Convoca manifestación por independencia e inamovilidad de jueces. “Precedente funesto para independencia de Justicia"
Santo Domingo. -El Colegio de Abogados de la Republica Dominicana lamentó hoy la sentencia emitida por el tribunal superior administrativo rechazando el recurso de amparo interpuesto por el magistrado juez de la suprema Moisés Ferrer quien fue trasladado de manera forzosa de la TERCERA SALA a la segunda sala penal de ese máximo tribunal. El presidente del Card, dijo que esto refleja el clima de terror que actualmente impera en la judicatura nacional.
Dicha sentencia, explicó constituye un grave revés no sólo contra el Estado derecho si no contra la independencia del poder judicial pues se ha constituido en la legalización inconstitucional de los traslados forzosos de los jueces situación que considero preocupante para la seguridad jurídica del país.
"Anunciamos que impugnaremos ante el tribunal constitucional dicha sentencia y que el colegio de abogados no descansará hasta lograr la reinstauración de una justicia independiente libre de control político a tales fines estamos convocando una manifestación frente al Congreso Nacional el próximo miércoles 14 a las 9:00 de la mañana para exigir respeto a la inamovilidad judicial y a la independencia de los jueces.
Miguel Surun Hernández reitera que el presidente de la Suprema Corte de Justicia mantiene "un control férreo sobre las decisiones judiciales".
Surun Hernández, informo que tras bastidores se rumoran acuerdos trabas, señalando que al actual presidente Luis Abinader se le ha prometido obediencia total lo que le ha permitido al presidente de la SCJ actuar a sus anchas persiguiendo sus enemigos a lo interno y externo, "esta vez le tocó el turno a Moisés Ferrer el próximo en la lista es Leonardo Tineo Recio quien ya no es del Consejo del poder judicial". Las mismas acciones se debe esperar contra todos aquellos jueces que se oponen "a los deseos del tirano judicial Luis Henry Molina.
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) denunció este jueves que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), doctor Luis Henry Molina, “ha iniciado persecución contra magistrados que denunciaron cierre de justicia”, ordenando sus traslados.
El doctor Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, sostiene que esa actitud es “una muestra hasta qué punto en la Republica Dominicana, las decisiones judiciales tendrán que responder única y exclusivamente a los intereses de ese grupo”.
“Que lo sepa la comunidad internacional en RD, se ha instaurado un régimen de terror y persecución, no solo a lo interno del Poder Judicial, sino también de la sociedad dominicana con decisiones judiciales que vienen contra organizaciones contraria al partido que pertenece el actual presidente de la Suprema, y al propio Gobierno”, expresó.
Explicó que las decisiones que según, dijo “vienen a nivel de la Jurisdicción Administrativa vienen en contra del gobierno a partir del 2022 con fines eminentemente políticos. Porque de eso es que se trata de convertir el Poder Judicial en una plataforma política para atacar al gobierno, al PRM, a La Fuerza del Pueblo y a todos aquellos adversarios del actual presidente de la SCJ”.
Al ofrecer una rueda de prensa frente al edificio de la Procuraduría General de la República, reiteró su llamado al Congreso Nacional que “despierte del sueño de complicidad con Luis Henry Molina y ejerza sus funciones constitucionales”.
En rueda de prensa, frente al edificio de la Procuraduría General de la República, explicó que el presidente de la SCJ, ya inicio preparativos para el traslado de Jueces del Tribunal Superior Administrativo, TSA que dictaron sentencia de Amparo en su contra.
Además, agregó a jueces de Sala Administrativa de la Suprema Corte de Justicia.
“Como es posible que trasladen a un juez, imagínense ustedes, si a un juez de la Suprema Corte de Justicia se le vulnera el derecho constitucional de la inamovilidad que puede esperar un simple Juez de Paz cuando Luis Henry Molina lo llame porque dicto sentencia contra el PRM o contra cualquier partido político”, reiteró.
De acuerdo al presidente del CARD, esta situación es “simplemente el final del Estado de Derecho que hemos estado advirtiendo reiteradas veces en el país”.
