Colegio de Abogados emplaza al Poder Ejecutivo asignar el 4.10 por ciento del presupuesto al sector justicia.
Otorga plazo de 15 días para iniciar el cumplimiento de la Ley 194-04 y advierte que de lo contrario someterá a la justicia a varias instituciones
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) intimó al Poder Ejecutivo a entregar el 4.10 por ciento del Presupuesto Nacional al sector justicia, como lo establece el artículo 3 de la Ley de Autonomía Presupuestaria 194-04.
La petición fue realizada por una comisión del gremio encabezada por su presidente, Miguel Surun Hernández, que entregó un recurso de intimación a la Dirección General de Presupuesto para que cumpla dicha Ley, otorgándole un plazo de 15 días para iniciar el proceso de asignación de dichos recursos en el proyecto de Presupuesto del 2022.
Surun Hernández calificó como insuficiente el presupuesto actual del Poder Judicial, alegando que no alcanza para cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones de dicho sector.
Agregó que “Con esos fondos no se podrán instalar los 94 tribunales que están aprobados por ley que no han podido ser puestos en funcionamiento por falta de recursos, tampoco podrán ser mejoradas las instalaciones actuales, las condiciones laborales de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales, abogados; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento".
El presidente del Card dijo que para mantener una justicia independiente, lograr una lucha contra la corrupción eficiente, para manejar temas delicados, se necesita a un personal de investigación y judicial especializado, bien pagados e incentivados, lo que no se ha podido lograr actualmente por falta de recursos económicos.
Recordó que el artículo 3 de la Ley 194-04, establece que “El Presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público serán por lo menos un cuatro punto diez por ciento (4.10%) de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, y se distribuyen de la manera siguiente: Un sesenta y cinco por ciento (65%) del cuatro punto diez (4.10%) corresponderá a la Suprema Corte de Justicia y un treinta y cinco por ciento (35%) del cuatro punto diez por ciento (4.10%).
El Colegio de Abogados consideró que las buenas intenciones de independencia de la Justicia deben comenzar con respetar la ley que garantiza la independencia financiera del Poder Judicial y del Ministerio Publico, por lo que advirtió que, si en el plazo de 15 días no se obtempera a asignar las referidas partidas en el presupuesto del venidero año, procederá al sometimiento del director de Presupuesto, del Poder Ejecutivo y del Congreso Nacional.
Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) y el Comité Nacional de los Derechos Humanos Sindicales y Laborales (CONADEHUSIL)
firmaron un acuerdo interinstitucional, con el objetivo de formar a los miembros de esa entidad en estudios superiores.
El pacto fue suscrito entre Marilin de los Santos Otaño, presidenta del CONADEHUSIL y Miguel Surún Hernández, presidente del CARD.
De Los Santos Otaño afirmó que el convenio incluye la formación en materia civil y comercial, laboral, procesal penal, corporativa, administrativa, inmobiliaria y participación de los abogados en los programas de capacitación, a través de cursos- talleres especializados, diplomados, maestrías y post-grados.
Añadió que la entidad que preside tendrá a su cargo el proporcionar los espacios públicos disponibles para el uso de los programas educativos.
En tanto, Miguel Surún Hernández, presidente del CARD, valoró como trascendental el pacto, orientado a fortalecer la clase jurídica nacional.
Surún Hernández indicó que la titulación será avalada por CONADEHUSIL y la Escuela Nacional de Abogado (ENA), órgano del CARD, para aquellos alumnos que sigan y superen los programas de estudio diseñados y acordados.
El presidente de la entidad que agrupa a los abogados estuvo acompañado de Lucía Florentino, secretaria general del CARD de la provincia Santo Domingo, así como.
Además, acordaron la creación de una ventanilla única para los pagos de impuesto de los abogados, que busca simplificar el proceso de la manera más fácil y amigable para los usuarios, reduciendo el tiempo de espera.
