Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana, CARD, denunció los aprestos por parte del Consejo del Poder Judicial de alterar los derechos adquiridos de cientos de jueces mediante la alteración de posicionamiento que ostentan en el escalafón del PJ a los fines de manipular los nombramientos y ascensos de puestos de Presidente de Tribunal y de Corte a nivel nacional.
Miguel Surún Hernández, presidente del Card, sostuvo en rueda de prensa que esa acción manipuladora tiene el propósito de instaurar una dictadura compuesta única y exclusivamente por activistas al servicio del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Luis Henri Molina dejando de lado a personas que por décadas han estado prestando servicio al sistema de justicia del país.
En ese orden, explico que el proceso de puntuación para asignar el posicionamiento, escala, asignado para fines de ascenso, no puede ser modificada por una resolución posterior, “máxime cuando el presente CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, en casi dos (02) años, no ha ascendido un solo Juez, lo que se interpretaría como cambio de las reglas de juego en medio del proceso, que favorecería a un sector, en perjuicio de otros, lo cual es evidentemente inconstitucional”.
El presidente del Colegio de Abogados de la República, recordó que el artículo 110 de la Constitución establece que : “ En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.
En el caso de la especie, agrego, se pretende mediante el cambio de puntuación consagrado en los artículos 10, 11, 12, 21, 22 y 24 del susodicho proyecto de reglamento, MODIFICAR EL CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE PUNTUACIÓN PARA FINES DE COLOCACIÓN EN LA PRIORIDAD, PARA ASCENSO DE CADA JUEZ, AFECTANDO SIGNIFICATIVAMENTE AQUELLOS JUECES, QUE POR ANTIGÜEDAD YA OCUPAN LOS PRIMEROS LUGARES EN EL ESCALAFON.
En tal sentido, cito a los periodistas varios ejemplos para señalar que:
a) Se pretende igualar en puntuación, asignada por antigüedad en la Carrera Judicial, Categoría, Materia-Especialidad, Departamento, de formal que aquellos Jueces con más de 30 años en dichos renglones, tendrán la misma puntuación que aquellos con 20 años (Art. 10, Párrafo II, III, IV y V), pero no se detiene ahí, pues tiene un descenso en cascada de la reducción de la importancia del tiempo en la Carrera, y al Final puede dar lugar a injusticias tales, como Jueces de una Categoría inferior, ascendidos a Presidentes por encima de los miembros antiguos de un Tribunal o una Corte.
b) Peor aún, destacó en el artículo 10, Párrafo VII, reduce aún más la puntuación y la posición que actualmente ostentan los Jueces que ocupan posiciones interinas, (Que son la Mayoría), y las reduce a prácticamente nada, pues iguala al que tenga hasta 30 años con el que tiene 3 años, asignándole 2 puntos; Disposición que además de afectar un derechos laboral adquirido, contraviene el artículo 18 de la Ley 327-98, que establece: ”Para los traslados o ascensos se tendrán en cuenta, rigurosamente, además de las condiciones exigidas por la Constitución, el mérito personal y la antigüedad en el ejercicio de la función en la categoría o grado inferiores y, en igualdad de condiciones, se preferirá́ al candidato de mayor edad; Antigüedad que está siendo desechada en virtud de la propuesta de reglamento.
c) El artículo 11 del referido reglamento, pretende no solo borrar la puntuación y posición para acenso que tiene en la actualidad cada Juez, borrando los últimos 25 años de evaluación por desempeño, consagrando que solo será tomada la evaluación de los últimos 3 años, dos de los cuales corresponden al presente CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, lo cual, asegura “no solo es ilegal e inconstitucional, sino que además de manera anticientífica, le asigna una puntuación excesiva de 48.30, ya que (el anterior reglamento le asignaba a dicha evaluación 15 puntos), lo que prácticamente colocaría en manos del actual Consejo del Poder del Poder Judicial, el posicionamiento para ascenso de los nuevos jueces, tomando en cuenta que dominan los últimos tres años, máxime cuando observamos que son eliminados las puntuaciones por Doctorados, Maestrías, Especialidades y Cursos de Fonación, quedando uno con la impresión de que elaboró el reglamento no le otorga importancia a la formación, solo a la opinión subjetiva que se tenga de los últimos 3 años;
d) Igualmente el artículo 12, Borra el posicionamiento de jueces en virtud de méritos personales, consagrado en virtud del artículo 12 del citado proyecto, reduciendo la puntuación de 25 puntos por merito personal que consagra el reglamento actual, a solo 1.5; PARA EL PROPONENTE DEL PROYECTO EL MERITO PERSONAL NO VALE.
