SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Colegio de Abogados (CARD), denunció que el Consejo del Poder Judicial pretende eliminar los derechos laborales de los jueces de carrera a través de la Resolución 001-202, que establece el Reglamento que organiza el Sistema de Escalafón Judicial y el de Provisión de Cargos Judiciales.
Miguel Surun Hernández, informó que dicha resolución plantea el establecimiento de varias medidas que violan la Ley 327-98 de Carrera Judicial, la Constitución de la República y los derechos adquiridos de los jueces de carrera y con especialidad.
Surun Hernández explicó que la Resolución 001-202 autoriza el traslado de jueces a voluntad del Consejo del Poder Judicial, plantea la eliminación de la especialidad por áreas, establece una evaluación de desempeño igualitaria para magistrados de diversas especialidades, elimina las puntuaciones obtenidas por los magistrados en base a su preparación, tiempo de especialización, antigüedad en el servicio, méritos, capacidad, evaluación de desempeño y por producción bibliográfica, lo que es inaceptable.
Por esta razón una comisión del Colegio de Abogados de RD depositó una instancia dirigida al Consejo del Poder Judicial en la manifiesta su desacuerdo con la Resolución que pretenden aplicar y que se encuentra en consulta pública hasta el 23 de agosto del 2021.
El presidente del CARD también anunció que apoya la medida cautelar depositada por 40 jueces y la Red Nacional de Jueces de la República Dominicana ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de la referida Resolución y de la convocatoria a vistas públicas.
“Esta medida demuestra las intenciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de colocar en los principales puestos de administración de justicia a sus seguidores, incrementar su control sobre el sistema, irrespetar los derechos adquiridos de cientos de jueces el sistema y crear una distorsión al especialísimo de cada magistrado”, expresó el gremialista.
Exhortó al Consejo del Poder Judicial dejar sin efecto dicha Resolución y que si pretende modificar el Reglamento del Sistema de Escalafón Judicial y el de Provisión de Cargos Judiciales, garantizar que sea realizado respetando los derechos adquiridos de los jueces y agregando nuevos beneficios para los mismos.
Agregó que es la primera vez en la historia de nuestro país que jueces someten una medida cautelar en contra de un Presidente de la Suprema Corte de Justicia por promover acciones lesivas a sus condiciones de trabajo.
Destacó que actualmente los jueces van escalando dentro del sistema judicial por sus capacidad, méritos, resultados en evaluación de desempeño, especialidad, antigüedad en el servicio y categoría.
Colegio de Abogados condena muerte de jurista a manos de policías en San José de Ocoa
Santo Domingo, República Dominicana. El Colegio de Abogados de la República Dominicana(CAARD), condenó este martes la muerte de uno de sus afiliados a manos de una patrulla policial en San José de Ocoa.
El presidente del gremio que agrupa a los togados, Miguel Surún Hernández pidió la destitución de los agentes actuante en el incidente en que perdió la vida el abogado ocoeño Ray Castillo Olaverría.
Surún Hernández calificó como “un abusivo y salvaje asesinato”, la muerte del jurista miembro de la directiva de la seccional del Colegio de Abogados en San José de Ocoa.
El presidente del CARD reclamó que el Ministerio Publico y la Policía inicien de inmediato una profunda investigación del hecho.
Adelantó que el Colegio de Abogados accionará en los tribunales contra todos los responsables de la muerte del togado.
El profesional del derecho afirmó que situaciones como estas no pueden ocurrir en un estado de derecho.
“Lamentamos que salvajismos como ese, les cuesten la vida a profesionales honesto”, dijo el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana.
Miguel Surún Hernández manifestó que el gremio que preside no desmayará hasta que el incidente en que perdió la vida el profesional del derecho, Ray Castillo Olaverría.
Santo Domingo.-El Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional los procesos judiciales virtuales dispuestos por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), acogiendo una instancia depositada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 23 de abril del 2020.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, calificó la sentencia como histórica y trascendental, alegando que con la misma se hizo justicia y se respeta los derechos constitucionales de los abogados, abogadas y todos los usuarios del sistema de justicia del país.
“Esta sentencia refuerza el estado de derecho en la República Dominicana, son la confirmación de la razón de la lucha que nuestra institución ha mantenido por más de un año por el restablecimiento de la justicia, sin embargo el Consejo del Poder Judicial se mantuvo actuando de manera abusiva, ilegal e inconstitucional, usurpando las funciones del Congreso Nacional y de la Suprema Corte de Justicia”, expresó Surun Hernández.
