máximos órganos de Dirección de dicho gremio, compuestos por 35 presidentes de todas las provincias, calificó como ilegal, inconstitucional, insensata y abusiva la declaratoria de desacato emitida por la Cámara de Cuentas (CCRD) en contra de su presidente, no solo por usurpar las funciones de persecución, juzgamiento y condena propias de los tribunales, sino por condenar por desacato a quien no se le ha notificado la resolución que supuestamente ha desacatado, violando una vez más su propia Ley.
El Consejo y la Junta explicaron que la Cámara de Cuentas avaló esta decisión en el artículo 56 de su Ley 10-04 que habla del “Desacato de Servidores Públicos”, tal y como consta en la página 7 párrafo dos de su declaratorio de Desacato, sin embargo recordaron que el Presidente del Gremio Miguel Surun Hernández no es funcionario público, no recibe ni maneja recursos del presupuesto nacional, no maneja recursos públicos sino potestades públicas y nunca se ha negado a ser fiscalizado, tal y como demuestra un video que circula en las redes en donde el mismo el notario de la Cámara de Cuentas, certifica que Surun Hernández no se opone a auditorías y a la transparencia.
Surun Hernández lamentó que “un órgano constitucional tan importante para la institucionalidad del país como es la Cámara de Cuentas, se haya convertido en un instrumento de persecución, actuando contrario a la Ley y a la Constitución, violando todos los procesos, sumándose a campañas de descredito en contra de mi persona y del gremio y peor aún iniciando acciones a pesar de que el Tribunal Constitucional no ha fallado sobre una Acción en Conflicto de Competencia que depositamos el pasado 11 noviembre con el que se pretende determinar si la CCRD tiene facultad o no para auditar el gremio y así poder hacer las cosas correctas y dentro del marco de la Ley”.
“Resulta ilógico, inexplicable y hasta sospechoso que si el Pleno de la Cámara de Cuentas sabe que el Tribunal Constitucional, tribunal supremo de la República Dominicana, no ha emitido un fallo sobre la Acción en Conflicto de Competencia depositada por el CARD en contra de la CCRD, me declaren en desacato y amenacen con usar la fuerza pública para la obtención de documentos, es una acción de atropello, ilegal, inconstitucional y un abuso de poder que no vamos permitir”, denunció Surun Hernández.
El gremialista señaló que: “Reiteramos que en el Colegio de Abogados no tenemos ningún problema con ser auditados, fiscalizados, asesorados, acompañados, monitoreados o de desarrollar cualquier otra iniciativa, pero estas acciones deben de ser realizadas por entidades que tengan la facultad legal para hacerlo, no por caprichos, antojos, persecuciones, mandatos políticos u otras razones. Exigimos respeto y que todos actuemos apegados a las Leyes y a la Constitución, para que prevalezca la institucionalidad en nuestro país”.
“Tengo la conciencia tranquila y les garantizo a los abogados, abogadas y al país que los recursos económicos que ha recibido y recibe el gremio han sido administrados con pulcritud, transparencia y eficiencia, nuestra ejecución presupuestaria se encuentra publicada en nuestro portal institucional, firmas privadas en coordinación con nuestro fiscal de cuentas realizan auditorías anuales y lo más importante, que los resultados del trabajo y las obras realizadas la actual gestión están ahí, a la vista de todos”, expresó Surun Hernández.
Agregó que “todo parece indicar que existe una persecución en contra del gremio y de mi persona por parte de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República, motivados quizás por sectores políticos interesados, con el objetivo de afectar mi imagen y de opacar los grandes logros de mi gestión como presidente de este gremio que agrupa a más de 70 mil juristas, pero no lo van a lograr y el tiempo sacará la verdad a flote”.
“Reiteramos al país que el Colegio de Abogados de RD no es una entidad estatal, no maneja patrimonio estatal, no recibe fondos del presupuesto, ni recursos públicos, sus fondos provienen de tasas por concepto de las ventas de los sellos rojos para legalizar documentos, le paga el 10% al estado por el cobro de dichas tasas, tal como lo confirma una certificación emitida por la Dirección General de Presupuesto y la Sentencia TC/0288/20, de fecha 21 de diciembre del 2020.
