Dichas pensiones, otorgadas en violación a la ley 379-81, representan erogación anual de casi tres millones de pesos
Santo Domingo-RD. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) exigió a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una investigación penal contra el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; Antoliano Peralta, consultor Jurídico del Poder Ejecutivo y contra Juan Rosa, director General de Jubilaciones y Pensiones, así como otros funcionarios, por alegadamente incumplir las normas al momento de otorgar una pensión.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, calificó como dolosa la asignación de miles de pensiones estatales, que se asignan sin cumplir con los procedimientos establecidos en la Ley No. 379, sobre pensiones y jubilaciones en el país, con el expreso propósito de favorecer a relacionados y activistas políticos, en perfecta salud y en edad productiva,
Surun Hernández indicó que se trata de hechos que constituyen en crimen de prevaricación, abuso de poder y coalición de funcionarios, sancionados por los artículos 114, 123, 126 y 127 del Código Penal.
"Se trata de un hecho grave, mediante el cual funcionarios inescrupulosos desvirtúan el mecanismo de pensiones estatales consagrado en la Ley 379-81, para beneficiar a allegados y activista políticos, alcanzado desde septiembre del 2020, a la fecha más de 110 mil y en muchos casos beneficiando a persona que nunca ha laborado para el sector público, y a personas muy por debajo de 60 años de edad, y en plena salud, con montos que en muchos casos rondan los 100 mil pesos mensuales. Mientras servidores públicos que dedicaron su vida al Estado Dominicano, languidecen con pensiones de 10 mil pesos mensuales.
El gremialista recordó que si bien es cierto que el articulo tres de dicha ley permite el otorgamiento de pensiones a personas “civiles” que no han laborado para el Estado, bajo la condición de que padezcan de incapacidad laboral por enfermedad severas y vejez” y nunca en favor de activistas políticos jóvenes y aptos para trabajar.
"Lo peor es que se intenta encubrir las pensiones fraudulentamente otorgadas, beneficiando a unos cuantos ciudadanos que sÍ cumplen con los requisitos establecidos en la iniciativa, irregularidades que han atrofiado dicho fondo a un monto colosal anual de RD$2,769,000,000.00, sacados dolosamente de los bolsillos de los contribuyentes, a favor de activista políticos.
Surun Hernández, mediante instancia, pidió a la Procuraduría de la República gestionar copia de los expedientes de todos y cada uno de los beneficiarios de las pensiones otorgadas en virtud de los decretos ya descritos, a los fines de confirmar que la gran mayoría de beneficiarios no cumplen con los requisitos previstos en la Ley 379-81 y que fueron representantes.
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) juramentó 224 nuevos miembros, en una ceremonia encabezada por su presidente, Miguel Surun Hernández.
Previo a tomarles el juramento, Surun Hernández exhortó a los nuevos juristas formar parte de la revolución que experimenta esa entidad colocándose al servicio de sus miembros y luchando por sus reivindicaciones.
El gremialista, además, llamó a los nuevos togados a actuar con transparencia, dignidad, apego y respeto a las leyes, tratando siempre de mantener la ética profesional en el ejercicio de sus funciones.
En el mismo acto se desarrolló un curso taller de Ética Profesional y Motivación, a cargo de la magistrada Cleopatra González y además, cada juramentado recibió un certificado que le acredita como miembro del CARD.
El presidente del CARD, se hizo acompañar en la mesa directiva de Lucía Florentino, secretaria de Organización del gremio; Diego Babado Torres, secretario de Asuntos Sociales; Julio Ángel Ledesma, secretario de Equidad, así como la magistrada Ana Jiménez, jueza de la Corte de Apelación de la provincia Monte Cristi, entre otros.
Amenaza a periodista pone en tela de juicio protección a libertad de expresión en RD
El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) exigió, mediante instancia, a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Policía Nacional tomar medidas inmediatas para proteger la integridad física del periodista y abogado, Pedro Jiménez, que está siendo amenazado de muerte por Miguel Arturo López (Micky), vinculado al narcotráfico, al igual que su esposa, la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa Amalia Pilarte.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD indicó que Micky López es señalado con importantes vínculos en el presente Gobierno y calificó el hecho como grave.
"Se trata de un hecho grave de amenaza a un periodista que coincidencialmente es también abogado, por desempeñar sus funciones de comunicador social, garantizando el derecho a información de la sociedad, que se trata de callar mediante las amenazas que pueden plasmarse en atentados a la vida, como ha ocurrido tanto en Colombia como en México", dijo Surun Hernández.
El gremialista manifestó que es imprescindible que la Procuraduría General de la República tome las acciones jurídicas de lugar para evitar que estas amenazas se concreticen.