El presidente del CARD anunció que como institución en los próximos días estarán dando los pasos para que dicho fallo sea ejecutado y que el sistema de justicia en la República Dominicana sea restablecido de conformidad con la Ley 821 sobre Organización Judicial y así lograr el acceso de todos.
Surun Hernández exhortó a los órganos del sistema de justicia incluyendo el CPJ a obedecer y acatar lo más pronto posible dicha sentencia y no continuar con la práctica dañina de emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales en el ámbito judicial.
El gremialista anunció que la lucha por la reapertura de la justicia y por el restablecimiento del Estado de Derecho continuará, este es solo el primer paso de garantía y tutela judicial de la República Dominicana.
“Hemos hecho historia, cambiamos la historia, vencimos el Poder, abajo la virtualidad ilegal e inconstitucional”, indicó el representante de los abogados.
Fuente el Nacional
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Colegio de Abogados (CARD), denunció que el Consejo del Poder Judicial pretende eliminar los derechos laborales de los jueces de carrera a través de la Resolución 001-202, que establece el Reglamento que organiza el Sistema de Escalafón Judicial y el de Provisión de Cargos Judiciales.
Miguel Surun Hernández, informó que dicha resolución plantea el establecimiento de varias medidas que violan la Ley 327-98 de Carrera Judicial, la Constitución de la República y los derechos adquiridos de los jueces de carrera y con especialidad.
Surun Hernández explicó que la Resolución 001-202 autoriza el traslado de jueces a voluntad del Consejo del Poder Judicial, plantea la eliminación de la especialidad por áreas, establece una evaluación de desempeño igualitaria para magistrados de diversas especialidades, elimina las puntuaciones obtenidas por los magistrados en base a su preparación, tiempo de especialización, antigüedad en el servicio, méritos, capacidad, evaluación de desempeño y por producción bibliográfica, lo que es inaceptable.
Por esta razón una comisión del Colegio de Abogados de RD depositó una instancia dirigida al Consejo del Poder Judicial en la manifiesta su desacuerdo con la Resolución que pretenden aplicar y que se encuentra en consulta pública hasta el 23 de agosto del 2021.
El presidente del CARD también anunció que apoya la medida cautelar depositada por 40 jueces y la Red Nacional de Jueces de la República Dominicana ante el Tribunal Superior Administrativo, en contra de la referida Resolución y de la convocatoria a vistas públicas.
“Esta medida demuestra las intenciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, de colocar en los principales puestos de administración de justicia a sus seguidores, incrementar su control sobre el sistema, irrespetar los derechos adquiridos de cientos de jueces el sistema y crear una distorsión al especialísimo de cada magistrado”, expresó el gremialista.
Exhortó al Consejo del Poder Judicial dejar sin efecto dicha Resolución y que si pretende modificar el Reglamento del Sistema de Escalafón Judicial y el de Provisión de Cargos Judiciales, garantizar que sea realizado respetando los derechos adquiridos de los jueces y agregando nuevos beneficios para los mismos.
Agregó que es la primera vez en la historia de nuestro país que jueces someten una medida cautelar en contra de un Presidente de la Suprema Corte de Justicia por promover acciones lesivas a sus condiciones de trabajo.
Destacó que actualmente los jueces van escalando dentro del sistema judicial por sus capacidad, méritos, resultados en evaluación de desempeño, especialidad, antigüedad en el servicio y categoría.
El máximo tribunal acogió una instancia depositada por el CARD
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional los procesos judiciales virtuales dispuestos por el Consejo del Poder Judicial, acogiendo una instancia depositada por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 23 de abril del 2020.
El alto tribunal declaró nulas y no conforme con la Constitución varias resoluciones emitidas por el Consejo del Poder Judicial en los meses de mayo, junio y julio del 2020, con las que se dispuso las labores virtuales de la mayoría los servicios que ofrece el Poder Judicial, alegando que dichas medidas violan o son contrarias a los artículos 4, 73, 138 y 156 de la Carta Magna.
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio de Abogados de RD, calificó la sentencia como histórica y trascendental, alegando que con la misma se hizo justicia y se respeta los derechos constitucionales de los abogados, abogadas y todos los usuarios del sistema de justicia del país.
“Esta sentencia refuerza el estado de derecho en la República Dominicana, son la confirmación de la razón de la lucha que nuestra institución ha mantenido por más de un año por el restablecimiento de la justicia, sin embargo el Consejo del Poder Judicial se mantuvo actuando de manera abusiva, ilegal e inconstitucional, usurpando las funciones del Congreso Nacional y de la Suprema Corte de Justicia”, expresó Surun Hernández.