El CARD y CONADEHUSIL trabajarán en coordinación con los programas educativos, carnetización (gratuitas) maestrías, (becas parciales y totales) post-grados (gratuitos) curso taller especializados (gratuitos), etc.
También se comprometen a desarrollar la logística necesaria para dar seguimiento al proyecto convenido.
Las partes se comprometen a realizar periódicamente el seguimiento y evaluación del presente convenio y a ejercer sus funciones, en la medida que le sea posible, a través de sistemas de comunicación no presenciales, así como a notificarse mútuamente los cambios a la otra parte.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Colegio de Abogados (CARD), denunció que el Consejo del Poder Judicial pretende eliminar los derechos laborales de los jueces de carrera a través de la Resolución 001-202, que establece el Reglamento que organiza el Sistema de Escalafón Judicial y el de Provisión de Cargos Judiciales.
Miguel Surun Hernández, informó que dicha resolución plantea el establecimiento de varias medidas que violan la Ley 327-98 de Carrera Judicial, la Constitución de la República y los derechos adquiridos de los jueces de carrera y con especialidad.
Surun Hernández explicó que la Resolución 001-202 autoriza el traslado de jueces a voluntad del Consejo del Poder Judicial, plantea la eliminación de la especialidad por áreas, establece una evaluación de desempeño igualitaria para magistrados de diversas especialidades, elimina las puntuaciones obtenidas por los magistrados en base a su preparación, tiempo de especialización, antigüedad en el servicio, méritos, capacidad, evaluación de desempeño y por producción bibliográfica, lo que es inaceptable.
Por esta razón una comisión del Colegio de Abogados de RD depositó una instancia dirigida al Consejo del Poder Judicial en la manifiesta su desacuerdo con la Resolución que pretenden aplicar y que se encuentra en consulta pública hasta el 23 de agosto del 2021.
El presidente del CARD también anunció que apoya la medida cautelar depositada por 40 jueces y la Red Nacional de Jueces de la República Dominicana ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de la referida Resolución y de la convocatoria a vistas públicas.
“Esta medida demuestra las intenciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de colocar en los principales puestos de administración de justicia a sus seguidores, incrementar su control sobre el sistema, irrespetar los derechos adquiridos de cientos de jueces el sistema y crear una distorsión al especialísimo de cada magistrado”, expresó el gremialista.
Exhortó al Consejo del Poder Judicial dejar sin efecto dicha Resolución y que si pretende modificar el Reglamento del Sistema de Escalafón Judicial y el de Provisión de Cargos Judiciales, garantizar que sea realizado respetando los derechos adquiridos de los jueces y agregando nuevos beneficios para los mismos.
Agregó que es la primera vez en la historia de nuestro país que jueces someten una medida cautelar en contra de un Presidente de la Suprema Corte de Justicia por promover acciones lesivas a sus condiciones de trabajo.
Destacó que actualmente los jueces van escalando dentro del sistema judicial por sus capacidad, méritos, resultados en evaluación de desempeño, especialidad, antigüedad en el servicio y categoría.
CARD solicita a Suprema Corte y Procuraduría establecer sistema ágil y transparente de ejecuciones de Sentencias, creando registro Nacional de Asistentes a Embargos, una responsabilidad del Mag. Luis Henry Molina, en virtud de Ley 396-19
Puede descargar aqui en el siguiente link: https://drive.google.com/file/d/1yDo1P3b4qncaS51CtBGFSICizGWNu_kS/view?usp=sharing
Santo Domingo, Republica Dominicana.- La Red Nacional de Jueces junto a un grupo de jueces sometió en el Tribunal Superior Administrativo (TSA), una solicitud de medida cautelar contra la convocatoria que invita a vistas públicas de la propuesta que deroga en su totalidad la resolución 001-202, que establece el reglamento que organiza el Sistema de Escalafón Judicial y el de Provisión de Cargos Judiciales, emitida el 23 de febrero del 2021.
