También asegura que nula autonomía del INACIF, transformándolo en dependencia del Poder Ejecutivo
SANTO DOMINGO, República Dominicana. El Colegio de Abogados advirtió que el Proyecto de ley depositado por el Presidente de la República, denominado “Fortalecimiento del Sistema de Justicia”, constituye un grave retroceso institucional, que afectaría al Sistema de Justicia, al entregar en favor del “Ministerio de Justicia”, funciones constitucionales del Ministerio Publico y del Defensor del Pueblo, llegando hasta el extremo del anular la autonomía del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), convirtiéndolo en una dependencia del Poder Ejecutivo, que controlará los análisis periciales forenses en materias de drogas, falsificación de documentos y autopsias, sentando las bases para la desvinculaciones de cientos de técnicos forenses de carrera, para contratar activistas políticos al servicios del Ministro de Turno;
Miguel Surum Hernández, presidente del CARD, recordó que la Ley 458-08, que creó el INACIF, como entidad totalmente autónoma, no dependiente ni siquiera de la Procuraduría General de la República, precisamente para evitar la politización de los exámenes forenses, los cuales son determinantes en los procesos penales.
Surun Hernández además, señaló que dicho proyecto de Ley, en su literal F, Párrafo II, artículo 6, entrega a la Policía Nacional, la facultad de perseguir e investigar las infracciones penales, en violación al artículo 169 de la Constitución, que encarga al Ministerio Público la “investigación penal y la de ejercer la acción pública en representación de la Sociedad”; Del mismo modo afirmó que se atribuye al “Ministerio de Justicia” la instauración del Sistema de Derechos Humanos, en violación del artículo 191 de la Constitución, que consagra dichas funciones en favor del Defensor del Pueblo, como rector del Sistema de Derechos Humanos en el País; Cediendo además en favor de dicho Ministerio, la representación del Estado Dominicano, en violación al artículo 128 de la Constitución, que atribuye al Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, la representación del Estado Dominicano, funciones que son indelegables.
Miguel Surun Hernández, quien además es jurista, aseguró que dicho proyecto de Ley entrega al Poder Ejecutivo el Control, Fiscalización y Regulación de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG), con poder para anular aquellas Fundaciones, cuyas actividades sean molestas al gobierno de turno, en un grave atentado al sistema de fiscalización ciudadana instaurado en virtud de la Constitución, y de la Ley 122. Otro punto negativo enumerado por Surun Hernández, es que supuestamente se entrega al Ministerio de Justicia, el control y fiscalización de Abogados y Notarios, despojando al Colegio de Abogados y al Colegio de Notarios de dichas facultades, que le fueron otorgadas en virtud de la Ley 3-19 y 140-15, asestando un rudo golpe a la libertad y fortaleza gremial en la Republica Dominicana.
De hacerse realidad la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo, dicho Ministerio de Justicia asumiría, además, la expedición de todas las certificaciones oficiales del Estado Dominicano, muy especialmente de los certificados de no antecedentes penal, bajo el riesgo de politizar dicho sistema, que ha tenido una labor aceptable en los últimos años.
El Sistema Carcelario pasaría al Poder Ejecutivo, destruyendo reformas instaurada en virtud de la Ley 113-21.
En virtud de proyecto, el Poder Ejecutivo asumiría el control de todo el Sistema Carcelario, destruyendo las reformas legales instauradas en virtud de la Ley 113-21, de Régimen Penitenciario, la cual fue el producto de años de Estudio y Planificación, con lo cual se pondrían miles de técnicos del Sistema, para colocar a activistas políticos, retrotrayendo a 30 años de avance institucional en el Sistema Cárceles, que goza con una autonomía más o menos aceptable, la cual desaparecía para convertirse en seudo del partido oficial.
Miguel Surun Hernández hablando en nombre del Colegio de Abogados requiere de los Diputados rechazar dicho despropósito institucional contra la independencia de la justicia, sobre la base de crear un aparato burocrático sombra de injerencia, conformada por un Ministro, ocho Viceministros, 16 direcciones generales, y 20 Direcciones departamentales, que implicará más de 2,000 millones de pesos anuales, en clientelismos y botellas, fondos que pudieran emplearse en mejorar las condiciones de los privados de Libertad, que mal viven en hacinamiento inhumano, que nada tiene que con nuevas leyes, sino con voluntad política; agregó Surun Hernández.