Hernández indicó que "estamos en presencia de una persona que está siendo en un proceso de narcotráfico y de financiamiento ilegal de campañas políticas".
El jurista consideró que se trata de una amenaza a todos los periodistas y al derecho fundamental de la libertad de expresión, por lo que entiende debe haber una actuación contundente por parte de las autoridades al respecto.
CONDENA
El pasado mes de marzo de 2023, Micky López fue condenado por el Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, a cinco años de prisión y al pago de 30 millones de pesos en efectivo por falsificar la firma del diputado Miguel Gutiérrez, vinculado también a un caso de Narcotráfico.
La UNESCO revela que, en el año 2022, el asesinato a periodistas aumentó un 50%
86 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en el 2022, uno cada cuatro días, según datos de la UNESCO.
Aunque todas las regiones se vieron afectadas, América Latina y el Caribe fueron las más mortífera para los periodistas en el 2022, con 44 homicidios, más de la mitad de todos los asesinados en el mundo. Los países más mortíferos fueron México con 19 asesinatos y Haití con 9.
Se premiaron tres categorías con 40 mil pesos
Santo Domingo.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) realizó con éxito el “Maratón por la Salud de Papá”, en el que unos 98 participantes recorrieron 5 kilómetros, por la salud del proveedor del hogar.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, indicó que este tipo de actividades no sólo contribuye a mantenerse en forma y en salud, sino también a alejarse de los vicios.
En el evento fueron premiadas con 40 mil pesos tres categorías: General, 40+ y Discapacidad Físico-Motora, que a su vez fue subdividida de acuerdo al padecimiento del participante, todas en los renglones femeninos y masculino.
La carrera tuvo como punto de partida y meta la estación de Bomberos del Distrito Nacional, recorriendo la calle Emilio Prud Home, la avenida Mella y la Duarte, en el sector San Carlos.
Reitera otorgamiento de emisión de pasaportes a favor del empresario haitiano, Gilbert Bigio, sería fatal para la Soberanía Nacional
Santo Domingo, República Dominicana. - El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) la nulidad absoluta del decreto 282-23, mediante el cual el presidente Luís Abinader dispuso de las herramientas legales necesarias para autorizar a la Dirección General de Pasaportes el uso de mecanismos ágiles y abreviados para la emisión del documento de viaje de lectura electrónica.
Miguel Surun Hernández, presidente del CARD, aseguró que la ordenanza presidencial viola las disposiciones del artículo 6 de la Ley 340-06, y del numeral 1 del artículo 3 del reglamento de aplicación de dicha ley, pues la contratación debe seguir el procedimiento de licitación internacional consagrado en la citada norma.
"Se trata de una clara maniobra fraudulenta con el ánimo de beneficiar a empresas relacionadas a funcionarios palaciegos, mediante una contratación al margen de la ley 340-06, usando el sofisma de la reserva de información al público, para ocultar dicho proceso a la ciudadanía, en franca violación a los más elementales principios de transparencia, sobre todo porque sin bien es cierto que las medidas seguridad del pasaporte son confidenciales, no así los procedimientos de contratación del que suministre la libreta electrónica", dijo Surun Hernández.
El gremialista explicó que lo preocupante es que tan solo el pasado mes febrero, el presente gobierno aprobó la privatización de la emisión de pasaportes electrónicos, mediante la resolución 04-2023, de la Dirección General de Alianzas Públicas y Privadas, lo que contrasta con la citada maniobra de declaratoria de seguridad Nacional, sobre todo a la luz de informaciones de que se persigue asígnale la emisión de dichos pasaportes a la sociedad GB Group, propiedad de Gilbert Bigio, sancionado por el Gobierno de Canada por sus vínculos con bandas Haitianas dedicadas al narcotráfico, secuestro y lavado de activos, lo cual sería trágico para la Soberanía Nacional.
Advirtió que lo que surja de dicho decreto, y el proceso que se genere como consecuencia del mismo, es nulo de pleno derecho por haber sido realizado sin cumplir las disposiciones de la Ley 340-06, porque la contratación en ningún caso es materia de secreto de Estado, sino de un proceso espurio para beneficiar a relacionados.
La Suprema Corte de Justicia entregó la Oficina de Registro Inmobiliario de Azua, obra que era demandada por la clase jurídica de la provincia.
El espacio servirá para brindar un eficiente servicio jurídico y así evitar los tediosos viajes a otras provincias, como Peravia.
La oficina fue lograda gracias al esfuerzo mancomunado de autoridades de la demarcación, como la senadora Lía Díaz y juristas como José Antonio Céspedes Méndez, quienes abrazaron la causa hasta lograr verla hecha realidad.