e) De manera misteriosa y sospechosa se pretende derogar el artículo 21 del Reglamento Vigente, que dice;” Sólo podrá́ operar concomitantemente un traslado con ascenso, con relación a un Juez(a) de un departamento o distrito judicial, en los casos en que haya opción para completar la vacante dejada por el Juez(a) beneficiado con la solicitud”. Lo que hace pensar que todo va dirigido, llenar vacantes superiores, con Jueces que en este momento ocupan posiciones inferiores en el Escalafón, que se pretender alterar.
f) Se pretende además borrar el artículo 22 que dice: Por aplicación del principio de especialidad, sólo podrá́ efectuarse un ascenso o un traslado a un tribunal de una materia distinta, cuando:
1. La Juez(a) que lo solicita haya tenido experiencia superior a cualquier otra Juez(a) del área, con vocación para el ascenso o traslado, en cualquier momento de su carrera judicial dentro del departamento; o,
2. El aspirante a ascenso o traslado haya sido docente en la materia por igual periodo o tenga publicaciones bibliográficas que, junto a los puntos obtenidos, (por su importancia académica y profundidad), le otorguen esa preferencia.
g) Lo mismo ocurre con el artículo 24, donde se modifica borrando la ESPECIALIDAD, lo cual no es accidental.
Finalmente, dijo el presidente del Colegio de Abogados de la República que “estamos en presencia de unas disposiciones que afectan considerablemente derechos adquiridos de aquellos Jueces y Juezas, que ya tienen un posicionamiento, y a través de una modificación de un reglamento por parte de un CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, que le quedan menos de 4 semanas, que no quiso proponer ningún ascenso en función del actual escalafón, violando su propia ley y resolución”.
Link para ver los documentos. https://drive.google.com/drive/folders/1McPLgzd2vTVsBeLc366tbTp6UUwx2qpf?usp=sharing
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, lamentó las declaraciones del Consejo del Poder Judicial, que no respondieron ni aclararon con pruebas las denuncias que ha sustentado de corrupción e irregularidades a lo interno del sistema de justicia.
Manifestó que el Consejo “acudió a la mentira e infamia jugando con la inteligencia de los medios de comunicación y de la sociedad”.
Surún Hernández, dijo que “es mentira que exista una campaña de descredito contra el alto órgano judicial ya que el descalabro y caos imperante en la Justicia, no solo ha sido confirmado por los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino por once magistrados entre ellos uno del Tribunal Constitucional, y la propia Sentencia de Amparo del Tribunal Superior Administrativo”.
“¿O estos jueces son parte de la campaña de descredito?”, se preguntó.
Afirmó que el Consejo del Poder Judicial no respeta la Ley de Carrera Judicial, ni la independencia Judicial y prueba de eso es la creación de doce “Jueces Coordinadores” cargo que no existe en el escalafón judicial y usurpan las funciones de más de 30 presidentes de Cortes.
En tal sentido, reiteró que a los jueces se les ha despojado de sus funciones, para iniciar con la eliminación de la especialidad jurisdiccional obligando a jueces de distintas materias a conocer todos los procesos, lo que en el Departamento Judicial de la Vega generó la renuncia de la juez Odri Reyes Núñez.
A esto se le agrega la creación del Gabinete Técnico del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con un gerente por cada sala para mejorar los fallos, con poder para distribuir los procesos.
El CARD resaltó que lo revelado este fin de semana por el Consejo del Poder Judicial, confirma su denuncia de que VIAFIRMA (AVANSIS, SRL), fue contratada grado a grado, pues ellos hablan de la existencia de una supuesta “licitación internacional” para elegir la empresa, entidad que de conformidad con el acta de adjudicación del 23 de abril del 2020 fue elegida por ser proveedor único.
“¿Cómo se atreven a negar, la grotesca prevaricación que implica el nombramiento de asociados de Luis Henry Molina?, los cuales, dijo a los periodistas “han venido siguiéndolo en sus cargos desde el Ministerio de la Presidencia, CEI-RD, INDOTEL y Poder Judicial, tal y como lo atestiguan las nominas, donde figuran desde el 2015 Virginia Ibarra, Mario Roberto Garay, Luis Manuel Pérez, Moisés Jaques y Ángel Brito; ganando 3 y 4 veces más que los jueces”; explicó el gremialista.