Presidente del CARD les recuerda la necesidad de trabajar con apego a la ética, la integridad y honestidad
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) continúa ampliando su matrícula con la juramentación este viernes de 230 nuevos agremiados, en un acto encabezado por su presidente, Miguel Surun Hernández.
Durante la toma de juramento, Surun Hernández instó a los nuevos miembros del gremio a poner en alto su profesión, siempre en defensa de las mejores causas y trabajando con apego a la honestidad, integridad y ética.
Los juramentados recibieron certificados que los acreditan formalmente como miembros de este gremio.
Durante el acto de juramentación el presidente del CARD Miguel Surun Hernández, se hizo acompañar de miembros del Consejo Directivo.
Exigen del presidente Luis Abinader garantizar clima de libertades públicas en el país
Santo Domingo. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) condenó está martes la agresión policial contra una protesta pacífica que realizaban dirigentes y simpatizantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en su local de la avenida Independencia, del Distrito Nacional.
Miguel Surum Hernández, presidente del gremio calificó como un grave atentando contra el Derecho Fundamental a la protesta garantizado por la Constitución y contra el sistema de partidos, y es que según sus consideraciones el ataque con bombas lacrimógenas lanzadas al interior de la casa nacional del partido morado representa un grave atentado a la institucionalidad democrática.
Asimismo, señaló que el Colegio de Abogados apoya sin reservas la lucha, persecución y castigo de la corrupción administrativa, sobre la base de elementos probatorios contundentes, y del respeto al debido proceso y derechos fundamentales garantizados por la carta magna; no obstante, afirmó que nunca estarán de acuerdo con el uso de la fuerza para reprimir una manifestación pacífica, afectando inclusive la sede de un partido opositor.
El gremialista, hablando en nombre de sus colegas miembros, exigió del presidente Luis Abinader garantizar el clima de libertades públicas que según él tanta sangre le ha costado al pueblo de la República Dominicana.
Insistió en que deben tomarse las medidas correspondientes contra los funcionarios responsables de dicha agresión contra ciudadanos que se manifestaban pacíficamente, sancionándolos de manera ejemplar.
CARD Asegura que Sigmund Freund director de Alianzas Publico Privadas habría firmado contrato de entrega dolosa de dichos terrenos del Estado Dominicano
Santo Domingo. El Colegio de abogados depositó este martes, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), una querella por DESPOJO FRAUDULENTO DE 92 MILLONES DE METROS CUADRADOS cedidos fraudulentamente, dentro del PARQUE NACIONAL JARAGUA, y como parte de la Parcela 40, DC. 3, Enriquillo, Barahona, propiedad del ESTADO DOMINICANO; en favor de OCEANUS INVESMENT, S.R.L., representada por el español José María de Pereda Fernández;
Mediante instancia depositada por ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción (PEPCA), se solicita investigar el contrato suscrito por SIGMUND FREUND, en representación del ESTADO DOMINICANO, y de la DIRECCIÓN GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS, de fecha 28 de octubre del 2021, mediante el cual renunciaban a todos los derechos que pudiera tener el Estado Dominicano sobre dicha Parcela; A pesar de existir Sentencia del 22 de abril de 2018, emitida por el juez del Tribunal de Tierras de Barahona, Juan Domingo Méndez Quezada, que RECONOCIÓ LOS DERECHOS DEL ESTADO DOMINICANO en la PARCELA 40 DEL DISTRITO CATASTRAL NO. 3, DEL MUNICIPIO DE ENRIQUILLO, PARQUE JARAGUA, según denuncia del jurista Miguel Surum Hernández, presidente del Colegio de Abogados.
“Esto se trata de un grave hecho donde funcionarios públicos falsean fraudulentamente los hechos para favorecer a un empresario español, legitimando títulos de propiedad producto de fraude en perjuicio del pueblo dominicano y del Parque Jaragua” manifestó Miguel Surum Hernández.
Aseguró que los hechos se constituyen en falsedad en perjuicio del Estado Dominicano, estafa agravada, coalición de funcionarios y asociación de malhechores previstos y sancionados en los artículos 123, 124, 147, 148 175, 176, 265, 266, 405 406 del Código Penal de la República Dominicana.
Advirtió que los desestimientos suscritos fraudulentamente en perjuicio del Estado, carecen de validez, por lo que dicho inmueble es propiedad inalienable del pueblo dominicano.
Caso Bahía de las Águilas
Se recuerda que por más de 24 años el Estado Dominicano y supuestos propietarios de terreros de bahía de las Águilas se enfrentaron legalmente para determinar a quien correspondía dicha propiedad, siendo el Estado Dominicano con el control de dichos terrenos.
