SANTO DOMINGO.- El magistrado Leonardo Recio Tineo, del Consejo del Poder Judicial (CPJ), reiteró este martes que desde el 23 de diciembre, ha depositado una querella contra el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina y a un grupo denominado «El Quinteto», para que sean investigados por supuesto acto criminal.
Recio Tineo denunció que ese grupo de cinco persona, han llegado al Poder Judicial y han estado en todas las instituciones por donde el magistrado ha pasado desde hace 20 años beneficiandose.
«Él lo va moviendo de institución e intitución y le va asignando salarios especiales, algunos cobran 273 pesos fijos más los incentivos que superan algunos hasta los 400,000 superando a todos los jueces del tren judicial», manifestó.
Dijo que si un magistrado comete un crimen, es al Senado de la República en una parte que le responde el juicio político y en otra parte a la Procuraduría que «puede poderar después de una investigación de que cualquier magistrado haya cometido una falta grave en el ejercicio de sus funciones, puede ser apoderado criminalmente, establecer las sanciones y se puede poner la suspensión de la funcion hasta tanto cese el proceso».
Denuncia contra LUIS HENRY MOLINA, incluyendo elementos probatorios, dando clicks a:
https://drive.google.com/file/d/1WI5yoCZ_WSbKGm8A9Au4V8hS29UhhmgE/view?usp=sharing
CARD denuncia plan de descrédito contra Procuraduría General de la República por parte de corruptos.
El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surun Hernández, lamentó las declaraciones del Consejo del Poder Judicial, que no respondieron ni aclararon con pruebas las denuncias que ha sustentado de corrupción e irregularidades a lo interno del sistema de justicia.
Manifestó que el Consejo “acudió a la mentira e infamia jugando con la inteligencia de los medios de comunicación y de la sociedad”.
Surún Hernández, dijo que “es mentira que exista una campaña de descredito contra el alto órgano judicial ya que el descalabro y caos imperante en la Justicia, no solo ha sido confirmado por los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia, sino por once magistrados entre ellos uno del Tribunal Constitucional, y la propia Sentencia de Amparo del Tribunal Superior Administrativo”.
“¿O estos jueces son parte de la campaña de descredito?”, se preguntó.
Afirmó que el Consejo del Poder Judicial no respeta la Ley de Carrera Judicial, ni la independencia Judicial y prueba de eso es la creación de doce “Jueces Coordinadores” cargo que no existe en el escalafón judicial y usurpan las funciones de más de 30 presidentes de Cortes.
En tal sentido, reiteró que a los jueces se les ha despojado de sus funciones, para iniciar con la eliminación de la especialidad jurisdiccional obligando a jueces de distintas materias a conocer todos los procesos, lo que en el Departamento Judicial de la Vega generó la renuncia de la juez Odri Reyes Núñez.
A esto se le agrega la creación del Gabinete Técnico del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, con un gerente por cada sala para mejorar los fallos, con poder para distribuir los procesos.
El CARD resaltó que lo revelado este fin de semana por el Consejo del Poder Judicial, confirma su denuncia de que VIAFIRMA (AVANSIS, SRL), fue contratada grado a grado, pues ellos hablan de la existencia de una supuesta “licitación internacional” para elegir la empresa, entidad que de conformidad con el acta de adjudicación del 23 de abril del 2020 fue elegida por ser proveedor único.
“¿Cómo se atreven a negar, la grotesca prevaricación que implica el nombramiento de asociados de Luis Henry Molina?, los cuales, dijo a los periodistas “han venido siguiéndolo en sus cargos desde el Ministerio de la Presidencia, CEI-RD, INDOTEL y Poder Judicial, tal y como lo atestiguan las nominas, donde figuran desde el 2015 Virginia Ibarra, Mario Roberto Garay, Luis Manuel Pérez, Moisés Jaques y Ángel Brito; ganando 3 y 4 veces más que los jueces”; explicó el gremialista.
Otros casos:
Citó también, el caso de Ángel Brito, Director Administrativo del Poder Judicial, mediante un supuesto concurso, a pesar de no poseer formación académica administrativa, pero lo más grave es que entra como asesor el mismo día de la toma de posesión de Molina Núñez.
El CARD calificó de indignante lo relativo al tema del Fondo de Pensiones, donde se intenta justificar la transferencia irregular, sin licitación, mas de mil millones de los servidores judiciales, en franca violación al reglamento aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, para beneficiar a un corredor de seguros de reciente nombramiento del presidente de la Suprema.
“Pero el Consejo del Poder Judicial tampoco se refirió a la supuesta deuda de la Jurisdicción Inmobiliaria con el Poder Judicial, sobre la base de supuestos aportes realizados por ese último a dicha jurisdicción desde el 2008, al 2019, todo con el objetivo de legitimar el desvío fraudulento de RD$760,000,000.00, generado por cobro de las tasas de la Jurisdicción Inmobiliaria”; puntualizó el presidente del gremio.
Al mismo tiempo, Miguel Surun mostró preocupación porque el Consejo del Poder Judicial, no explicó el fraudulento Consejo Directivo de la Jurisdicción Inmobiliaria creado mediante la modificación del reglamento interno, que otorga el control total a Luis Henry Molina del manejo de los fondos de dicha jurisdicción, que ascienden a RD$2,700,000,000.00 anuales.
Finalmente, el presidente del CARD, reprobó el que el Consejo del poder judicial “no se haya referido al pago de 434 millones de pesos en favor del PNUD equivalente al 6% de su presupuesto anual contratada para asesoría de grado a grado.
El Colegio de Abogados solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar los contratos de asesorías y acompañamiento que hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el Poder Judicial, ascendentes a más de 400 millones de pesos.
Surun Hernández, presidente del Colegio, visitó la sede de la Procuraduría General de la República, para denunciar que en dichos contratos se ocultan serias irregularidades acaecidas en los procesos de compras y contrataciones del Poder Judicial.
Explicó que es necesario realizar una investigación profunda de las operaciones de esos contratos del PNUD con entidades de Estado dominicano, ya que las mismas fueron realizadas con el fin de encubrir compras y contrataciones fraudulentas y sobrevaluadas, lo que ha implicado solo en el caso del Poder Judicial, el desvío y erogación mensual de 10 millones de pesos.
Surún denunció que los contratos fueron elaborados para “otorgar a espurias transacciones el aura de legitimidad, a pesar de que el acuerdo básico de cooperación entre el Gobierno dominicano y el PNUD, suscrito en Santo Domingo el 11 de junio de 1974, no prevé que se constituya el PNUD en una entidad lucrativa.
Fuente: El nacional
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), denunció que el Estado dominicano ha dejado de recaudar más de 196 mil millones de pesos, por el cierre forzoso de los tribunales.
El presidente del CARD, Miguel Surun Hernández afirmó que si a esa pérdida de recursos le suman las pérdidas generadas por el caos de la justicia en el sector privado, es una cifra exorbitante, que comienza afectar la estabilidad macroeconómica del país.
“No descarto que con el bloqueo que Luis Henry Molina ha puesto en los tribunales que es palpable, la parálisis de la administración de justicia sea intencional con el ánimo de afectar la estabilidad política de la nacional” dijo Surun Hernández.
El gremialista reiteró el llamado al Congreso Nacional, al Tribunal Constitucional y al Consejo Nacional de la Magistratura para que actúen antes de que sea tarde y el sistema de justicia sea destruido en su totalidad por los intereses políticos de Luis Henry Molina, que según dijo está amenazando la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana.