Najayo, San Cristóbal. La Dirección de Prisiones y el Colegio de Abogados llevaron a la cárcel de Najayo en San Cristóbal, la jornada de capacitación sobre la nueva Ley Penitenciara 113-21 que regula el Sistema Penitenciario y Correccional en la República Dominicana
Los expositores Pedro Duarte Canaán y Freddy Castillo impartieron el curso Taller Especializado “Derechos Fundamentales del Debido Proceso en la Perspectiva de la Nueva Ley Penitenciaria”
La actividad estuvo encabezada Lucy Pepén, representante Hilda Patricia Lagombra, coordinadora Nacional del Modelo de Gestión Penitenciario(MGP); Lucia Florentino, secretaria de Organización del Colegio de Abogados de la Republica Dominicana; Evelin Ureña, encargada de Tratamiento del MGP y Nirvana Aquino, representante del Departamento Jurídico Nuevo Modelo Gestión Najayo .
Durante la jornada educativa fueron capacitados coordinadores de celdas del centro penitenciario, que se convertirán en multiplicadores de los conocimientos adquiridos.
La jornada formativa forma parte de un convenio interinstitucional firmado entre el Colegio de Abogados de la Republica Dominicana y el Sistema de Privación de Libertad de la República Dominicana para la visita de los juristas a los privados de libertad.
Santo Domingo.- El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Miguel Surun Hernández, participó en las vistas públicas sobre el proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio para el Decomiso Civil de Bienes, realizada por la Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio y ponderación de la pieza legislativa.
Surun Hernández destacó la importancia de la aprobación del proyecto para la lucha contra el crimen organizado y delitos complejos.
Además del presidente del CARD, presentaron sus propuestas Manuel Oviedo Estrada, director general de la Oficina de Bienes Incautados y Decomisados; Dayra Veras, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); Sandra Peña, de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD); Alba Russo, de la Asociación de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES), y el ciudadano Anderson Vargas.
El presidente de la Comisión Bicameral, Pedro Catrain, informó que estas vistas públicas se realizan para que representantes de los diferentes sectores sociales puedan plantear sus observaciones en torno a la iniciativa legislativa. El legislador también resaltó su interés en que esta pieza sea aprobada por el pleno antes de finalizar el año.
El también senador por Samaná expresó que el interés de los congresistas que conforman dicha comisión bicameral es tomar en cuenta a la sociedad en general. “Los legisladores no legislamos para nosotros, sino que se legisla fundamentalmente para la sociedad, como sus representantes”, dijo.
En sus propuestas estas entidades y personas dieron sus recomendaciones sobre la ejecutoria que debe realizar el Ministerio Público y el Gobierno a los bienes y patrimonios incautados, también propusieron la presunción de veracidad de declaraciones juradas emitidas por los funcionarios, también plantearon que se cree una Ley de administración de bienes incautados, entre otras sugerencias.
Además de Catrain, la comisión que estudia la pieza legislativa está integrada por el diputado Elías Báez, vicepresidente; los senadores de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán; Aris Yván Lorenzo, de Elías Piña; Milcíades Franjúl, de Peravia; Faride Raful, del Distrito Nacional y Franklin Rodríguez, de San Cristóbal.
Mientras, en representación de la Cámara de Diputados estuvieron los legisladores: Francisco Rodolfo, Nelsa Suarez, Héctor Féliz, Tobías Crespo, Víctor Manuel Fadul y Rogelio Alfonso Genao.
Santo Domingo.- Más de 200 abogados se graduaron en el diplomado virtual de Derecho Procesal Penal, impartido por la Escuela Nacional de Abogados (ENA).
La investidura se realizó en el local principal del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), y estuvo encabezada por el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández y la secretaria de organización y vicerrectora administrativa del ENA , Lucía Florentino.
Esta es la primera graduación en cumplimiento al artículo 88 de la Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados, y que establece las barras de abogados, en las cuales ejercerán los profesionales especializados en la disciplina jurídica de su elección, con el objetivo de concentrar sus conocimientos y destrezas en un área específica de las ciencias jurídicas.
Surun Hernández llamó a los graduandos a seguir especializándose para poner cada día más en alto la profesión y actuar con transparencia, dignidad, apego y respeto a las leyes, tratando siempre de mantener la ética profesional.
La ENA ofrece formación académica en especialidades y maestrías para los abogados y abogadas del país, en coordinación con universidades nacionales e internacionales, bajo la aprobación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
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Aseguran que dicho proyecto entra en contradicción con sentencia del Tribunal Constitucional
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Foro Permanente de Partidos Políticos (FOPPPREDOM) externó su preocupación por aspectos fundamentales del proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, depositado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia en la Cámara de Diputados.
