El máximo tribunal acogió una instancia depositada por el CARD
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los procesos judiciales virtuales dispuestos por el Consejo del Poder Judicial, acogiendo una instancia depositada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 23 de abril del 2020.
El alto tribunal declaró nulas y no conforme con la Constitución varias resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial en los meses de mayo, junio y julio del 2020, con las que se dispuso las labores virtuales de la mayoría los servicios que ofrece el Poder Judicial, alegando que dichas medidas violan o son contrarias a los artículos 4, 73, 138 y 156 de la Carta Magna.
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados de RD, calificó la sentencia como histórica y trascendental, alegando que con la misma se hizo justicia y se respeta los derechos constitucionales de los abogados, abogadas y todos los usuarios del sistema de justicia del país.
“Esta sentencia refuerza el estado de derecho en la República Dominicana, son la confirmación de la razón de la lucha que nuestra institución ha mantenido por más de un año por el restablecimiento de la justicia, sin embargo el Consejo del Poder Judicial se mantuvo actuando de manera abusiva, ilegal e inconstitucional, usurpando las funciones del Congreso Nacional y de la Suprema Corte de Justicia”, expresó Surun Hernández.
El Presidente del CARD anunció que como institución en los próximos días estarán dando los pasos para que dicho fallo sea ejecutado y que el sistema de justicia en la República Dominicana sea restablecido de conformidad con la Ley 821 sobre Organización Judicial y así lograr el acceso de todos.
Surun Hernández exhortó a los órganos del sistema de justicia incluyendo el Consejo del Poder Judicial, a obedecer y acatar lo más pronto posible dicha sentencia y no continuar con la práctica dañina de emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales en el ámbito judicial.
El gremialista anunció que la lucha por la reapertura de la justicia y por el restablecimiento del Estado de Derecho continuará, este es solo el primer paso de garantía y tutela judicial de la República Dominicana.
“Hemos hecho historia, cambiamos la historia, vencimos el Poder, abajo la virtualidad ilegal e inconstitucional”, indicó el representante de los abogados.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL CARD
Colegio de Abogados pide a Cámara de Cuentas y Contraloría asesoría para seleccionar firma que audite fondos del gremio
Asimismo solicitó la supervisión y acompañamiento de varios gremios
SANTO DOMINGO, RD. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y al Instituto de Auditores Internos de RD, asesoría para seleccionar una firma auditora privada que fiscalice los recursos del gremio.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, informó que a pesar de que los fondos del Colegio no son estatales, porque provienen de las ventas de sellos utilizados para legalizar documentos judiciales, ha acudido a dos organismos fiscalizadores del Estado y a importantes gremios para que colaboren con el proceso.
Surun Hernández explicó que para legitimar aún más la elección de la firma auditora, la actual administración también requirió a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, al Colegio de Contadores Públicos, a la Fundación Institucionalidad y Justicia y a Participación Ciudadana, acompañamiento, veeduría, asesoría y supervisión para que el proceso de licitación sea realizado conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y que el mismo tenga todas las garantías de transparencia correspondientes.
“Actuar con pulcritud y apegados a las leyes ha sido el principal norte de esta administración del CARD, por lo que solicitamos dicho acompañamiento con el objetivo de que los abogados, abogadas y el país en general sepan en que invertimos los recursos del gremio”, expresó el jurista.
Entre las firmas privadas sugeridas para realizar dicha auditoría se encuentran BDO Dominicana, Deloitte, KPMG, Deloitte, Price WaterhouseCoopers, Ernest&Young, ManPower, MasterCard, Mckinsey&Company, The Cocktail, Baker&McKenzie, Right Management Consultant, Basham, Ringey CorreaS.C, Mckinsey&Company.
Destacó que “El CARD ha implementado férreos controles contables, conjuntamente con la eficiencia en el manejo de los limitados fondos que ingresan a nuestra institución, manejados con apego a la Ley 340-06, a pesar de no son recursos públicos”.
Sentencia del Tribunal Constitucional
Recordó que recientemente el Tribunal Constitucional determinó mediante sentencia que “El Colegio de Abogados de la República Dominicana es una entidad gremial con intereses y base privada, alegando que “los colegios profesionales constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no solo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión, lo cual constituye un servicio al común de indudable interés público, se ajuste a las normas o reglas que aseguren, tanto la eficacia, como la eventual responsabilidad en tal ejercicio ”.