¿Por qué CCRD no puede auditar el gremio?
El gremialista explicó en cuatro puntos por qué la Cámara de Cuentas no tiene facultad legal para auditar los recursos del Colegio de Abogados.
El primero es debido a que el artículo 248 de la Constitución, así como los artículos 1 y 3 de la Ley 10-07 que la crea, especifican claramente que dicha entidad solo puede ejercer control y auditoría a instituciones que manejan recursos públicos, que no es el caso del gremio, cuyos fondos provienen de tasas por concepto del servicio de fiscalización de abogados y ventas de los sellos rojos para legalizar documentos.
El segundo expresa que el CARD No maneja recursos públicos, pero si potestades públicas, que son aquellas que de origen pertenecen al Estado y que el Estado las sede para que un ente privado la ejerza, como también opera por ejemplo la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo y otras entidades.
La tercera razón expuesta es que los artículos 83 de la Ley 3-19 del Colegio de Abogados que plantea que el Fiscal de Cuentas del CARD, en su calidad de auditor externo, es quien tiene la facultad de auditar los recursos del gremio, junto a las firmas auditoras privadas contratadas anualmente y en cuya selección pueden participar los órganos de control y otras instituciones invitadas.
El cuarto punto es que el artículo 74 de la Ley del CARD que plantea sobre la Fiscalización y Control de los Fondos establece que los fondos provenientes de las contribuciones reguladas por esta ley estarán sujetos a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, lo que evidencia una vez más que dicha entidad puede fiscalizar y asesorar, pero no auditar, ya que son acciones diferentes.
Surun Hernández aclaró que existen diferencias en los procesos de fiscalización y auditoría, agregó que la fiscalización consiste en la supervisión, asesoría y acompañamiento para que el Colegio de Abogados mantenga el control, la eficiencia y garantía de un buen manejo de sus recursos, mientras que una auditoría es una inspección o verificación de la contabilidad de una entidad, realizada por un auditor.
Transparencia y Respeto a Ley
El presidente del CARD reiteró que no tiene nada que temer y que el Colegio de Abogados está abierto al diálogo y a que se lleven a cabo los procesos, pero apegados a las Leyes y a la Constitución.
Asimismo, recordó que en varias ocasiones el gremio ha solicitado a la Cámara de Cuentas y a la Contraloría General de la República su acompañamiento y asesoría para seleccionar una firma auditora privada, independiente y reconocida, para que audite los recursos del gremio, lo que demuestra la intención de trabajar en conjunto y de que prevalezca la pulcritud y la transparencia. Dichas cartas fueron remitidas el 10 de diciembre del 2020, el 28 de junio del 2021 y en otras ocasiones el CARD no ha recibido respuesta.
Tampoco ha recibido la Resolución del Pleno que ordena la referida auditoría.
Gradúa a 85 togados en Derecho Migratorio y Consular Americano
Santo Domingo, República Dominicana- El Colegio de Abogados de República Dominicana continúa el programa de capacitación a sus miembros, en procura de que estén acorde a las exigencias de los nuevos tiempos.
A través de la Escuela Nacional de Abogados (ENA), el CARD imparte constantemente cursos, talleres y diplomados en distintas áreas del saber.
Fruto de ese programa de capacitación, el gremio que agrupa a los juristas graduó a 85 abogados en el diplomado “Derecho Migratorio y Consular Americano”, en una ceremonia realizada en el municipio de Santo Domingo Oeste.
El Colegio de Abogados también realizó el curso-taller intensivo especializado ¨Derecho Consular y Migratorio``, impartido por Bernardina Reynoso, en coordinación con la Unión Jurídica de Abogados de Los Alcarrizos, en las instalaciones de la Alcaldía de ese municipio.