El presidente del FOPPPREDOM, José Francisco Peña Guaba, consideró que la pieza legislativa contiene aspectos fundamentales que entran en contradicción con la sentencia TC 0286-21, de fecha 14 de septiembre del 2021, que declaró inconstitucionales los procedimientos virtuales por ser violatorios a los principios de inmediación, concentración y derecho de defensa.
Peña Guaba agregó que dicho proyecto viola el principio de tutela judicial efectiva que deben tener todos los ciudadanos y consagra una delegación inconstitucional de las atribuciones del Congreso Nacional, porque autoriza la modificación por la vía reglamentaría de los códigos de enjuiciamiento de la República.
El dirigente político sugirió a los congresistas sopesar bien la iniciativa, que según manifestó, a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional y de la Constitución pone en juego el rol de la Justicia.
"Advertimos que el Foro Permanente de Partidos Políticos NO apoyará un proyecto que vulnere los derechos ciudadanos y la Constitución de la República", expresó Peña Guaba.
Estas declaraciones fueron ofrecidas de forma verbal y escrita a través de su representante Felix Elias Tavares, durante una rueda de prensa en el local del Colegio de Abogados de la República Dominicana, en la que participaron otros miembros de FOPPPREDOM, Whenshy Wilkerson y Claudio Pérez.
Asimismo, estuvieron presentes Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados; Juan Pérez Roa, vicepresidente; Lucía Florentino, Secretaria de Organización y otros gremialistas.
Surun Hernández agradeció al Foro Permanente de Partidos Políticos por fijar posición sobre este tema que es de alta preocupación para los abogados de la República Dominicana.
El gremialista denunció que este proyecto de Ley habilita al presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que este por la vía reglamentaria modifique las leyes de enjuiciamiento del país y advirtió que no desmayaran en su lucha en contra la virtualidad y en favor de una justicia despolitizada e igual para todos.
Deposita instancia de formal oposición a dos proyectos de leyes que cursan en el Congreso Nacional
Santo Domingo, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), denunció que con el depósito en la Cámara de Diputados del proyecto de Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, busca legitimar las audiencias virtuales que ya fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional (TC).
En ese sentido, el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández, presentó ante la cámara baja una instancia de formal oposición contra la pieza legislativa.
El presidente del CARD, manifestó que esa iniciativa constituye una carta en blanco para mantener el desacato de la sentencia del TC, que declaró las audiencias virtuales como inconstitucionales y violatorias al debido proceso y a la tutela judicial.
“Desde hace dos años la justicia dominicana se encuentra en un virtual cierre por la imposición de medidas que eliminaron el acceso de los ciudadanos, de los abogados y los medios de comunicación a los distintos expedientes y esto no puede continuar”, dijo el jurista.
El gremialista aseguró que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina , se encuentra en estado de desacato, no solo de la sentencia 0030-2020-ETSA-00552, emitida por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, sino de la TC/0286/2021 del Tribunal Constitucional, que ordenó la apertura de los Tribunales de la República y anuló los procedimientos virtuales, por haber sido emitidos al margen de la Constitución, violando los derechos fundamentales de los ciudadanos, en usurpación de las funciones del Congreso Nacional.
Miguel Surun Hernández dijo que Sistema Secretarial creado por la Ley de Organización Judicial fue sustituido por un supuesto e infuncional Sistema Virtual de Servicio Judicial, manejado por una plataforma que ha conculcado y eliminado el acceso a los expedientes de abogados, jueces y fiscales, que para obtener o depositar un documento a un expediente, deben realizarlo mediante solicitud a la plataforma.
Advirtió que el gremio que dirige motorizará las acciones que sean necesarias para evitar que ese proyecto de Ley prospere.
Proyecto busca aumentar de 11 a 22 el numero de jueces del SCJ
El Colegio de Abogados también depositó en el Senado de la República, una instancia de oposición al proyecto de modificación a la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia, que busca aumentar de 11 a 22 el número de jueces que integran el pleno de ese alto tribunal.
La acción busca frenar la pieza legislativa que se encuentra en una comisión en la cámara alta.
“Esa tentativa de aprobación de una ampliación del pleno de la Suprema Corte de Justicia, es solo para fabricarle a Luís Henry Molina una mayoría mecánica mediante la asignación una nueva sala “tributaria”, cuyas 5 plazas ya fueron asignadas por el presidente del máximo órgano judicial, a favor de seguidores e incondicionales”, dijo el presidente del Colegio de Abogados.
A juicio del jurista, esa es la preparación del terreno para otorgarle de manera definitiva el control de todo el sistema de justicia a Luís Henry Molina.
Modificaciones que contempla el proyecto de ley
Dentro de las modificaciones contempladas en el proyecto de ley está el artículo uno, con el que buscan elevar de 17 a 22 el número de jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Ese mismo artículo establece que el quórum requerido para sesionar será de un mínimo de 17 miembros y que las decisiones se tomarán por mayoría de votos y que en caso de empate el voto del presidente será decisorio.
