Santo Domingo.- Más de 200 abogados se graduaron en el diplomado virtual de Derecho Procesal Penal, impartido por la Escuela Nacional de Abogados (ENA).
La investidura se realizó en el local principal del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), y estuvo encabezada por el presidente del gremio, Miguel Surun Hernández y la secretaria de organización y vicerrectora administrativa del ENA , Lucía Florentino.
Esta es la primera graduación en cumplimiento al artículo 88 de la Ley 3-19, que crea el Colegio de Abogados, y que establece las barras de abogados, en las cuales ejercerán los profesionales especializados en la disciplina jurídica de su elección, con el objetivo de concentrar sus conocimientos y destrezas en un área específica de las ciencias jurídicas.
Surun Hernández llamó a los graduandos a seguir especializándose para poner cada día más en alto la profesión y actuar con transparencia, dignidad, apego y respeto a las leyes, tratando siempre de mantener la ética profesional.
La ENA ofrece formación académica en especialidades y maestrías para los abogados y abogadas del país, en coordinación con universidades nacionales e internacionales, bajo la aprobación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
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Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) juramentó a 192 nuevos miembros, en una ceremonia encabezada por su presidente, Miguel Surun Hernández.
Los togados recibieron certificados que lo acreditan oficialmente como parte del gremio. En la actividad estuvieron presentes Lucía Florentino, Secretaria de Organización del gremio, Julio Ángel Ledesma, Secretario de Igualdad, Diego Babado Torres, Secretario de Asuntos Sociales y Mártires de La Rosa, Secretario de Asuntos de la Juventud. Surun Hernández llamó a los juristas a honrar la profesión y a trabajar para convertir al CARD en una verdadera entidad de servicio social, acercándola a la comunidad.
El gremialista, además, los llamó a actuar con transparencia, dignidad, apego y respeto a las leyes, tratando siempre de mantener la ética profesional en el ejercicio de sus funciones, al tiempo de augurarles muchos éxitos.
En los últimos siete meses, el gremio ha juramentado 1,591 abogados durante actos realizados mensualmente. El Colegio de Abogados establece que pueden ser miembros todas aquellas personas que posean un título apto para el ejercicio de la profesión, expedido por una universidad dominicana debidamente reconocida y autorizada o por una universidad extranjera previa revalidación, conforme a la ley y obtención del correspondiente exequátur.
Requisitos para la inscripción:
-Instancia de solicitud de juramentación, recibida por la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia solicitando fijación de audiencia para ser juramentado como abogado o certificación original.
-Copia de Título legalizado por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con sellos originales.
-Copia de cédula de identidad y electoral.
-Carta de grado expedida por la universidad (original).
-Copia del decreto que le otorga el exequátur para ejercer la profesión de abogado expedida por el Poder Ejecutivo.
-Dos (2) fotografías 2x2.
-Certificación del decreto expedida por Procuraduría General de la República Dominicana (original).
-Certificación de “no antecedentes penales” expedida por la Procuraduría Fiscal (original).
-Tres Mil (RD$ 3,000.00) pesos.
La audiencia fue aplazada para el 5 de octubre.
Santo Domingo.- La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) conoció una audiencia sobre un recurso de amparo interpuesto por el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), contra el Poder Ejecutivo, el Senado de la República, la Cámara de Diputados y otras entidades, en demanda de que se cumpla con el 4.10 por ciento del Presupuesto General de la Nación, para el sector Justicia.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, calificó como insuficiente el presupuesto actual del Poder Judicial, alegando que no alcanza para cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones de dicho sector.
“El incumplimiento de la Ley 194-04, sobre Independencia Financiera, ha impedido la puesta en funcionamiento de más de 400 tribunales, el aumento de los salarios de jueces y servidores judiciales, la instalación de más de 400 nuevas fiscalías, así como la contratación de 900 nuevos Ministerios Públicos, que son necesarios para la administración de justicia, y para la reducción de los niveles de criminalidad”, manifestó Surun Hernández.
El gremialista consideró que las buenas intenciones de independencia de la Justicia, tal como lo ha expresado en reiteradas ocasiones el Gobierno, deben comenzar con respetar la ley que garantiza la independencia financiera del Poder Judicial y del Ministerio Publico.
La audiencia fue aplazada para el próximo 5 de octubre, a los fines de que los abogados de la parte demandada conozcan el expediente.
CARD advierte sobre graves consecuencias para la seguridad jurídica de la República Dominicana
SANTO DOMINGO, República Dominicana. - Representantes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), acudieron este jueves al Congreso Nacional para rechazar la baja asignación al poder judicial en el Proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2022, que asciende a un billón 46 mil millones de pesos.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, reclamó del Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional que se otorgue a ese sector el 4.10 por ciento que establece la ley.
Surun Hernández condenó que el Proyecto de Ley de Ingresos y Gastos Públicos no contemple ni respete las partidas presupuestarias del sector Justicia, equivalente al 4.10 por ciento del Presupuesto de la Nación y advirtió que eso traerá graves consecuencias para la salud institucional y la seguridad jurídica de Republica Dominicana.
El jurista manifestó que la Ley 194-04, que establece la Independencia y Autonomía Presupuestaria de la justicia, es clara y que no aceptarán que se vulnere, porque significaría mantener al Poder Judicial y al Ministerio Público en virtual esclavitud financiera, operando en condiciones precarias y en perjuicio de la ciudadanía.
El representante de los togados manifestó que con los bajos recursos asignados en el proyecto aprobado por el Consejo de Ministros, el sector judicial no podrá salir de la difícil situación que atraviesa ni podrá cubrir las necesidades acumuladas por más de diez años de privaciones en ese poder del Estado.
“Con el porcentaje que se asigna en la pieza legislativa al sistema judicial no podrán ser mejorados los salarios de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados, no se podrán instalar los 94 tribunales aprobados por ley, que no han podido ser puesto en funcionamiento por falta de recursos y continuarán los problemas por falta de incentivos, insumos, equipos, personal y de infraestructura física adecuada”, dijo el presidente del gremio que agrupa a los abogados.
Agregó que con esos fondos tampoco podrán ser mejoradas las condiciones laborales de los profesionales del derecho; asimismo limitará la mejora del servicio que está recibiendo la ciudadanía en este momento.
Miguel Surun Hernández advirtió que para mantener una justicia independiente, lograr una lucha eficiente contra la corrupción y manejar temas delicados se necesita un personal de investigación y judicial especializado, bien pagado e incentivado, lo que no se ha podido lograr por falta de recursos económicos.
El presidente del CARD consideró que las buenas intenciones de independencia de la justicia deben comenzar con el cumplimiento de la ley que garantiza la independencia financiera del Poder Judicial y del Ministerio Público, por lo que advirtió que si en un plazo de 15 días no se obtempera a asignar esas partidas en el presupuesto del venidero año, procederá al sometimiento del Director de Presupuesto.
A su juicio, desde el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional se debe tener una visión clara del rumbo que lleva la justicia dominicana si continúa operando con tan bajos recursos.
Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria
El artículo 3 de la Ley 194-04 de Autonomía Presupuestaria establece que el Presupuesto del Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia) y del Ministerio Publico (Procuraduría General de la República), será por lo menos unos cuatro puntos diez por ciento (4.10%).
Esto de los ingresos internos, incluyendo los ingresos adicionales y los recargos establecidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos y se distribuyen de la manera siguiente:
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