Ante la situación, advierte que el Colegio de Abogados no quiere ver al presidente de la República, Luis Abinader, al PRM, a la Fuerza del Pueblo lamentarse por las consecuencias que pueda generar su inactividad y su complicidad en el día de hoy.
Advierte que “están preparando un plan macabro contra el Gobierno, la Fuerza del Pueblo y contra los adversarios de Luis Henry Molina”.
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El CPJ sometió la demanda ante el TC en octubre de 2020, en contra de la sentencia 0030-02-2020-SSEN- 00274, dictada por la Primera Sala del TSA, el 9 de septiembre de 2020, la cual le ordenó levantar la suspensión de las labores en los tribunales del país, que dispuso mediante el acta 02-2020, a causa de la pandemia del Covid-19.
Ahora está pendiente la decisión del TC sobre el recurso de revisión de amparo de manera principal que interpuso el CPJ, con el que pretende lograr la nulidad del fallo atacado.
Aunque el CPJ anunció que acataría la sentencia, impugnó ante el TC el fallo del TSA, al considerar que “existen razones constitucionales que ameritan una revisión por parte del máximo intérprete de la constitución para no afectar el orden constitucionalmente establecido”.
En la demanda en suspensión, el CPJ sostiene que “la sentencia que ordena la apertura de todas las sedes del Poder Judicial no contempla que algunas no cuentan con la infraestructura para mantener el distanciamiento físico requerido por el Covid-19, lo cual pone en riesgo la salud de los jueces, servidores y usuarios judiciales”.
El órgano argumentó, en un comunicado de prensa, que “ya había dispuesto la apertura de las sedes que contaban con la infraestructura para mantener el distanciamiento físico que impone el COVID-19”.
ABOGADOS
Una acción de amparo
En la sentencia impugnada, el TSA acogió una acción de amparo interpuesta por el presidente del Colegio Dominicano de Abogados (CARD), Miguel Surum Hernández, en contra del Consejo del Poder Judicial.
Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD, denunció los aprestos por parte del Consejo del Poder Judicial de alterar los derechos adquiridos de cientos de jueces mediante la alteración de posicionamiento que ostentan en el escalafón del PJ a los fines de manipular los nombramientos y ascensos de puestos de Presidente de Tribunal y de Corte a nivel nacional.
Miguel Surún Hernández, presidente del Card, sostuvo en rueda de prensa que esa acción manipuladora tiene el propósito de instaurar una dictadura compuesta única y exclusivamente por activistas al servicio del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Luis Henri Molina dejando de lado a personas que por décadas han estado prestando servicio al sistema de justicia del país.
En ese orden, explico que el proceso de puntuación para asignar el posicionamiento, escala, asignado para fines de ascenso, no puede ser modificada por una resolución posterior, “máxime cuando el presente CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, en casi dos (02) años, no ha ascendido un solo Juez, lo que se interpretaría como cambio de las reglas de juego en medio del proceso, que favorecería a un sector, en perjuicio de otros, lo cual es evidentemente inconstitucional”.
El presidente del Colegio de Abogados de la República, recordó que el artículo 110 de la Constitución establece que : “ En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.
En el caso de la especie, agrego, se pretende mediante el cambio de puntuación consagrado en los artículos 10, 11, 12, 21, 22 y 24 del susodicho proyecto de reglamento, MODIFICAR EL CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN PARA FINES DE COLOCACIÓN EN LA PRIORIDAD, PARA ASCENSO DE CADA JUEZ, AFECTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AQUELLOS JUECES, QUE POR ANTIGÜEDAD YA OCUPAN LOS PRIMEROS LUGARES EN EL ESCALAFON.