Mientras que en la modificación al artículo dos, establece que el órgano se dividirá en cuatro Cámaras que se denominarán: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Cámara de la Suprema Corte de Justicia.
De igual forma, la iniciativa plantea la modificación del artículo 9 de la Ley 25-91 del 15 de octubre de 1991, modificada por la 242-11 del 7 de octubre del 2011, para que en lo adelante diga que la Tercera Sala será competente para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez, en materia inmobiliaria y laboral.
A ese mismo artículo se le plantea incluir que la Cuarta Cámara será competente para conocer y fallar los recursos de casación que se interpongan por primera vez, en materia contencioso-administrativa y contencioso-tributaria.
El proyecto de modificación también contempla una disposición transitoria que instruye al presidente de la República, en su calidad de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, a que, en un plazo no mayor de 30 días, a partir de la publicación de la pieza, convoque a ese organismo para completar la nueva matrícula de 22 miembros de la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con la iniciativa que estudia la comisión de senadores, de ser modificada, la ley entraría en vigencia inmediatamente de su promulgación y aprobación, como establece la Constitución, y una vez transcurridos los plazos señalados en el Código Civil de la República Dominicana.
Sobre esos artículos en la ley vigente
Artículo 1.- La Suprema Corte de Justicia estará integrada por once (11) Jueces, que reunirán la condiciones que establece la Constitución de la República y que serán designados de conformidad con la misma, por el Senado de la República, escogidos después del examen formal de la trayectoria profesional, ciudadana y pública de dichos jueces.
Artículo 2.- La Suprema Corte de Justicia se dividirá en dos cámaras: una Cámara se designará como Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo de la Suprema Corte de Justicia y la otra se designará como Cámara de lo Penal Administrativa y Constitucional de la Suprema Corte de Justicia.
Artículo 9.- El Segundo Sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia será el Presidente de la Cámara de lo Penal, Administrativa y Constitucional de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, en todos los casos en los cuales el presidente de la Suprema Corte de Justicia se integre a esta cámara, ejercerá la presidencia de la misma.
CARD advierte sobre graves consecuencias para la seguridad jurídica de la República Dominicana
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - Representantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), acudieron este jueves al Congreso Nacional para rechazar la baja asignación al poder judicial en el Proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2022, que asciende a un billón 46 mil millones de pesos.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, reclamó del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional que se otorgue a ese sector el 4.10 por ciento que establece la ley.
Surun Hernández condenó que el Proyecto de Ley de Ingresos y Gastos Públicos no contemple ni respete las partidas presupuestarias del sector Justicia, equivalente al 4.10 por ciento del Presupuesto de la Nación y advirtió que eso traerá graves consecuencias para la salud institucional y la seguridad jurídica de Republica Dominicana.
El jurista manifestó que la Ley 194-04, que establece la Independencia y Autonomía Presupuestaria de la justicia, es clara y que no aceptarán que se vulnere, porque significaría mantener al Poder Judicial y al Ministerio Público en virtual esclavitud financiera, operando en condiciones precarias y en perjuicio de la ciudadanía.
El representante de los togados manifestó que con los bajos recursos asignados en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, el sector judicial no podrá salir de la difícil situación que atraviesa ni podrá cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones en ese poder del Estado.
“Con el porcentaje que se asigna en la pieza legislativa al sistema judicial no podrán ser mejorados los salarios de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados, no se podrán instalar los 94 tribunales aprobados por ley, que no han podido ser puesto en funcionamiento por falta de recursos y continuarán los problemas por falta de incentivos, insumos, equipos, personal y de infraestructura física adecuada”, dijo el presidente del gremio que agrupa a los abogados.
Agregó que con esos fondos tampoco podrán ser mejoradas las condiciones laborales de los profesionales del derecho; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento.
Miguel Surun Hernández advirtió que para mantener una justicia independiente, lograr una lucha eficiente contra la corrupción y manejar temas delicados se necesita un personal de investigación y judicial especializado, bien pagado e incentivado, lo que no se ha podido lograr por falta de recursos económicos.
El presidente del CARD consideró que las buenas intenciones de independencia de la justicia deben comenzar con el cumplimiento de la ley que garantiza la independencia financiera del Poder Judicial y del Ministerio Público, por lo que advirtió que si en un plazo de 15 días no se obtempera a asignar esas partidas en el presupuesto del venidero año, procederá al sometimiento del Director de Presupuesto.
A su juicio, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se debe tener una visión clara del rumbo que lleva la justicia dominicana si continúa operando con tan bajos recursos.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Publico (Procuraduría General de la República), será por lo menos unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%).
Esto de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y se distribuyen de la manera siguiente:
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