Y es que, en el año 2021 el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la titularidad al Estado dominicano en los derechos de propiedad en Bahía de Águilas, Pedernales rechazando varios recursos de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales.
Con su decisión, Tribunal Constitucional confirmó la sentencia número 918, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el 28 de diciembre de 2018, mediante la cual quedó confirmada la decisión del Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional que declaró la nulidad de los títulos emitidos a favor de particulares en Bahía de las Águilas, proceso judicial que inició en el año de 1997.
Bahía de las Águilas es considerada como una de las playas más bellas del mundo, localizada en la provincia Pedernales, al suroeste de la República Dominicana y forma parte del Parque Nacional Jaragua, zona protegida del país.
Asegura que empresarios haitianos podrían controlar emisión de Pasaporte Dominicano
Santo Domingo. El Colegio de Abogados de la República Dominicana, solicitó este martes, al Tribunal Superior Administrativo la nulidad absoluta de la privatización de la emisión de los Pasaportes dominicanos, y es que según el presidente del CARD Miguel Surum Hernández, la resolución 04-2023, de fecha 23 de febrero del 2023, emitida por la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas, fue aprobada de manera ilegal y fraudulenta.
Durante su visita al Tribunal Superior Administrativo, Surum Hernández aseguró que esa resolución es inconstitucional y fraudulenta porque se podría entregar a empresarios haitianos el control de la emisión de Pasaportes y Datos Biométricos de dominicanos, lo que según él representa un grave atentado a la seguridad nacional.
El gremialista reveló que resulta sospechosa la supuesta crisis que meses atrás hubo en la Dirección General de Pasaportes por la falta de libretas para la emisión del documento, lo cual podría ser intencional para justificar la privatización, máxime cuando la empresa MIDAS DOMINICANA, S.A., suplidora de las libretas, resulta adjudicataria de la privatización.
Asimismo, Miguel Surum Hernández señaló que otro elemento que es cuestionables es que, no solo dicho proceso de privatización se realizara con una inversión aportada por el Banco de Reservas en su totalidad, mediante un supuesto fideicomiso, sino que además dicha empresa se quedaría con el 90% de los ingresos brutos generados por dichas operaciones de emisión de pasaportes, en un claro atentado contra los intereses del Estados, pues quien busca el dinero es el Estado, que solo recibe el 10% del negocio, aseguró el jurista.
Los empresarios haitianos que fueron sancionados por Canadá, podrían ser los beneficiados con la emisión de los pasaportes
Otra revelación hecha por Surum Hernández, es que detrás del proceso de privatización se encuentra GB Group, quien en el 2012 adquirió los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, propiedad de Gilbert Bigio, supuesto socio de un asesor empresarial del Poder Ejecutivo, de hacerse con el negocio de los pasaportes, recibirán financiamiento por el total de la inversión mediante fideicomiso del Banco de Reservas por el monto de los US$107,000,000.00.
Es por ello, que lamentó que se atente contra la soberanía e identidad nacional al entregársele a extranjeros la facultad de identificar quien o no merece el documento dominicano.
Dijo que además de lo antes expuesto, reiteró que ese proceso es nulo de pleno derecho por haber sido realizado, sin cumplir con la auditoria social de factibilidad de implementación de Alianza Publico Privada al tenor del Párrafo I, del artículo 40 de la Ley 47-20, que consagra que previo al proceso de recepción de iniciativas privadas, dicho Consejo debe emitir una resolución, determinando de interés público la realización de Alianza Publico Privada en el servicio a privatizar, debidamente fundamentado en consultas públicas a todos los sectores, estudios de impactos en los sectores carenciados y de clase media, lo cual no se hizo, y todo con el ánimo de hacerse con un negocio que anualmente generara ingresos por el orden de los SEIS MIL MILLONES DE PESOS
El presidente del gremio les insta a trabajar con apego a la honestidad, la ética y la integridad profesional
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) continúa ampliando su matrícula con la juramentación, y es que 225 nuevos agremiados, fueron juramentados por su presidente Miguel Surum Hernández.
Surun Hernández instó a los juristas a poner en alto su profesión, siempre en defensa de las mejores causas y trabajando con apego a la honestidad, integridad y ética.
A los juramentados se les entregaron certificados que los acreditan formalmente como miembros de este gremio.
Durante el acto de juramentación el presidente del CARD Miguel Surun Hernández, se hizo acompañar de miembros del Consejo Directivo.