El CARD cuenta con autonomía, independencia presupuestaria y financiera y en la actualidad ostenta niveles de transparencia óptimos, debido a que publica en su página web www.colegiodeabogados.org.do, todas las informaciones referentes a erogaciones, nóminas, compras y contrataciones, gastos semanales, auditorias, gastos extraordinarios, ingresos diarios, y otros.
Otras auditorias
En los últimos cinco años las gestiones del CARD han sido auditada anualmente revelando un manejo correcto y eficiente de los recursos, en cumplimiento al artículo 2 de la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, que establece la necesidad de realizar auditorias a instituciones descentralizadas y autónomas; asimismo al artículo 19 de la Ley 3-19 del Colegio de Abogados, que plantea una rendición de cuentas anual, y en otras épocas del año en caso de ser necesario.
Ingresos del gremio
La Ley 3-19 del Colegio de Abogados establece el pago de 50 pesos por sellos para ser utilizados en contratos notarizados; registros, modificaciones, renovaciones y transformaciones; registros comerciales tramitados por ante la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana, actos de alguaciles, conclusiones judiciales y otros.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL CARD
Contacto:
Licda. Julia Flores
Ejecutiva de Cuentas
SURUN HERNANDEZ denuncia existencia de banda mafiosa dedicada a falsificar expedientes con fines de extorción y chantaje.
Solicita investigar al Dr. MIGUEL VALERIO JIMINIAN Y JORGE LORA, asi como el caudal de recursos que manejan en efectivo.La Fundación Primero Justicia, Inc., denunció en el día de hoy, la existencia de una banda mafiosa, dedicada a la fabricación de expedientes falsos, sin ningún sustento probatorio, ni legal, tendente a presionar a funcionarios judiciales y particulares, contra quienes se fabrican procesos fraudulentos, usando a entidades de Carpeta, sin domicilio en el País, es decir sociedades fantasmas;De lo que se trata es del uso doloso de sociedades comerciales, presentado fraudulentas acusaciones, sin fundamento alguno, para que mediante recurrentes ruedas de prensa, dar la aparente impresión de la existencia un acusaciones graves, mediante la distribución de cuantiosos recursos, y notas de prensa engañosas; tal y como ha acontecido con el caso de la falsa acusación interpuesta por el Sr. JORGE LORA CASTILLO, quien a legadamente representando a la sociedad offshore, MAHOE TRADING LTD, interpone un temerario querella miento penal contra CVC ONE, INC., AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BAVARO AIB, S.A.S, CAP CANA, S.A., ABRAHAM HAZOURY, RAFAEL FERNÁNDEZ DE CASTRO Y MIGUEL ALBERTO SURUN HERNÁNDEZ, por supuesta DEFRAUDACIÓN FISCAL, ASOCIACIÓN DE MALHECHORES Y LAVADO DE ACTIVOS, tomando por los cabellos un contrato suscrito en fecha 19 de mayo del 2007, mediante el cual, CAP CANA, S.A. vendió a MAHOE TRADING LTD, la Parcela No. 367-C-1-007.8349, del DC No. 11, de la Sección Jina Jaragua, Lugar Juanillo, Higüey, Provincia la Altagracia, cuyo precio fue fijado en la suma de US$3,300,000.00, contrato que por cierto, fue objeto de una demanda arbitral, que decretó su resolución, y ordenó a CAP CANA, S.A., devolver a MAHOE TRADING LTD, la suma de US$2,970,000.00, mas la suma de US$567,636.00 en daños y perjuicios.
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Nota de Prensa Fundación Primero Justicia
Certificado Registro Mercantil, CVC ONE
Santo Domingo.-El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional los procesos judiciales virtuales dispuestos por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), acogiendo una instancia depositada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 23 de abril del 2020.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, calificó la sentencia como histórica y trascendental, alegando que con la misma se hizo justicia y se respeta los derechos constitucionales de los abogados, abogadas y todos los usuarios del sistema de justicia del país.