Actualmente, el CARD imparte el diplomado “Incidentes de la Ejecución de la Pena”, bajo la coordinación de Jenny Castillo y del docente Amaury Oviedo, como facilitador.
El diplomado tiene una duración de ocho semanas y se imparte los viernes de 7 a 9 de la noche, a través de la plataforma Zoom.
Además, los profesionales del derecho reciben la formación en “Derecho Corporativo”, diplomado en el que participan los martes y jueves, de 7 a 9 de la noche, impartido por Lourdes Pichardo y coordinado por Eva García.
Estas capacitaciones se ofrecen a través de la Escuela Nacional de Abogados (ENA), creada durante la gestión de Miguel Surun Hernández, presidente del CARD.
Advierte violan autonomía presupuestaria de ese poder del Estado
Santo Domingo. El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD) anunció que someterá un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Presupuesto General del Estado del 2022, por la baja asignación de recursos al Poder Judicial.
El anunció fue realizado por el presidente del gremio, Miguel Surún Hernández, junto a otros miembros del organismo durante una rueda de prensa.
Surun Hernández manifestó que los bajos recursos asignados a la justicia en el Presupuesto viola la Ley 194-04, que garantiza la independencia financiera del sector y establece que la justicia debe recibir el 4.10 del Presupuesto Nacional, un 65 por ciento para el Poder Judicial y un 35 para la Procuraduría General de la República.
El presidente del organismo que agrupa a los juristas indicó que no se puede hablar de una justicia independiente y eficaz cuando no se le destinan los recursos que necesita para un buen funcionamiento.
Surun Hernández advirtió que de continuar operando así ese poder del Estado continuará retrocediendo, como lo ha hecho desde que se implementaron las audiencias virtuales.
Asimismo, anunció que continuarán su lucha en favor de la independencia presupuestaria del Poder Judicial y en contra el desacato de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público (Procuraduría General de la República), será por lo menos unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto General del Estado.
Juristas participan en vistas públicas sobre el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales.
Santo Domingo.- Treinta y tres presidentes de las seccionales de todas las provincias del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), representantes de asociaciones de abogados y defensores de los Derechos Humanos denunciaron un plan para boicotear la apertura judicial ordenada mediante sentencia por el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Presidente de la Suprema Corte de Justicia.
La denuncia fue realizada en el marco de las vistas públicas que realiza la comisión que estudia el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales.
El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun Hernández, dijo que con ese plan se busca el colapso de los servicios presenciales en todo el sistema de justicia para culpar al Tribunal Constitucional, y con ello presionar al Congreso Nacional para que se apruebe al vapor, y a como dé lugar el proyecto de Ley de virtualidad.
“Esto se puede comprobar en el hecho de que han transcurrido casi tres meses de la emisión de la sentencia que ordenó la apertura de los tribunales y el Consejo del Poder Judicial no ha tomado las medidas administrativas, ni logística para dotar a los tribunales del personal secretarial para atender a los ciudadanos” denunció Surun Hernández.
El gremialista indicó, de manera escrita y verbal, que el proyecto elaborado y depositado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luís Henry Molina, busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia TC/0286/21, que estableció que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios, derechos contemplados en la Carta Magna.
Manifestó que dicho proyecto en sus artículos 11, 12, 13, 14 pretende quitarle facultades al Congreso Nacional a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que ese poder del Estado ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y la Constitución.
El presidente del Colegio de Abogados entiende que en esas condiciones predominaría la desigualdad entre los usuarios y recordó que el artículo 69 de la Constitución de la República habla sobre la Tutela Judicial y el Debido Proceso, indicando que toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita y en este anteproyecto se violentan todos estos derechos.
Los juristas también denunciaron que la pieza plantea la realización de audiencias y procesos virtuales obligatorios, no opcionales con lo que viola la Tutela Judicial; además se consagra el acceso a los expedientes judiciales por la vía virtual, eliminando el acceso presencial a través de las Secretarías que establece la Constitución y la Ley 821. Asimismo, da validez al uso de documentos escaneados.