En tal sentido, cito a los periodistas varios ejemplos para señalar que:
a) Se pretende igualar en puntuación, asignada por antigüedad en la Carrera Judicial, Categoría, Materia-Especialidad, Departamento, de formal que aquellos Jueces con más de 30 años en dichos renglones, tendrán la misma puntuación que aquellos con 20 años (Art. 10, Párrafo II, III, IV y V), pero no se detiene ahí, pues tiene un descenso en cascada de la reducción de la importancia del tiempo en la Carrera, y al Final puede dar lugar a injusticias tales, como Jueces de una Categoría inferior, ascendidos a Presidentes por encima de los miembros antiguos de un Tribunal o una Corte.
b) Peor aún, destacó en el artículo 10, Párrafo VII, reduce aún más la puntuación y la posición que actualmente ostentan los Jueces que ocupan posiciones interinas, (Que son la Mayoría), y las reduce a prácticamente nada, pues iguala al que tenga hasta 30 años con el que tiene 3 años, asignándole 2 puntos; Disposición que además de afectar un derechos laboral adquirido, contraviene el artículo 18 de la Ley 327-98, que establece: ”Para los traslados o ascensos se tendrán en cuenta, rigurosamente, además de las condiciones exigidas por la Constitución, el mérito personal y la antigüedad en el ejercicio de la función en la categoría o grado inferiores y, en igualdad de condiciones, se preferirá́ al candidato de mayor edad; Antigüedad que está siendo desechada en virtud de la propuesta de reglamento.
c) El artículo 11 del referido reglamento, pretende no solo borrar la puntuación y posición para acenso que tiene en la actualidad cada Juez, borrando los últimos 25 años de evaluación por desempeño, consagrando que solo será tomada la evaluación de los últimos 3 años, dos de los cuales corresponden al presente CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, lo cual, asegura “no solo es ilegal e inconstitucional, sino que además de manera anticientífica, le asigna una puntuación excesiva de 48.30, ya que (el anterior reglamento le asignaba a dicha evaluación 15 puntos), lo que prácticamente colocaría en manos del actual Consejo del Poder del Poder Judicial, el posicionamiento para ascenso de los nuevos jueces, tomando en cuenta que dominan los últimos tres años, máxime cuando observamos que son eliminados las puntuaciones por Doctorados, Maestrías, Especialidades y Cursos de Fonación, quedando uno con la impresión de que elaboró el reglamento no le otorga importancia a la formación, solo a la opinión subjetiva que se tenga de los últimos 3 años;
d) Igualmente el artículo 12, Borra el posicionamiento de jueces en virtud de méritos personales, consagrado en virtud del artículo 12 del citado proyecto, reduciendo la puntuación de 25 puntos por merito personal que consagra el reglamento actual, a solo 1.5; PARA EL PROPONENTE DEL PROYECTO EL MERITO PERSONAL NO VALE.
e) De manera misteriosa y sospechosa se pretende derogar el artículo 21 del Reglamento Vigente, que dice;” Sólo podrá́ operar concomitantemente un traslado con ascenso, con relación a un Juez(a) de un departamento o distrito judicial, en los casos en que haya opción para completar la vacante dejada por el Juez(a) beneficiado con la solicitud”. Lo que hace pensar que todo va dirigido, llenar vacantes superiores, con Jueces que en este momento ocupan posiciones inferiores en el Escalafón, que se pretender alterar.
f) Se pretende además borrar el artículo 22 que dice: Por aplicación del principio de especialidad, sólo podrá́ efectuarse un ascenso o un traslado a un tribunal de una materia distinta, cuando:
1. La Juez(a) que lo solicita haya tenido experiencia superior a cualquier otra Juez(a) del área, con vocación para el ascenso o traslado, en cualquier momento de su carrera judicial dentro del departamento; o,
2. El aspirante a ascenso o traslado haya sido docente en la materia por igual periodo o tenga publicaciones bibliográficas que, junto a los puntos obtenidos, (por su importancia académica y profundidad), le otorguen esa preferencia.
g) Lo mismo ocurre con el artículo 24, donde se modifica borrando la ESPECIALIDAD, lo cual no es accidental.
Finalmente, dijo el presidente del Colegio de Abogados de la República que “estamos en presencia de unas disposiciones que afectan considerablemente derechos adquiridos de aquellos Jueces y Juezas, que ya tienen un posicionamiento, y a través de una modificación de un reglamento por parte de un CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, que le quedan menos de 4 semanas, que no quiso proponer ningún ascenso en función del actual escalafón, violando su propia ley y resolución”.
Link para ver los documentos. https://drive.google.com/drive/folders/1McPLgzd2vTVsBeLc366tbTp6UUwx2qpf?usp=sharing