Otros casos:
Citó también, el caso de Ángel Brito, Director Administrativo del Poder Judicial, mediante un supuesto concurso, a pesar de no poseer formación académica administrativa, pero lo más grave es que entra como asesor el mismo día de la toma de posesión de Molina Núñez.
El CARD calificó de indignante lo relativo al tema del Fondo de Pensiones, donde se intenta justificar la transferencia irregular, sin licitación, mas de mil millones de los servidores judiciales, en franca violación al reglamento aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para beneficiar a un corredor de seguros de reciente nombramiento del presidente de la Suprema.
“Pero el Consejo del Poder Judicial tampoco se refirió a la supuesta deuda de la Jurisdicción Inmobiliaria con el Poder Judicial, sobre la base de supuestos aportes realizados por ese último a dicha jurisdicción desde el 2008, al 2019, todo con el objetivo de legitimar el desvío fraudulento de RD$760,000,000.00, generado por cobro de las tasas de la Jurisdicción Inmobiliaria”; puntualizó el presidente del gremio.
Al mismo tiempo, Miguel Surun mostró preocupación porque el Consejo del Poder Judicial, no explicó el fraudulento Consejo Directivo de la Jurisdicción Inmobiliaria creado mediante la modificación del reglamento interno, que otorga el control total a Luis Henry Molina del manejo de los fondos de dicha jurisdicción, que ascienden a RD$2,700,000,000.00 anuales.
Finalmente, el presidente del CARD, reprobó el que el Consejo del poder judicial “no se haya referido al pago de 434 millones de pesos en favor del PNUD equivalente al 6% de su presupuesto anual contratada para asesoría de grado a grado.
El Colegio de Abogados solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar los contratos de asesorías y acompañamiento que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el Poder Judicial, ascendentes a más de 400 millones de pesos.
Surun Hernández, presidente del Colegio, visitó la sede de la Procuraduría General de la República, para denunciar que en dichos contratos se ocultan serias irregularidades acaecidas en los procesos de compras y contrataciones del Poder Judicial.
Explicó que es necesario realizar una investigación profunda de las operaciones de esos contratos del PNUD con entidades de Estado dominicano, ya que las mismas fueron realizadas con el fin de encubrir compras y contrataciones fraudulentas y sobrevaluadas, lo que ha implicado solo en el caso del Poder Judicial, el desvío y erogación mensual de 10 millones de pesos.
Surún denunció que los contratos fueron elaborados para “otorgar a espurias transacciones el aura de legitimidad, a pesar de que el acuerdo básico de cooperación entre el Gobierno dominicano y el PNUD, suscrito en Santo Domingo el 11 de junio de 1974, no prevé que se constituya el PNUD en una entidad lucrativa.
Fuente: El nacional
SANTO DOMINGO.- El magistrado Leonardo Recio Tineo, del Consejo del Poder Judicial (CPJ), reiteró este martes que desde el 23 de diciembre, ha depositado una querella contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y a un grupo denominado «El Quinteto», para que sean investigados por supuesto acto criminal.
Recio Tineo denunció que ese grupo de cinco persona, han llegado al Poder Judicial y han estado en todas las instituciones por donde el magistrado ha pasado desde hace 20 años beneficiandose.
«Él lo va moviendo de institución e intitución y le va asignando salarios especiales, algunos cobran 273 pesos fijos más los incentivos que superan algunos hasta los 400,000 superando a todos los jueces del tren judicial», manifestó.
Dijo que si un magistrado comete un crimen, es al Senado de la República en una parte que le responde el juicio político y en otra parte a la Procuraduría que «puede poderar después de una investigación de que cualquier magistrado haya cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones, puede ser apoderado criminalmente, establecer las sanciones y se puede poner la suspensión de la funcion hasta tanto cese el proceso».
Denuncia contra LUIS HENRY MOLINA, incluyendo elementos probatorios, dando clicks a:
https://drive.google.com/file/d/1WI5yoCZ_WSbKGm8A9Au4V8hS29UhhmgE/view?usp=sharing
CARD denuncia plan de descrédito contra Procuraduría General de la República por parte de corruptos.