En una instancia dirigida al presidente del Tribunal Superior Administrativo, los accionantes solicitan la suspensión inmediata de la convocatoria por considerar que la resolución propuesta vulnera los derechos y principios constitucionales porque dejaría sin efecto el escalafón judicial confeccionado en virtud de la norma 00-2021.
Los jueces de juzgados de primera instancia y de paz establecen en el documento presentado que la labor de un servidor judicial no se limita a funciones jurisdiccionales, sino que también incluye labores de carácter social en beneficio de la carrera judicial y la colectividad.
En ese sentido, la solicitud establece que los impetrantes manifiestan que la visión restringida de que los jueces solamente hablan por sentencia, no concuerda con el Estado democrático y de derecho y se contrapone con el rol de los jueces en el desarrollo de la justicia efectiva, eficaz y transparente.
Indican que la resolución que buscan derogar establece criterios y parámetros para la confección del escalafón judicial y establece el orden en que serian previstos los cargos judiciales, como son antigüedad en el servicio, categoría, los resultados de evaluación de desempeño, méritos, capacidad y especialidad.
Los magistrados representados por los abogados Jenkin Orozco García y José Ramón Pérez Vólquez solicitan, además, fijar como marco de provisionalidad de la medida de suspensión adoptada, la extinción de la instancia principal contentiva del recurso contencioso administrativo en perjuicio del Consejo del Poder Judicial.
Jueces que someten el recurso ante TSA
• Danilo Caraballo, juez del Primera Instancia del DN
• Rosa Evelin Fermín, jueza de Primera Instancia D. N
• Piscila Martínez Tineo, jueza de Primera Instancia del DN
• Carmen Yesenia Peña, jueza, jueza de Primera Instancia del DN
• Emilkis U. Terreo Dájer, jueza de Primera Instancia del DN
• Ingri Soraida Liberato Torres, Jueza de Primera Instancia de Santiago
• Rubén Darío Cruz Uceta, Juez de Primera Instancia de Santiago
• Clara María Vargas, jueza de Primera Instancia de Santiago
• Víctor Alfonso Ynoa Gómez, Juez de Paz del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís
• Julián Antonio Vargas Luna, Juez de Paz de Monseñor Nouel
• Daniel Emilio Medina Pimentel, Juez de Paz de Barahona (Peñón)
• Gladys Lioceet De Los Santos González, Jueza de Paz de Puerto Plata (Villa Isabela)
• Ernesto Antonio Cabral Gomera, Juez de Paz del Distrito Judicial de Bahoruco (Tamayo)
• Franchesca M. Tejada Ventura, Jueza de Paz l de Puerto Plata.
• Romaldy Marcelino Henríquez, Juez de Paz de Puerto Plata (Altamira)
• iElianny M. Mena Ureña, Jueza de Paz Monseñor Nouel (Maimón)
• María De La Cruz Tejeda Suazo, Jueza de Paz del Distrito Judicial de Santiago (Tránsito 1)
• Jesús María Díaz Ramírez, Juez de Paz de Santiago (Jánico)
• Magdelquis Yolanda Franco Peña, Jueza de Paz de San Pedro de Macorís
• Javiela Dolores Peña, Paulino, Jueza de Paz de Santiago (Sabana Iglesias)
• Rogy Del Carmen Figueroa Taveras, Jueza de Paz de San Francisco de Macorís (Villa Rivas)
• Antonio Mejía Zorrilla, Juez de Paz Itinerante de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN
• Borgen Santana, dominicana, mayor de edad, Jueza de Pazl de Santiago (Tránsito 3)
• Bladimir Abraham Peña Concepción, Juez de Paz de San José Ocoa (Rancho Arriba)
• Kenty Marisela Nuesí, Jueza de Paz wsw de Azua (Pueblo Viejo)
• Licelot Casado Guzmán, Jueza de Paz del Distrito Judicial de San Cristóbal (Bajos de Haina)
• Lee Florimón, Jueza de Paz de Bahoruco (Neyba)
• Dilcia De Peña Green, Jueza de Samaná (Las Terrenas)