“Esta sentencia refuerza el estado de derecho en la República Dominicana, son la confirmación de la razón de la lucha que nuestra institución ha mantenido por más de un año por el restablecimiento de la justicia, sin embargo el Consejo del Poder Judicial se mantuvo actuando de manera abusiva, ilegal e inconstitucional, usurpando las funciones del Congreso Nacional y de la Suprema Corte de Justicia”, expresó Surun Hernández.
El presidente del CARD anunció que como institución en los próximos días estarán dando los pasos para que dicho fallo sea ejecutado y que el sistema de justicia en la República Dominicana sea restablecido de conformidad con la Ley 821 sobre Organización Judicial y así lograr el acceso de todos.
Surun Hernández exhortó a los órganos del sistema de justicia incluyendo el CPJ a obedecer y acatar lo más pronto posible dicha sentencia y no continuar con la práctica dañina de emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales en el ámbito judicial.
El gremialista anunció que la lucha por la reapertura de la justicia y por el restablecimiento del Estado de Derecho continuará, este es solo el primer paso de garantía y tutela judicial de la República Dominicana.
“Hemos hecho historia, cambiamos la historia, vencimos el Poder, abajo la virtualidad ilegal e inconstitucional”, indicó el representante de los abogados.
Fuente el Nacional
Colegio de abogados solicito a la Procuraduría General de la Republica y a la suprema Corte de Justicia la implementación de mecanismo que viabilice ejecución automática de libertad de condenados y reinstauración de visitas. Tenemos información de más de 2mil internos en espera de libertad a pesar de haber cumplido penas.
CONSIDERA PROPICIA SU CONVOCATORIA.
El Colegio de Abogados de República Dominicana, (CARD) consideró este miércoles necesario que el CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA, proceda a reinstaurar la armonía y la paz del Tribunal Superior Electoral, TSE; Así como de la Suprema Corte de Justicia, SCJ, procediendo a la evaluación de desempeño de los componentes de dichos órganos constitucionales, derivando las consecuencias constitucionales contra aquellos miembros, que han abusado de sus funciones.
Recordó que, en los últimos días, a lo interno del Tribunal Superior Electoral, se han suscitado una serie de escándalos que perturban, no solo el normal funcionamiento de dicho Tribunal, si no su imagen y credibilidad, erosionado con el ello, la administración de Justicia Electoral.
Igual o peor situación, de mayores proporciones ocurre a los interno del Poder Judicial, donde su Presidente Luis Henry Molina, ha tomado una serie de medidas, que han implicado, no solo la usurpación de las funciones legislativas del Congreso, modificado leyes procesales de enjuiciamiento; Sino que han mantenido en cierre virtual la Justicia, instaurando una privatización forzosa de la Justicia, que esta siendo manejada por contratistas.
Según la denuncia de Surun Hernández, los citados contratistas son los “únicos que tienen acceso a los expedientes, obligando al ciudadano común a aceptar ilegales audiencias virtuales, todo debidamente comprobado por una Sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que ordenó la apertura de los Tribunales y declaró ilegales sistemas virtuales de justicia; Sentencia que el Mag. Luis Henry Molina, ha desacatado flagrantemente, a pesar que ya el Tribunal Constitucional rechazó no solo su demanda en suspensión, sino declaró nulas las resoluciones jurisdiccionales emitidas desde el Consejo del Poder Judicial; Faltas que constituyen un atentado contra el Estado de Derecho y la Seguridad Jurídica, por lo que se impone su formal destitución”.
Hasta tanto no se despolitice la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia, no hay forma posible que se condene a la cúpula corrupta del pasado gobierno, con quienes existe un compromiso de protección que les garantiza, que una vez apresados y sometidos, serán indefectiblemente descargados, ya sea mediante sentencias incidentales de exclusión probatoria, o mediante sentencias donde se les declare no culpables del robo que efectuaron durante el pasado reciente.
El Colegio de Abogados espera que el CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA actué con la responsabilidad que las circunstancias ameritan, por el bien institucional de esta sociedad y de todos lo dominicanos; sin embargo, nos preocupa la pasividad cómplice que sentimos en sectores ligados al sector justicia, el Congreso y del Propio Consejo Nacional de la Magistratura.