“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales sean a discreción de un Juez” dijo Surun Hernández-
En ese sentido precisó que la iniciativa vulnera los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Código Procesal Penal, Código de Trabajo y otros.
Retrasos y retrocesos en servicios judiciales
Los abogados recordaron al Consejo del Poder Judicial que en tiempos de pre-pandemia, una fijación de audiencia se realizaba en dos horas y que en la actualidad tarda un tiempo estimado de 30 a 45 días, que los aplazamientos eran de 30 días y ahora se hacen de 3 a 4 meses y que las sentencia eran obtenidas en media hora y actualmente tardan de 20 a 30 días.
También precisaron que las copias de los expedientes antes se obtenían en una hora y que en estos momentos tardan de 30 a 45 días, por lo que la justicia era más eficiente.
Derechos Humanos
De su lado, Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos explicó que la pieza legislativa viola varios artículos de la Constitución y derechos fundamentales de los usuarios del sistema de justicia.
Denuncia que dicha pieza pretende cerrar el acceso a la justicia para el 70 por ciento de la población y quitarle facultades al Congreso Nacional
Santo Domingo, R.D. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) explicó que el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales viola varios artículos de la Constitución y derechos fundamentales de los usuarios del sistema de justicia, durante una reunión con la Comisión de la Cámara de Diputados que estudia dicha pieza, encabezada por Rogelio Genao Lanza.
Surun Hernández, quien asistió a la consulta en compañía de otros miembros del gremio, indicó de manera escrita y verbal que dicha pieza elaborada y depositada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, busca contrarrestar la declaratoria de inconstitucionalidad pronunciada por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia TC/0286/21, que estableció que la presencia física de las partes en la audiencia, es un mecanismo que procura salvaguardar los principios de inmediación, concentración y contradicción de los usuarios.
Agregó que dicho proyecto en sus artículos 11, 12, 13 y 14 pretende quitarle facultades al Congreso Nacional, a través del establecimiento de la Ley “Habilitante”, con el objetivo de que el mismo ceda en favor de otro órgano sus potestades legislativas, sobre todo en materia de garantías fundamentales, lo que atenta contra el estado de derecho y contra la Constitución.
Los juristas también denunciaron que dicha pieza plantea la realización de audiencias y procesos virtuales obligatorios, no opcionales, con lo que viola la Tutela Judicial; además se consagra el acceso a los expedientes judiciales por la vía virtual, eliminando el acceso presencial a través de las Secretarías que establece la Constitución y la Ley 821.
“Este proyecto constituye en los hechos el cierre del acceso a la Justicia para el 70% de la población Dominicana que no tiene acceso a Internet, a equipos informáticos y que las audiencias virtuales serán a discreción de un Juez”, lo que vulnera los derechos de todos los usuarios del sistema, la Carta Magna y los Códigos de Procedimiento Civil, Código Procesal Penal, Código de Trabajo y otros.”, expresó el presidente del CARD.
Asimismo calificó como preocupante que el Proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales pretenda dar validez probatoria a los documentos escaneados, tratándolos como originales, a pesar de ser fotocopias a color, lo que abriría las puertas a los fraudes judiciales, en perjuicio de la ciudadanía; así como con las audiencias virtuales, cuyo resultado depende si te envían o no el link de conexión, el acceso a la energía eléctrica, la permanencia o calidad del internet o de los equipos informáticos, lo que constituye en una desigualdad entre los usuarios.
Recordó que “El artículo 69 de la Constitución de la República habla sobre la Tutela Judicial y el Debido Proceso, indicando que toda persona tiene derecho a una justicia accesible, oportuna y gratuita y en este anteproyecto se violentan todos estos derechos”.
Miguel Surun advirtió a los diputados que de aprobarse el proyecto en estos términos, el Congreso daría la espalda a nuestro sistema Constitucional y al precedente del TC, pues como tajantemente quedó establecido, en nuestro ordenamiento no hay espacio para que ningún órgano u ente público regule o limite a su antojo derechos fundamentales de la población.