• Jenny Amarilis Martínez Rivera, Jueza de Puerto Plata
• Karen Gisela Castillo Castillo, Jueza de Paz de Azua (Estebanía)
• María Consuelo Valenzuela, Jueza de Paz de Barahona (Fundación)
• Ana Inés Susana, Jueza de Paz del Distrito de San Cristóbal (Sala 2 de Tránsito)
• Myrkarla Rodríguez Mejía, Jueza de Paz de Montecristi (Guayubín)
• Argelis Ariel Rojas, Espinal, Juez de Paz de Peravia (Sabana Buey)
• Edward Augusto Gerónimo Sánchez, Juez de Paz de Elías Piña (Pedro Santana)
• Emely M. Bruno Almonte, Jueza de Paz l de Monseñor Nouel
• Iraida Altagracia Hiraldo Álvarez, Jueza Peravia
• Lucy Pamela Melo Martínez, Jueza de Paz Monseñor Nouel (Tránsito 1)
• Araujo Díaz, Juez de Paz del Distrito Judicial de Puerto Plata (Los Hidalgos)
• Yokaurys Morales Castillo, jueza de la cámara civil y comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional
• Red Nacional de Jueces de la República Dominicana
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Colegio de Abogados (CARD), denunció que el Consejo del Poder Judicial pretende eliminar los derechos laborales de los jueces de carrera a través de la Resolución 001-202, que establece el Reglamento que organiza el Sistema de Escalafón Judicial y el de Provisión de Cargos Judiciales.
Miguel Surun Hernández, informó que dicha resolución plantea el establecimiento de varias medidas que violan la Ley 327-98 de Carrera Judicial, la Constitución de la República y los derechos adquiridos de los jueces de carrera y con especialidad.
Surun Hernández explicó que la Resolución 001-202 autoriza el traslado de jueces a voluntad del Consejo del Poder Judicial, plantea la eliminación de la especialidad por áreas, establece una evaluación de desempeño igualitaria para magistrados de diversas especialidades, elimina las puntuaciones obtenidas por los magistrados en base a su preparación, tiempo de especialización, antigüedad en el servicio, méritos, capacidad, evaluación de desempeño y por producción bibliográfica, lo que es inaceptable.
Por esta razón una comisión del Colegio de Abogados de RD depositó una instancia dirigida al Consejo del Poder Judicial en la manifiesta su desacuerdo con la Resolución que pretenden aplicar y que se encuentra en consulta pública hasta el 23 de agosto del 2021.
El presidente del CARD también anunció que apoya la medida cautelar depositada por 40 jueces y la Red Nacional de Jueces de la República Dominicana ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de la referida Resolución y de la convocatoria a vistas públicas.
“Esta medida demuestra las intenciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de colocar en los principales puestos de administración de justicia a sus seguidores, incrementar su control sobre el sistema, irrespetar los derechos adquiridos de cientos de jueces el sistema y crear una distorsión al especialísimo de cada magistrado”, expresó el gremialista.
Exhortó al Consejo del Poder Judicial dejar sin efecto dicha Resolución y que si pretende modificar el Reglamento del Sistema de Escalafón Judicial y el de Provisión de Cargos Judiciales, garantizar que sea realizado respetando los derechos adquiridos de los jueces y agregando nuevos beneficios para los mismos.
Agregó que es la primera vez en la historia de nuestro país que jueces someten una medida cautelar en contra de un Presidente de la Suprema Corte de Justicia por promover acciones lesivas a sus condiciones de trabajo.
Destacó que actualmente los jueces van escalando dentro del sistema judicial por sus capacidad, méritos, resultados en evaluación de desempeño, especialidad, antigüedad en el servicio y categoría.