El Presidente del CARD anunció que como institución en los próximos días estarán dando los pasos para que dicho fallo sea ejecutado y que el sistema de justicia en la República Dominicana sea restablecido de conformidad con la Ley 821 sobre Organización Judicial y así lograr el acceso de todos.
Surun Hernández exhortó a los órganos del sistema de justicia incluyendo el Consejo del Poder Judicial, a obedecer y acatar lo más pronto posible dicha sentencia y no continuar con la práctica dañina de emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales en el ámbito judicial.
El gremialista anunció que la lucha por la reapertura de la justicia y por el restablecimiento del Estado de Derecho continuará, este es solo el primer paso de garantía y tutela judicial de la República Dominicana.
“Hemos hecho historia, cambiamos la historia, vencimos el Poder, abajo la virtualidad ilegal e inconstitucional”, indicó el representante de los abogados.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL CARD
Colegio de Abogados pide a Cámara de Cuentas y Contraloría asesoría para seleccionar firma que audite fondos del gremio
Asimismo solicitó la supervisión y acompañamiento de varios gremios
SANTO DOMINGO, RD. El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó a la Cámara de Cuentas, a la Contraloría General de la República y al Instituto de Auditores Internos de RD, asesoría para seleccionar una firma auditora privada que fiscalice los recursos del gremio.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, informó que a pesar de que los fondos del Colegio no son estatales, porque provienen de las ventas de sellos utilizados para legalizar documentos judiciales, ha acudido a dos organismos fiscalizadores del Estado y a importantes gremios para que colaboren con el proceso.
Surun Hernández explicó que para legitimar aún más la elección de la firma auditora, la actual administración también requirió a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, al Colegio de Contadores Públicos, a la Fundación Institucionalidad y Justicia y a Participación Ciudadana, acompañamiento, veeduría, asesoría y supervisión para que el proceso de licitación sea realizado conforme a los procedimientos establecidos en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y que el mismo tenga todas las garantías de transparencia correspondientes.
“Actuar con pulcritud y apegados a las leyes ha sido el principal norte de esta administración del CARD, por lo que solicitamos dicho acompañamiento con el objetivo de que los abogados, abogadas y el país en general sepan en que invertimos los recursos del gremio”, expresó el jurista.
Entre las firmas privadas sugeridas para realizar dicha auditoría se encuentran BDO Dominicana, Deloitte, KPMG, Deloitte, Price WaterhouseCoopers, Ernest&Young, ManPower, MasterCard, Mckinsey&Company, The Cocktail, Baker&McKenzie, Right Management Consultant, Basham, Ringey CorreaS.C, Mckinsey&Company.
Destacó que “El CARD ha implementado férreos controles contables, conjuntamente con la eficiencia en el manejo de los limitados fondos que ingresan a nuestra institución, manejados con apego a la Ley 340-06, a pesar de no son recursos públicos”.
Sentencia del Tribunal Constitucional
Recordó que recientemente el Tribunal Constitucional determinó mediante sentencia que “El Colegio de Abogados de la República Dominicana es una entidad gremial con intereses y base privada, alegando que “los colegios profesionales constituyen una típica especie de corporación, reconocida por el Estado, dirigida no solo a la consecución de fines estrictamente privados, lo que podría conseguirse con la simple asociación, sino esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión, lo cual constituye un servicio al común de indudable interés público, se ajuste a las normas o reglas que aseguren, tanto la eficacia, como la eventual responsabilidad en tal ejercicio ”.
El CARD cuenta con autonomía, independencia presupuestaria y financiera y en la actualidad ostenta niveles de transparencia óptimos, debido a que publica en su página web www.colegiodeabogados.org.do, todas las informaciones referentes a erogaciones, nóminas, compras y contrataciones, gastos semanales, auditorias, gastos extraordinarios, ingresos diarios, y otros.
Otras auditorias
En los últimos cinco años las gestiones del CARD han sido auditada anualmente revelando un manejo correcto y eficiente de los recursos, en cumplimiento al artículo 2 de la Ley No. 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Controlaría General de la República, que establece la necesidad de realizar auditorias a instituciones descentralizadas y autónomas; asimismo al artículo 19 de la Ley 3-19 del Colegio de Abogados, que plantea una rendición de cuentas anual, y en otras épocas del año en caso de ser necesario.
Ingresos del gremio
La Ley 3-19 del Colegio de Abogados establece el pago de 50 pesos por sellos para ser utilizados en contratos notarizados; registros, modificaciones, renovaciones y transformaciones; registros comerciales tramitados por ante la Cámara de Comercio y Producción de la República Dominicana, actos de alguaciles, conclusiones judiciales y otros.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DEL CARD
Contacto:
Licda. Julia Flores
Ejecutiva de Cuentas